¿Qué piensa el gobierno?
	por Gustavo Penadés		Email

            Se concretó la clausura de Radio Caracas de Televisión (RCTV) ordenada por el Tribunal Supremo venezolano; medida que contara con la simpatía, el aliento y el aplauso final del presidente Hugo Chávez.

            Naturalmente, la decisión generó repercusiones en todo el mundo. Organizaciones como la SIP, Reporteros sin Frontera, Amnistía Internacional, la OEA, el Parlamento chileno, el Senado brasileño, entre otros repudiaron con severidad lo actuado.

            No por ser resorte interno de una nación soberana la resolución deja de afectar a la comunidad internacional, que, dada la evolución del derecho y de las prácticas internacionales, no tolera atentados a la libertad de prensa.

            Sin perjuicio de esto, llama poderosamente la atención la solidaridad expresada por sindicalistas, legisladores y grupos políticos integrantes del Gobierno, no ya con el presidente Chávez, sino con el cierre arbitrario de un medio de comunicación.

            Desde dichos sectores se sostiene que en realidad no hay un ataque a la libertad de prensa sino una simple no renovación de un contrato.

            El eufemismo, realmente, no convence. Sería lo mismo que mañana no se renovara la concesión de una radio uruguaya porque en su programación mantiene espacios en que se critica al gobierno.

            El tema no es para tomárselo a la risa. Algún legislador ya adelantó su opinión de que el gobierno debería controlar a la televisión porque consideran que ésta es la responsable de la violencia que vive nuestra sociedad.

            Curiosamente, o no tanto, la bancada oficialista, a la que "nada le es ajeno", se negó a pronunciarse contrariamente a la resolución autoritaria del gobierno venezolano.

            Que el presidente Chávez cierre un medio de comunicación es un problema de los venezolanos que afecta a la comunidad internacional, pero que en nuestro país se apoye esa medida es francamente insólito -o no tanto si se tiene en cuenta quienes sostienen tal dislate. Y, para rematar la cosa, se pretende comparar lo de allá con lo sucedido durante el gobierno del Partido Nacional con la emisora CX 44, durante los episodios ocurridos en torno al Hospital Filtro, por la extradición de tres "etarras". Además de frágil, la memoria es dolosamente mentirosa. Asimilar una tristemente recordada transmisión de radio que alentó la resistencia activa contra una decisión legítima del Poder Judicial, contribuyendo a crear un estado de agitación, violencia y descontrol que concluyó en los episodios que todos conocemos con lo de Venezuela es un disparate y un atentado a la inteligencia humana.

            La libertad de prensa es un derecho por el que la humanidad sigue luchando a costa de grandes esfuerzos y sacrificios. Muchos uruguayos y muchos medios de comunicación en el transcurso de largos años sufrieron la prisión, la clausura y la censura por pretender ejercitar tan elemental derecho, pilar básico y esencial de la democracia.

            Paradójicamente, algunos de los que solidarizan con Chávez vivieron dichas angustias, más la amnesia los sorprende cuando quien hoy ataca la libertad de prensa es un "presidente solidario".

            Ojalá se reflexione, y el Gobierno aclare su posición, porque el que calla otorga, y nada peor que otorgar patente de justas y legítimas a medidas peligrosas, autoritarias y antidemocráticas. Sin libertad de expresión y de comunicación, todas las otras libertades están en peligro.