Bolivia en crisis

Bolivia sufre una prolongada crisis política, con partes del país paralizadas por protestas que fundamentalmente exigen la nacionalización de las reservas de gas.

El presidente Carlos Mesa afirmó que no puede hacer nada más para solucionar el conflicto y presentó nuevamente su renuncia.

Ya lo había hecho en marzo, pero en esa ocasión el Congreso no le aceptó la dimisión.

¿Qué está sucediendo?

En el fondo, Bolivia se encuentra en medio de una disputa sobre su dirección e identidad política, un conflicto que cobró fuerza en octubre de 2003, cuando una serie de protestas condujeron a la salida del poder del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La situación de crisis se ha mantenido desde entonces, con bloqueos de carreteras en todo el país.

En mayo, el Congreso aprobó la nueva ley de hidrocarburos que establece un incremento impositivo a las compañías multinacionales dedicadas a la explotación de hidrocarburos en el país.

Pero esto no ha calmado los ánimos. Los manifestantes exigen la completa nacionalización de los recursos energéticos -Bolivia posee las segundas reservas de gas natural de América Latina- y piden una nueva Constitución.

La principal ciudad y sede del gobierno, La Paz, ha sufrido una paralización casi cotidiana. Los suministros de combustible escasean y se ha registrado un alza de los precios. Sin embargo, Mesa se ha opuesto a usar la fuerza para poner fin a las protestas.

¿Hay posibilidades de resolver el conflicto?

Una solución parece lejana por el momento. Las demandas de los manifestantes se han vuelto más ambiciosas en los últimos meses. Por ejemplo, se ha generalizado la exigencia de que se nacionalicen las reservas de gas de Bolivia.

Sin embargo, estas demandas no se han visto reflejadas en el Congreso, donde incluso el partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el líder cocalero Evo Morales, se ha mostrado moderado en cuanto a la nacionalización.

El presidente Mesa prometió, en cambio, presionar para que se incrementen los impuestos que pagan las multinacionales.

Según él, la nacionalización no es razonable en vista de los US$3.500 millones que las compañías han invertido en exploración y extracción de hidrocarburos.

Sin embargo, su compromiso no ha logrado pacificar a los manifestantes y el mandatario nuevamente presentó su renuncia el 6 de junio. Aún no está claro si el Congreso la aceptará.

Entre tanto, las firmas extranjeras se han levantado en armas. Una de ellas, la española Repsol, dijo que iniciaría acciones legales contra la nueva ley de hidrocarburos que introduce un impuesto del 32% sobre la producción de petróleo y gas, encima del 18% en concepto de regalías.

Algunos analistas consideran que esto podría costarle miles de millones de dólares al país más pobre de Sudamérica. Los manifestantes han calificado las amenazas de las multinacionales de "intimidación".

¿Qué hay detrás de las protestas?

Grupos sociales heterogéneos han levantado su voz tras la salida del poder de Sánchez de Lozada.

Indígenas, campesinos, miembros de la izquierda, mineros, estudiantes y sencillamente gente empobrecida han expresado diversas preocupaciones, algunas veces conflictivas.

Pero hay un consenso general de que el modelo político ha fracasado en Bolivia. Dos décadas de reformas de mercado han enriquecido a una pequeña elite y no han cumplido con su promesa de beneficiar a los pobres, la mayoría de ellos indígenas.

Así, las reservas de hidrocarburos, consideradas como el único y último recurso de Bolivia, se han convertido en el centro de la pugna sobre el futuro del país.

Muchos creen que se les han negado los beneficios de la riqueza natural boliviana, en una suerte de repetición del "saqueo" ocurrido durante la Conquista española en el siglo XVI en las minas de Potosí.

Las demandas de los movimientos sociales se han ampliado. Ahora se exige también una reforma constitucional para dar más derechos a los indígenas, asegurar una distribución más equitativa de la riqueza y restablecer el control estatal sobre los recursos.

¿Por qué protesta el este del país?

Lejos del altiplano en La Paz, en la ciudad de Santa Cruz (este de Bolivia) ha surgido otro conflicto.

En esta región se encuentran precisamente las reservas de gas y un grupo de empresarios -la mayoría de origen europeo-, exasperada por el continuo caos, busca mayor autonomía regional y más beneficios en la distribución de la riqueza de hidrocarburos en la zona.

Este movimiento se opone a las protestas en el altiplano y, por ende, a buena parte de los reclamos de la población indígena.

Líderes regionales han prometido convocar a un referendo autonómico el 12 de agosto, con o sin aprobación del gobierno nacional. De modo que en Santa Cruz promete agudizarse otro frente de conflicto.

¿Que escenarios se plantean ahora
con la renuncia del presidente Mesa?

Los movimientos sociales han dejado en claro que la salida de Mesa no responde a su demanda de convocar a una Asamblea Constituyente y la nacionalización de hidrocarburos. Ellos también exigen la renuncia de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y que asuma el titular de la Corte Suprema de Justicia.

De darse este caso, el presidente de la Corte debería convocar a nuevas elecciones en un plazo de un año, lo que llevaría -además de la elección de un nuevo mandatario- a una renovación completa en el Congreso.

Sin embargo, el titular del Senado, Hormando Vaca Díez, no ha confirmado ni negado que vaya a renunciar a su derecho constitucional a la presidencia, que le corresponde tras la renuncia de Mesa.

De darse esta situación, es de esperar que la tensión social se mantenga, ya que el principal líder de la oposición, Evo Morales, ha advertido que si no dimiten también las cabezas del Congreso el país se polarizaría aún más.

Mientras tanto, en la región de Santa Cruz continúa la exigencia de que se dé prioridad a un referendo sobre autonomías, lo que pone también presión a los líderes políticos del país.

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