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Año V Nro. 298 - Uruguay,  08 de agosto del 2008   
 

 
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Raúl Seoane

Terminar con las impunidades
por Dr. Francisco Gallinal

 
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         En ese afán peyorativo por todo lo que no se alinea con sus posturas, buena parte de los partidos que integran el Frente Amplio, especialmente los más radicales, han hecho de la supuesta impunidad de violadores de derechos humanos hace 25, 30 o 35 años una bandera. Olvidando antojadizamente que existe por voluntad democrática de la mayoría de los uruguayos un marco legal y un conjunto de elementos que, correctamente aplicados, permiten afrontar el tema, algunos mantienen los ojos en el pasado y reclaman “terminar con la impunidad”. Marco legal que, si nos remontamos algo más, fue imprescindible para explicitar los acuerdejos subyacentes o sobrevolantes del Pacto del Club Naval y avanzar definitivamente en la consolidación democrática.. Pero es la paja en el ojo ajeno. Esos mismos individuos pretenden, cuando copan barrios de la ciudad con vehículos, cuando rompen vidrieras, cuando enfrentan decisiones judiciales mediante la violencia callejera, que sus actos no sean ni reprimidos y sancionados. En otras palabras, la impunidad flechada.

         Esto no sería tan grave si no fuera porque esa actitud laxa frente a claros atentados a los derechos humanos perpetrados no ya por generaciones pasadas, sino en el presente, se ha extendido a otros campos de la actividad social y de la gestión gubernamental, que mira con indiferencia lo que ocurre y que, al no actuar adecuadamente, no hace otra cosa que mensajes de impunidad.

         El primero y más notorio es de la tremenda inseguridad pública, sobre la cual la población en pleno ha expresado rotundamente su opinión: el 90% no la encuentra buena y el 75% la encuentra francamente mala. Atrincherados como pueden detrás de rejas, alarmas y empresas de seguridad privada, los que pueden, y rezando los que no pueden, los uruguayos son víctima del más formidable ataque contra sus derechos: a la propiedad, a la integridad física, a la vida, a la tranquilidad. Entretanto, desde el Gobierno se echa la culpa de las rapiñas y los arrebatos a los medios de comunicación, como si ellos inventaran los delitos, o como si fueran responsables de que la población, ya indignada y cansada, cada vez denuncie menos los hechos (“total, ¿para qué?” se dicen), a menos que involucren derramamiento de sangre. El discurso oficial y la actitud del Ministerio del Interior, es de extender la impunidad a las minorías delincuentes que tienen de rehén a las grandes mayorías. No es por falta de marco normativo: incluso recientemente se ha aprobado una nueva Ley en ese sentido. Los Ministros del Interior frentistas se han negado tozudamente a dar lineamientos enérgicos y el correspondiente respaldo a la fuerza policial para actuar en todos los órdenes, desestimando los planteos de “tolerancia cero” en ancas de una arrogancia digna de mejores causas, argumentando que ello puede generar “discriminación”.

         Díganselo a las incontables víctimas de delitos y a todos los ciudadanos que en los últimos años han incorporado el miedo a sus vidas y restringen sus salidas y andanzas, que bien saben lo que es sentirse discriminados, quizá por ser respetuosos observadores de la ley y las normas. Como si el delito fuera producto exclusivo de insoportables condiciones sociales, que no lo es, y como si su prevención y represión (necesarios, ¡irrestrictos y ya!) no pudieran ser acompañadas de las políticas sociales que contribuyan en corto y mediano plazo a generar mejores condiciones de vida y a disminuir la tentación del crimen.        

         Pero esto no acaba aquí. Hemos conocido que entre las alternativas a estudio para “formalizar” a los ladrones de energía está la de pagarles. Bien, otro mensaje de impunidad y otra bofetada para los que se preocupan de hacer frente a sus facturas (elevadísimas, téngase bien presente) dentro de los plazos, conscientes de que si no lo hacen se verán abrumados por multas y recargos, en tanto los morosos cada tanto se benefician de moratorias y gracias similares. Y por otro lado es una nueva muestra de ineficiencia. La llamada “pérdida no técnica” –eufemismo para el robo de energía – parecería rondar ni más ni menos que el ¡15%! Un verdadero disparate. Menos de la mitad de esa cifra correspondería a población marginal que se “cuelga” de la red. Aun admitiendo que se acuerde subsidiar el acceso de esa gente a la energía eléctrica, ¿qué pasa con el resto, que son “aves de otro corral”? En definitiva no es más que otra carga sobre los honestos usuarios y contribuyentes, cuyas armas son la esperanza y el voto, y otro ejemplo de tolerancia para con los inescrupulosos. 

         Para muestra, entonces, van hoy estos botones, pero lamentablemente hay más.

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