Año III - Nº 125 - Uruguay, 08 de abril del 2005

 

 

 

 
EL NEGOCIO DEL
PROTOCOLO DE KIOTO

por Juan Carlos Galindo

"El mercado relacionado con el Protocolo de Kioto mueve, sólo en Europa, 30.000 millones de euros. Para 2010 la cifra ascenderá a 200.000 millones anuales. Contra eso es imposible luchar"

El 16 de febrero entró en vigor el Protocolo de Kioto. Los países que lo han ratificado saben que no pueden sobrepasar la cuota de emisión que previamente le han asignado. O al menos ése era uno de los objetivos, reducir el nivel de contaminación a escala global. Cosa bastante improbable a juzgar por el increíble negocio generado en torno al Protocolo que permite a un país seguir contaminando siempre que tenga dinero para pagarlo.

El periodista de la Agencia de Información Solidaria (AIS), Juan Carlos Galindo nos explica cómo funciona el negocio de Kioto.

-¿Cuáles son las "salidas por la puerta de atrás" que han encontrado los países para eludir el Protocolo de Kioto?
-Bueno, no se trata exactamente de "puertas atrás" o trampas, en la medida en que, en cierto modo, estos mecanismos están reconocidos en el sistema de Kioto. En efecto, ni los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) ni los mercados de emisiones son el resultado directo del propio Protocolo de Kioto sino, más bien, de las negociaciones posteriores celebradas en 2001 en Bonn y Marrakech y que hicieron posible la aplicación del acuerdo. De estas negociaciones surgió una doble vía para eludir los controles establecidos por el Protocolo de Kioto. La primera consiste en ayudar a reducir las emisiones en un país considerado en vías de desarrollo gracias a la inversión en energías limpias, renovables y menos contaminantes que los gases con efecto invernadero. A efectos prácticos para las multinacionales occidentales obligadas a reducir las emisiones es como si se hubiese llevado a cabo la reducción en Alemania o España, con la ventaja de que en Brasil o Burundi resulta mucho más barato. Por otro lado, cada país que supere los límites admitidos puede comprar derechos de emisión a países que no hayan llegado a las cuotas establecidas para ellos. De esta manera, se cumple con las exigencias del Protocolo sin reducir la contaminación.

-A partir de su entrada en vigor dices que cualquier ciudadano, empresa o institución puede "invertir en contaminación". ¿Cómo puede ser esto compatible con lo que hasta ahora nos han dicho que es el Protocolo?
"El mercado relacionado con el Protocolo de Kioto mueve, sólo en Europa, 30.000 millones de euros. Para 2010 la cifra ascenderá a 200.000 millones anuales. Contra eso es imposible luchar"
-No es que sea compatible o no. Se trata de que para que haya sido aceptado por tal cantidad de países -aceptación por otra parte ineludible para que se pusiese en práctica-, eran necesarios mecanismos que desvirtuaban el objetivo por el que se puso en marcha todo el proceso. Y, en efecto, uno de esos mecanismos, con todas sus complejidades, es la compra de derechos de emisión, eso que llamé en mi artículo "invertir en contaminación". Es decir, que un país o empresa de los obligados por el Protocolo a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, al final puede seguir con los mismos niveles de contaminación siempre que compre "derechos de emisión" a países en vías de desarrollo que no van a llegar a los topes firmados.

-Estamos viviendo ya las consecuencias del cambio climático y los informes de los expertos son alarmantes. ¿Qué más tiene que ocurrir para que la salud de nuestro planeta -el lugar donde vivimos- importe más que el dinero?
-Todo el mercado relacionado con el Protocolo de Kioto mueve, sólo en Europa, 30.000 millones de euros. Para 2010 la cifra ascenderá a 200.000 millones anuales. Contra eso es imposible luchar. Además, los intereses que giran en torno al actual sistema económico van mucho más allá de lo que suponen estas cifras. China e India, en condiciones de entrar en la lista de los países más contaminantes del mundo, han ratificado el protocolo pero, por su condición de países en vías de desarrollo, tienen unas condiciones ridículas. Su incorporación masiva a los estándares de vida occidentales (en número de coches, sistemas de calefacción y aire acondicionado, producción industrial...) tendrá unos efectos devastadores. Pero tampoco en Occidente estamos dispuestos a frenar nuestro modo de vida para reducir los efectos del cambio climático. Y contra eso no hay protocolo que pueda.

-Dentro de este negocio, ¿en qué situación se encuentra España?
-España juega un papel esencial. De las cifras totales de negocio, nuestro país concentra el 7 por ciento de lo que se genera en torno al Protocolo de Kioto. Instituciones como la Bolsa de Barcelona, el Banco Santander o AENOR han tomado una posición privilegiada en un mercado muy lucrativo. El negocio es inmenso. España tiene el compromiso de reducir su porcentaje de emisiones en un 15 por ciento respecto a las de 1990. Sin embargo, en la actualidad no sólo ha superado el límite de 1990 sino que lo ha triplicado. Esto genera un jugoso mercado de compra de emisiones, futuros y derivados. Sin olvidarnos de lo que se genera en torno a los MDL y a otros negocios como la auditoría ambiental o la asesoría legal en la materia.

-Parece que al final el Protocolo de Kioto haya entrado en vigor más por el negocio que supone para las multinacionales que por el SOS que ha lanzado el planeta...
-Bueno, por el momento, para las multinacionales supone más una obligación que un negocio. Es decir, a pesar de que existan mecanismos para eludir las obligaciones, el Protocolo de Kioto pretende ser un freno a la política medioambientalmente desastrosa de la mayoría de las grandes empresas. Eso no quiere decir que luego no vayan a obtener beneficios de su aplicación. Pero, al menos, se les ha dado un toque de atención. Ahora bien, ni se sabe qué va a ocurrir a partir de 2012, ni se han planteado obligaciones globales y sin restricciones en la materia. Y, además, no veo al mundo político y empresarial, al menos en Europa, especialmente preocupado por la situación. No, al menos, más allá de la retórica políticamente correcta. ?

Artículo publicado en Revista Fusión