UNA BUENA Y UNA MALA
Por Roberto Bogorja

 

 

La buena, es que a pesar de la crítica recibida por parte de la oposición, el Gobierno logró dar un buen jaque mate al problema de Uragua. Esto a pesar de que ni el procedimiento fue del todo formal, ni la actuación del Ministro Arana fue la más precisa, y del error subyacente de mantener a otra empresa privada explotando el agua (a la más cuestionada por las tarifas, pero sus razones las hay) y eliminar las empresas menores conformadas en su mayoría por los propios vecinos.

Estoy de acuerdo con quienes dicen, la Constitución no se interpreta por decreto, y esto es un muy mal antecedente, en especial cuando es dictado por un gobierno que dice ser democrático; pues es obvio que durante el gobierno de facto, esto era moneda corriente, como lo fueron los decretos constitucionales que tan a menudo libraron.

Pero aunque el formalismo falló y no porque no se hubiese podido hacerlo, pues si se tienen mayorías parlamentarias seguramente hubiese sido más prolijo hacerlo mediante una ley interpretativa, el objetivo final se conquistó.

Analicemos entonces el tablero. Uragua había anunciado que se iba a retirar del mercado, ya antes de la reforma constitucional. Porqué en principio los números no le daban, no es lo mismo vender un servicio con un peso fuerte frente al dólar, y éste fuerte frente al euro, que cuando las cosas cambiaron, el dólar se hizo fuerte frente al peso y débil frente al euro. Esto significa que los ingresos previstos se fueron a pique, pues el dólar se disparo, los servicios se venden en pesos devaluados y ambas monedas quedaron muy lejos del euro, es decir de la divisa de los españoles. Corolario, cobro mucho menos en moneda fuerte que lo que pensaba. Por tanto si ya no voy a ganar lo que tenía que ganar y encima tengo que hacer inversiones que no voy a recuperar, el negocio no sirve.

Es por ello que en una magistral jugada Uragua denunció al Estado en una fuerte suma, reclamando que de acuerdo a la nueva Constitución, se entendía que se daba por finalizada la concesión, y por tanto debía ser indemnizada. El decreto de Vázquez al interpretar que las concesiones anteriores, formalizadas, debían continuar, echaron por tierra este argumento, por tanto no hay lugar a la reclamación, en definitiva no hay que indemnizar, es decir no hay que pagar. Por otro lado OSE, denuncia a dicha empresa por incumplimiento de contrato, por lo cual se le quita la concesión sin necesidad de pagar nada.

¿Qué pasa con Aguas de la Costa? Pues nada porque esta empresa si ha cumplido con el contrato y por tanto no se le puede sacar, y en el caso de hacer caer la concesión esto si costaría mucho pues a esta empresa hay que indemnizarla por la inversión realizada y no amortizada, la cual es mucha pues esta se hizo y aún falta bastante para amortizar por la poca cantidad de usuarios.

Por tanto la buena es que se pudo zafar de una situación que hubiese generado un salida extraordinaria de dinero, en momentos en que no se puede. Por otro lado la mala, el procedimiento no fue el mejor, el ministro del ramo no supo explicar debidamente las cosas y lo más triste que aquellas empresas comunitarias quedaron inoperantes.

En este balance no pongo en cuenta lo defraudado que deben haber quedado los promotores de la reforma constitucional, y en particular el gremio de funcionarios de OSE. Tampoco pongo en la balanza, si Vázquez le mintió a sus votante o no, pues a pesar de su ambiguo discurso previo, la forma de concreción fue también enigmática, pero en definitiva beneficiosa para el País.