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Año III - Nº 211
Uruguay, 08 de diciembre del 2006
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Javier García Uruguay - Con los pies de plomo
por Javier García
 
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La decisión del gobierno de militarizar la custodia perimetral de Botnia no fue bien explicada y por lo tanto no fue bien comprendida, ni aquí ni en Argentina. No es menor ser prudente en este triste conflicto con el vecino, y además es buena cosa que Uruguay no pierda la imagen de ponderación.

En la otra orilla hay gente desmadrada y un gobierno que cobija la ilegalidad, pero de este lado la cosa debe continuar siendo bien distinta. Aquí están la ley y la razón.

Desde el Poder Ejecutivo hablan para tratar de explicar lo que no saben y muchas veces talentean por la falta de comunicación que hay entre sus miembros. Que de esta medida hayan declarado en diferentes medios el vicepresidente, senadores y diputados del gobierno, la ministra y el subsecretario de Defensa, el prosecretario de la presidencia y el ministro de Economía y ninguno haya coincidido en las explicaciones, es señal de lo que afirmamos. Se imponía que hablara uno solo y claro.

Jorge Vázquez dio argumentos pueriles. Comparar la custodia militar de Botnia con la que las Fuerzas Armadas hacen desde siempre en el edificio Libertad resulta bastante poco serio. No se pueden explicar medidas serias con argumentos banales.

El Ejecutivo, según trasciende aunque nadie lo diga con la transparencia que correspondería, maneja información sobre un eventual sabotaje contra la planta de celulosa. Son individuos aislados, pero no dejan de preocupar. Conocido eso evaluó qué medidas de prevención se deberían tomar para evitar cualquier acto de ese tipo, y decidió otorgar a las Fuerzas Armadas la vigilancia del predio.

¿Cómo debió actuar? Tomada la decisión y no obstante ser de plena soberanía uruguaya, la situación imponía poner al tanto al gobierno argentino de forma tal de que una vez conocida públicamente, éste no se sumara a las tensiones. Fue lo mismo que reivindicamos días atrás cuando unas maniobras argentinas hicieron sentir unas detonaciones en Paysandú que motivaron alarma.

La movilización de efectivos militares en zonas de frontera siempre se informa al vecino, es la norma, pero más en la situación que nos encontramos. Se debe, además, dar cobertura legal a la decisión. Obviamente que por definición las tareas de seguridad interna corresponden a la Policía. Cuando las Fuerzas Armadas son ordenadas a participar de ellas debe existir una ley, como la que define las funciones de policía en la faja costera que lleva adelante la Prefectura, o un decreto como el vigente para la custodia perimetral de cárceles.

Y todo esto debe ser explicado con claridad. Si así hubiera sido seguramente el gobierno argentino no hubiera tenido excusas para reaccionar como lo hizo.

Afirmado lo anterior cabe señalar que las declaraciones de Kirchner acusando a Uruguay de alentar sentimientos xenofóbicos y pidiendo rectificaciones son insólitas porque si alguien no tiene credenciales para ello es él. Se ha valido de estos y los permitió y alentó hasta el punto de que hay gente que se ofrece para inmolarse. Nadie puede dudar de la soberanía que tenemos para adoptar nuestros actos, pero la situación impone la ponderación y la tranquilidad. Si no, ¿hasta dónde vamos a llegar? Aquí tenemos más responsabilidades porque del otro lado del río, desgraciadamente, reina la locura.

Y todos sabemos que cuando esta impera, se es inimputable.

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