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Año V Nro. 359 - Uruguay, 09 de octubre del 2009   
 
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Desde las trincheras de ‘Clarín’
por Claudio Savoia

 
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Néstor Kirchner ha declarado la guerra al grupo de medios Clarín. La noticia ha ido cobrando espacio en los periódicos de América Latina y España a medida que se multiplicaban las decisiones oficiales que afectan a los intereses comerciales de Clarín, y llegó a las portadas de muchos de ellos el jueves 10 de septiembre, cuando un inusual operativo con 200 inspectores fiscales desembarcó en el edificio del diario. ¿Quién es Néstor Kirchner? El ex presidente de Argentina, que a pesar de haber dejado el poder en manos de su esposa Cristina Fernández hace dos años, sigue siendo el hombre fuerte del Gobierno. ¿Qué es Clarín? El mayor grupo de medios de comunicación de Argentina.

         Las interpretaciones sobre la avanzada oficialista contra el periódico son diversas y hasta opuestas: desde una heroica batalla del poder formal contra el poder real, que con perfidia distorsiona la realidad para perjudicar al Gobierno; hasta la muestra más tangible del desprecio kirchnerista por la libertad de expresión. En el medio, una miríada de argumentos muchas veces teñidos por los prejuicios y la ideología intentan explicar la escalada de la Administración contra el grupo mediático.

         El actual enfrentamiento de Kirchner con Clarín tuvo un sonoro antecedente en marzo de 2008, cuando el flamante ex presidente se enfureció con la cobertura periodística que el diarioClarín, y sobre todo el canal de noticias del grupo, Todo Noticias (TN), llevaron a cabo durante el conflicto del Gobierno con los productores agrícolas por el cambio en el esquema de impuestos a las exportaciones de granos. Aquel plan oficial desató tres meses de huelgas y cortes de carreteras en gran parte del país, que paralizaron la economía. Durante ese tiempo, en distintas calles de Buenos Aires y por todo el país aparecieron pintadas con la leyenda "TN- Todo Negativo", o "Clarín miente". Carteles con las mismas frases comenzaron a leerse en los actos encabezados por la presidenta Cristina Fernández. Finalmente, con el voto desempate del vicepresidente en el Senado, el pretendido esquema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias fracasó.

         Kirchner culpó a los medios informativos de su derrota, una línea argumental que llevó al extremo en junio de este año, cuando -tal como anticipaba FP Edición española ("La Argentina de los Kirchner", junio/julio 2009)- el creciente descontento con el Gobierno se plasmó en un revés electoral para los candidatos oficialistas, incluido el propio Néstor Kirchner. Este traspié se verá reflejado en el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando el actual Ejecutivo pierda el control de las dos cámaras legislativas. Desde la particular perspectiva kirchnerista, la pérdida de apoyo popular respondió al injusto maltrato que la Administración de Cristina recibió por parte de la prensa, con Clarín a la cabeza. La venganza sería total.

         El 11 de agosto, el Gobierno apareció apadrinando la ruptura del contrato comercial entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC) -en la que tiene fuerte participación el grupo Clarín-, por los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos de primera división. Por el contrato, que vencía en 2014, la AFA cobraba 268 millones de pesos al año (unos 48 millones de euros), pero su titular, Julio Grondona, quería más dinero, y en menos de una semana rompió el acuerdo comercial y aceptó una sorpresiva oferta del Gobierno por 600 millones de pesos anuales (casi 107 millones de euros) durante la próxima década. El veloz operativo, que implica la cesión de los derechos televisivos del fútbol a una flamante empresa del Estado, se bautizó "Fútbol para todos", y consiste en que los partidos podrán ser vistos por distintos canales abiertos y de cable, sin que los televidentes tengan que pagar por ellos un abono especial.

         Aquel golpe comercial fue acompañado por otra andanada de carteles y pintadas callejeras contra el grupo Clarín, tanto en Buenos Aires como en varias ciudades del interior. Además, los domicilios de dos directivos del grupo fueron atacados con pintura y vigilados ostensiblemente durante varios días, mientras que algunas delegaciones del periódico fueron apedreadas o empapeladas con afiches agresivos.

         La gran ofensiva, sin embargo, acababa de comenzar. El 27 de agosto, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de Servicios Audiovisuales para reemplazar a la vieja ley de Radiodifusión firmada en 1980 por la última dictadura militar y retocada varias veces con distintos parches legislativos. Esta ley, cuya necesidad es admitida de forma unánime y que tras su aprobación por los diputados se está tramitando en el Senado, incluye avances indiscutibles para combatir los monopolios privados de información y abrir la posibilidad de acceso a frecuencias radiales y televisivas a cooperativas y otros actores sociales, pero también postula algunas regulaciones muy cuestionadas y otras evidentemente dirigidas contra los negocios de Clarín. Si el texto se aprobara tal como fue planteado Clarín debería retirarse, por ejemplo, del negocio de la distribución de señales de televisión por cable, vender el Canal 13 o abandonar casi todos sus canales de cable en menos de un año, bajo la mirada de un organismo de control dominado por el Ejecutivo.

         El 3 de septiembre, durante las sesiones parlamentarias en las que se discute la llamada "ley de medios", el interventor del organismo regulador de las comunicaciones llevó otra mala noticia para los directivos de Clarín: la fusión de las dos empresas de televisión por cable del grupo, aprobada por el Gobierno de Néstor Kirchner una semana antes de dejar el poder, ahora sería denegada.

         Una semana después, una multitud de 160 inspectores fiscales desembarcó en la redacción de Clarín, mientras otros equipos inspeccionaban otras firmas del grupo y varios domicilios de sus directivos en distintas ciudades del país. Los amantes de la sutileza quedarán decepcionados al saber que ese mismo día, el diario había denunciado una maniobra irregular por parte de un organismo controlado por el jefe de la agencia fiscal nacional.

         El último cachetazo oficial ocurrió la semana pasada, y tampoco luciría bien en una vitrina de delicadezas. La nacionalizada Aerolíneas Argentinas anunció que dejará de distribuir los 6.000 ejemplares de Clarín y La Razón (otro periódico que pertenece al mismo grupo) que cada día repartía en sus vuelos. ¿Un argumento? Reducir el peso de las aeronaves. Pero el periódico La Nación se sigue entregando a bordo, y también el oficialista Miradas al sur. ¿Otro argumento? La aerolínea quiere bajar sus costes. Pero La Razón es gratuito.

         Hoy no es fácil ejercer el periodismo en Argentina, particularmente para quienes trabajan en Clarín. A la habitual cerrazón de las fuentes oficiales en la era Kirchner, ahora hay que sumar el clima de crispación bajo el que día a día se desarrolla nuestro trabajo, que sin duda lo entorpece y seguramente también se trasluce en algunas de nuestras coberturas. Esperemos que cuando esta pelea termine y sus batallas se puedan analizar con una mayor perspectiva, semejante sangría nos deje alguna lección. Lograrlo será trabajoso: los argentinos están acostumbrados a que los gobernantes pongan a la prensa en el lugar de la oposición política, y les apliquen a los medios y a sus periodistas descalificaciones y agravios con un voltaje que seguramente sería causa de escándalo en sociedades con una mayor tradición democrática. ¿Un ejemplo? Sin ni siquiera despeinarse, la noche en que obtuvo su reelección como presidente, en mayo de 1995, un eufórico Carlos Menem declaró que acababa de vencer a los medios. A la luz de los hechos, parece que las cosas no son tan fáciles cuando el candidato pierde en lugar de vencer.

Fuente: Foreign Policy

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