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Hipotecando la seriedad del país
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| por Dr. Alberto Scavarelli (*) |
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El gobierno uruguayo convocó a la firma de la "autorización ambiental de operaciones" para la planta de producción de pasta de celulosa finlandesa propiedad de Botnia. Informó que se habían cumplido plenamente todos los requisitos técnicos y legales y que tal decisión ya había sido comunicada a la empresa. Asisten entonces al evento programado, autoridades nacionales, las de la propia empresa venidas al efecto desde Finlandia, el intendente de Río Negro y numerosa prensa nacional e internacional.
Con el evento en curso, sorpresivamente se comunica a los presentes la postergación sin fecha de la firma de la anunciada autorización ya comprometida. Esta súbita suspensión se operó a pedido del gobierno de Argentina al de España, quién actúa como mediador ante la manifiesta inhabilidad de las partes en conflicto que requieren de un mediador y de viajar miles de quilómetros para reunirse ya sea en Madrid o en New York, para poder establecer un diálogo, aunque seamos mucho mas que vecinos.
El mediador español puede solicitar la postergación que estime necesaria, es su tarea construir acuerdos, pero el estado uruguayo no puede violentar el orden jurídico y perjudicar a sus inversores si estos cumplieron con todo lo exigido. Si de pedir se trata el gobierno de Uruguay en tal caso debiera solicitar al mediador hispano, que el gobierno argentino, concrete acciones directas e inmediatas que pongan fin al insostenible bloqueo al que nos tiene meticulosa y eficientemente sometidos desde hace meses. Con este peligroso criterio suspensivo de ahora, el Tribunal de la Haya bien podría si no tuviera la jerarquía que tiene, pasar por encima a nuestros derechos y afectar nuestro orden jurídico como nación y por razones de conveniencia afectar el funcionamiento de la planta, aun cuando estén plenamente cumplidas todas las requisitorias administrativas y técnicas para su controlado funcionamiento.
El estado uruguayo ha sostenido desde siempre, que actuó dentro del orden jurídico internacional y en pleno ejercicio de su soberanía, por lo que no es posible que legítimamente se afecte la puesta en marcha de la inversión más importante realizada en el país por inversores extranjeros, con esta sorpresiva excusa. Se trata de la primera de varias inversiones de su tipo. Otras esperan a conocer la conducta nacional al respecto, desde el triste precedente ya vivido hace unos meses por otra empresa similar que eligió plantear primero el tema al gobierno argentino, para ver si pueden instalarse en nuestro país, para luego hacer su anuncio desde Buenos Aires.
Uruguay es un estado de derecho, con autoridades sometidas al imperio de ley. Si se marcan exigencias para realizar una actividad lícita, promovida y protegida además por ley con un tratado de protección de inversiones, y esas condiciones impuestas se cumplen a cabalidad como lo informa el propio gobierno, la administración no debe hacer otra cosa que habilitar su funcionamiento controlado. Esa es la clave de bóveda del sistema garantista en que se funda el accionar legal y constitucional de la nación
Estas marchas y contramarchas resultan muy graves. El gobierno uruguayo declaró un día que no negociaría con los puentes cortados. Nos pareció un exceso retórico, porque era su deber negociar para lograr poner fin al ominoso bloqueo y restablecer las cosas a su natural estado de fraterna normalidad, entre dos naciones como las nuestras. Pero el gobierno nacional ahora cambia de criterio, y va a las antípodas de su propia posición: No solo negocia con los puentes que continúan bloqueados en plena proyección de la temporada turística que se inicia, sino que además, con los puentes cortados, dispones sobre la marcha retrasar a pedido argentino, una habilitación que ya no puede lícitamente demorar.
Si la mediación que tanto valoramos, requiere para su gestión que se postergue la habilitación y así anticipadamente lo consintiera el afectado, debiera entonces pedirse al gobierno argentino que simultáneamente cumpla con su deber y levante el ilícito y sostenido bloqueo al que somete al país desde hace meses por su omisión y por momentos aliento, ante el desconcierto del gobierno uruguayo, que quedó condenado al aislamiento en la región.
Se sigue por mal camino, pero ahora la situación es peor. La irracionalidad del piquete, pasa sobre derecho, genera condiciones, anuncia ocupar islas y el precedente es entonces peligrosamente reservado, más allá de que en pocos días el tema se resolviera.
Pudo ser lógico postergar la habilitación y puesta en funcionamiento de la planta, hasta que se pusiera en funcionamiento la segunda toma de agua para abastecer Fray Bentos, prevista sabiamente para el caso de problemas de la gigantesca planta industrial de pasta de celulosa y su puerto. Según se anuncia esta segunda toma, estará operativa en pocos días. Ese si era un fundamento compartible para postergar el inicio de la actividad. Pero el invocado es inadmisible, porque el cumplimiento de la ley y el ejercicio de la soberanía no pueden estar sometidos a conveniencias de procesos de mediación ni a solicitud de otro estado sin lógicos y creíbles fundamentos a la luz de los precedentes inmediatos.
Pero el inesperado argumento empleado para suspender la oficialmente anunciada habilitación, fue por lo menos muy poco feliz. Todos - ministro incluido- todos listos para firmar la habilitación y la prensa toda esperando en sala de periodistas para presenciar la conferencia de prensa que anunciaba el comienzo de actividad, quedaron en posición de absoluto fuera de juego
Ese no debió ser ni el procedimiento, ni el fundamento. Lo sucedido afecta al país, su soberanía y su imagen internacional, una hipoteca que grava nuestro principal patrimonio: la seriedad. Si la mediación requiere gestos, también corresponde pedir que sea a cambio del inmediato levantamiento de ilegal bloqueo al que se tiene sometido al país por la omisiva acción sostenida por meses del gobierno de Argentina, cuando ya no tiene excusa para no actuar de acuerdo a derecho, una vez pasada la elección.
Estos sorpresivos y pasteurizantes cambios de posición del gobierno son los que preocupan al país y no se entienden desde afuera, donde está la inversión que el país reclama y necesita y que solo viene con tratados de protección de inversiones, porque desconfía de estas artificiosas e imprevisibles formas de actuar, ajenas a un país como el nuestro que siempre se caracterizó por su seriedad.
Falto habilidad hasta para fundamentar la postergación, dejándonos ante la violencia de la soliviantada y preocupada población de Gualeguaychú que está en posición de pensar que todo es posible, incluso lograr demorar lo que legalmente no hay mas solución que habilitar, porque así funciona un estado de derecho.
La planta comenzará a funcionar en cualquier momento, es inevitable que suceda. No es lógico pensar que la demora en espera de realizar una reunión de tono político en la "periferia" de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, en Chile, tranquilice a los activistas de Gualeguaychú y de pronto se conformen y vuelvan a sus cosas y a sus casas. No resulta claro si el gobierno argentino cambiará de actitud después de esa reunión y hará cumplir la ley liberando el transito en los puentes. Menos aun se sabe que pasará después del fallo de la Haya y como se hará para que todo vuelva a la normalidad si el gobierno argentino no está dispuesto a hacer cumplir la ley. Por este lado del Plata y del Río Uruguay, entre tanto seguimos al tanteo, hipotecando una vez más nuestro principal capital: la seriedad y el prestigio internacional de la nación.
(*) Representante Nacional - Partido Colorado.- Uruguay - www.scavarelli.com
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