Difundiendo a Quijano

El Uruguay del Futuro

por Carlos Quijano - Colaboración de Pedro Hernandez

	Email del Autor Imprimir Artículo

            El Estado -cuando referimos a él pensamos en el Estado stricto sensu y en todos los organismos públicos o semi-públicos - ­ejerce entre nosotros, diversas funciones en régi­men de monopolio o de concurrencia imperfec­ta: moneda, luz, energía, teléfonos refinación de petróleo, fabricación de alcoholes, agua po­table, transportes, seguros, industrialización y pasteurización de leche, abasto de carne; navegación, puertos, etc.

            Esas nacionalizaciones o municipalizaciones le confieren a nuestra economía, características muy especiales. Por el número de personas ocu­padas, por el volumen de la producción de bie­nes y servicios, por los consumos requeridos pa­ra mantener esa vasta maquinaria en marcha, por las interrelaciones creadas con otras formas de la actividad económica.

            Las nacionalizaciones comenzaron, como se sabe, dentro de los cuadros de la Constitución  del 30. No se compadecían con ésta. La superaron y la desbordaron. Las sucesivas Constitucio­nes que, a partir del 17, aparecen, poco hicieron por resolver el conflicto siempre latente, cada vez más agudo entre las formas políticas y las creaciones económicas. Nacidas todas esas Cons­tituciones de acuerdos transitorios, redactadas por juristas y políticos que afrontaban proble­mas nuevos para los cuales las doctrinas corrien­tes no ofrecían soluciones, tuvieron desde su na­cimiento un vicio de esencia: el desajuste entre la fórmula escrita y la confusa y aun caótica realidad, que se había formado al azar de las exigencias del país y también, en ocasiones, de los reclamos demagógicos.                     

            La empresa nacionalizadora - en definitiva una gran empresa, no obstante sus vicios y su carencia de planificación - sólo tuvo, en las úl­timas Constituciones, soluciones menores. Darle, en primer término a los partidos que se dividían el poder, la seguridad de que los institutos crea­dos o a crearse, les servirían, de acuerdo con repartos aritméticos, para mantener y aumentar las respectivas clientelas electorales.

Bajo el imperio de la Constitución centrali­zadora de 1830, el nacionalismo se opone a las nacionalizaciones, por una vaga defensa de lo que hoy se llama la libre empresa; pero, sin duda, también, porque teme que esas. naciona­lizaciones provean de votos al partido gober­nante. Pero las nacionalizaciones continuaron su marcha. Necesario fue entonces adaptarse a las circunstancias. La Constitución del 17 significó una transacción en ese aspecto como, según se sabe, en muchos otros. La cogestión en el Po­der Ejecutivo estuvo acompañada de la copar­ticipación en el reparto de los puestos. A esa "filosofía" respondió, años después, el llamado "pacto del chinchulín". Producido más tarde el golpe de Estado, los mismos que habían denunciado y condenado ese pacto y de la cual condenación habían hecho una de sus banderas, se dieron a la tarea de perfeccionar el régimen y de incorporarlo a la Constitución. La ley Baltar de 1936, que pretendió cerrar el camino a nuevos monopolios estatales, fue algo así co­mo el último sobresalto de un liberalismo eco­nómico, condenado por los hechos y en verdad ya entonces muerto. La posterior Constitución del 42, se preocupó de modificar la organiza­ción de los Ejecutivos nacional y municipal, y pocas fueron las variantes que introdujo en el capítulo relativo a los Entes Autónomos y Ser­vicios Descentralizados. La Constitución del 51, por último, en cuya redacción participaron acti­vamente los que se habían alzado contra el "pacto del chinchulín", estableció sin pudores ni eufemismos, el régimen del 3 y 2. Todo cuanto al Estado refiere o del Estado depende, pertene­ce exclusivamente a los dos partidos con la ex­cepción de algunos islotes siempre amenazados como la Universidad. La libre empresa quedó a la vera del camino, aplastada por la apetencia de los cargos. Es fácil pues, ver a través del proceso cum­plido en lo que va del siglo - la creación del República bajo un régimen de empresa mixta es de 1896 - cómo marchan en forma. ondulan­te y llegan a confundirse las dos corrientes que, en definitiva, modifican la estructura de la eco­nomía uruguaya: una, que nacionaliza y antici­pa las socializaciones; otra, que está atenta a los reclamos electorales y busca en las organizaciones creadas o a crear, la rica cantera electoral. En la "praxis" las dos corrientes se convierten en una.        

            De este muy somero análisis que con, la ayuda de los textos habrá un día que completar, algunas conclusiones fluyen. Por lo menos éstas:

• Sin duda, ya lo sabemos, la historia no es un proceso rectilíneo, cuyo trazado puede pre­verse con exactitud y que obedece a una finalidad conscientemente elaborada y perseguida.
• Las nacionalizaciones cumplidas son irreversibles. El golpe del 31 de marzo, quiso apa­recer en algún momento como una reacción con­tra esas nacionalizaciones. La realidad, por un lado; las conveniencias partidarias, por otro, im­pidieron que esa reacción prosperara.
• Ninguna de las Constituciones que hemos conocido, han servido de continente al conteni­do. Alguna, como la de 1830, por razones com­prensibles. No podían prever los constituyentes de entonces la evolución que iba a cumplirse en el siglo XX. Todavía la falla podía tener explicación en la Constitución de 1917. En las Constituciones que nacen de los golpes de Estado del 33 y del 42, otras razones median. En la Constitución actual, que aparece cuando ya ha transcurrido más de medio siglo de nacionaliza­ciones y el mundo ha conocido la experiencia de dos guerras y de muchas revoluciones, el des­ajuste entre los textos y la realidad es todavía más flagrante y desde un punto de vista general, más condenable. El mezquino interés partida­rio y la mentalidad jurídica y decimonona, se ayuntaron para darnos un texto sin proyección y sin arraigo.

            Los cuadros y las instituciones aunque son también hechos, poca significación tienen fren­te a otros hechos. Cabe  aquí  hablar de super estructura y de infra estructura. Esos cuadros e instituciones -la super estructura- que no se ciñen a la realidad económica y social del país -la infra estructura- tienen inevitablemente que modificarse o caer. Cuando se habla de una nueva Constitución no hay que pensar, por cierto, en la formal modificación del Poder Ejecutivo. Hay que pensar en 1o otro. En una Cons­titución que se ajuste a una economía que con­tiene el embrión, de una organización socialis­ta, es decir, de una organización donde los me­dios de producción no estén, en una primera etapa, en manos privadas.

            No retornaremos a la libre empresa. Y poco  importan las declaraciones y las declamaciones que al respecto se hagan. Uruguay contiene en su seno ya, las bases y los gérmenes de una na­cionalización o socialización progresiva, las vir­tuales potencias de una sociedad que marcha a tientas hacia el socialismo. En esa marcha es­tamos obligados a conocer la experiencia ajena; pero no estamos obligados a copiar los modelos ajenos. Ni los modelos ni los métodos. Hay una forma de colonialismo de derecha; pero también una forma y no menos peligrosa, de colonialis­mo de izquierda.

            "Esta situación (en América Latina), escribe por estos días un comentarista político de vuelo y fuste, no puede sorprendemos en un área "refleja" y dependiente como la nuestra. No sólo los viejos liberales fueron "alienados" cultural y políticamente; también lo han sido, con mayor o menor acento, todas las corrientes prin­cipales de pensamiento y de acción. La falta de “capacidad creativa” o, si se quiere, con mayor  pretensión, de disposición para aproximarse y  descifrar la realidad con la disciplina de la metodología científica, ha sido un trazo dominante de la vida latinoamericana, de la cual sólo nos estamos dando cuenta hoy día, cuando cada vez  más claramente chocan los esquemas "importa­dos" o demasiado generales con la complejidad  particular de estos países".

            Las nacionalizaciones cumplidas, aquí en nuestro país, ya no podrán destruirse; pero hay  otras que empiezan a golpear a nuestras puer­tas. Tratemos de "descifrar" la realidad, nuestra realidad, la realidad Uruguay 1965.   

            Decimos una vez más; miremos a los hechos y desoigamos las palabras y sobre todo no pon­gamos atención en los ecos.

            Tomemos cuatro sectores: comercio exterior; bancos; explotación agropecuaria; organización  industrial.

            Hablar hoy de extender las nacionalizaciones a cualquiera de esos sectores puede parecer ex­travagancia o delirio. Pero ¿qué ha ocurrido y qué ocurre al margen de nuestros estériles deba­tes?

• Exportamos carnes y lanas; algunos tejidos, algunos productos agrícolas, industrializados o no. Todas las exportaciones, y en primer térmi­no las llamadas regulares, verbigracia, carnes y lanas, se hacen y sólo pueden hacerse bajo la protección del Estado. Algo más dice el análi­sis: en las exportaciones de carne tienen parti­cipación primordial, ciertos organismos que en una u otra forma ya están nacionalizados. ¿Es impensable que en determinado momento, todas estas exportaciones se hagan bajo la dirección y el contralor de una autoridad nacional? ¿Por qué el Estado que subsidia la industria frigo­rífica, directa o indirectamente, que fija tarifas de venta, acuerda cambios preferenciales, no puede unificar todo el procesó, a través de una organización especial en cuya constitución intervengan 1os interesados: productores, técnicos, obreros y aun los consumidores?

            En la exportación de lanas la situación ofre­ce algunas variantes. Más que en el sector car­nes intervienen allí los particulares. Pero no hay exportación sino dentro de un marco de contralor constante del cual dan repetidas pruebas los tipos cambiarios, los aforos repetida­mente modificados o las repetidamente modificadas detracciones.

            Frente a las fluctuaciones dedos precios in­ternacionales ¿no está aconsejado crear para los tiempos malos un fondo de sostén con los ex­cedentes de los tiempos buenos.

            Y, ¿por qué no ha de ser también una entidad de naturaleza pública, la que maneje ese fondo y tome a su cargo la comercialización de las zafras?

            ¿No ocurre lo mismo o algo parecido cuando se trata de colocar los excedentes de arroz o los de trigo o los de aceite? ¿No ocurre ya que esos excedentes  se venden a través de gestiones que el Estado cumple, mal o tardíamente con otros Estados? ¿Y no suele cometerse al Banco de la República la adquisición de las cosechas y su posterior comercialización? ¿Por qué no dar otro paso, un modesto paso adelante y adop­tar como norma lo que ya es costumbre?

            Un Estado que exporta, está en condiciones de negociar las importaciones que el país necesita. ¿Qué hemos hecho con las importaciones desde hace más de treinta años, a partir de la crisis del 30? Las hemos controlado; las hemos contingentado; hemos querido, en ocasiones, ajustarlas a convenios bilaterales de Estado a Estado o de Banco a Banco; llegamos a conver­tir una ilusión en norma, legal: comprar a quien nos compra.

            Por otra parte, el estado que exporta a través de ciertos organismos estatales o paraestatales tiene en la importación un peso no menos y acaso más decisivo.

            Los Entes Au­tónomos son grandes importadores. Los com­bustibles que requiere Ancap suman cerca de 40 millones de dólares, es decir en números redon­dos, la quinta parte de las importaciones tota­les del país. Si se agregan las importaciones que realizan Ferrocarriles, Amdet, UTE., Munici­pios, OSE, el propio Estado, se encuentra  que ya gran parte de las importaciones necesarias escapan a los particulares. ¿Qué características tiene nuestra. organiza­ción bancaria? Un banco del Estado que ejerce el monopolio de la emisión y dispone de la facultad de controlar, cuantitativa y cualitativamente el crédito, de fiscalizar todo el desarro­llo de la banca privada. No cabe discutir si cumple o no esas tareas con eficacia. La verdad es que esas tareas le están encomendadas.

            La verdad también que son los hechos los que han obligado a que le fueran encomendadas. Si de algo pecan las soluciones adoptadas es de timidez. No se han adelantado a las exigencias. Marchan a la zaga de éstas. A juzgar por balan­ces y números parecería que la banca privada ha relegado a la Banca Oficial a un lugar secun­dario y que así seguirá aconteciendo. Pero esta interpretación tropieza, según creemos, con la realidad. La Banca privada afronta hoy una grave crisis interna, que el redescuento en­tre otras medidas, ha permitido disimular. De esa crisis dan testimonio, las fusiones realizadas y las que se proyectan y las caídas de varias instituciones. Si no han caído más es porque el República ha corrido en auxilio de las amenazadas. La expansión de la Banca privada, su ex­tensión a través de sucursales y agencias, el alza del costo del dinero parece haber alcanzado el límite. No se podrá pagar más interés del que se ha llegado a pagar por los depósitos; porque no obstante el desvío de las financieras, ya re­sultará difícil seguir colocando ese mismo dine­ro a tipos superiores a los actuales.

            ¿Qué ha ocurrido en las crisis bancarias de los últimos tiempos? El República ha tenido que liquidar- por mandato legal y por necesidad - ­a esos Bancos, liquidarlos y lo que es más sig­nificativo, respaldarlos. Concederles avales y ga­rantías; otorgarles créditos extraordinarios; tomar la cartera; redistribuir el personal; facilitar la venta de agencias y sucursales. ¿Qué opera­ción realiza el República cuando le presta a un banco en dificultades, - dentro o al margen de las disposiciones legales - gruesas sumas de dine­ro para atender los reclamos de los depositantes? Sustituye a los acreedores del Banco en crisis, y los sustituye con ventaja para dicho Banco y con riesgo para él. Los depósitos al 10, al 12, al 15 o al 18, se convierten en préstamos del Ban­co nacional, al6 o al 8.

            El Banco particular sobrevive, cuando es po­sible, por las transfusiones de sangre que se ha­cen a costa del República. ¿Para qué entonces, mantener a ese Banco particular? ¿Por qué no convertirlo si es que la liquidación puede evitarse, en una institución claramente naciona­lizada, cuando ya la nacionalización en la prác­tica está consumada? Tanto más consumada si el República en lugar de ir derechamente a la liquidación, controla directamente la gestión del Banco en causa, y asume a través interventores o de directores especiales los aleas y ries­gos de la empresa.

            ¿Por qué confundir industrias con industria­les y bancos con banqueros? ¿A quién se trata de salvar? Salvar a los ahorristas y asegurar el  trabajo a los funcionarios está bien, es necesa­rio y exige o puede exigir sacrificios. Pero ¿por  qué empeñarse en salvar a los responsables del descalabro? Tampoco cabe confundir desgracia  en la gestión con gestión desgraciada y menos, si en ésta asoma el dolo. El agricultor castigado y por el granizo o la sequía merece protección. No la merece el que abandona el surco, no carpe y deja que las hormigas le devoren el plantío.

            El Banco es un servicio público y el dinero de los depositantes no puede utilizarse para financiar empresas de quienes lo dirigen.

• Cuando comentamos los siete últimos proyectos de reforma Agraria, señalamos que un  país ganadero y sin presión demográfica no pue­de  intentar esa reforma tomando como modelo a lo que se ha hecho o proyectado en países agrícolas.    

            Tenemos nosotros, Uruguay, en América La­tina y en el mundo una fisonomía propia, olvidada por la bibliografía, aun la de nuestro continente sobre el tema. Por razones obvias, desconocen nuestra especialísima realidad, los técnicos de Cepal y de Fao, para citar dos organizaciones de distinta raíz.

            Creemos que aquí el propósito no debe ser el de aumentar el número de propietarios. Por el contrario, podemos y debemos aspirar a que el propietario de la tierra sea uno solo: la nación o el Estado. Por tanto, no ha de buscarse la di­visión de la propiedad sino, a la inversa, su unificación. El logro de este objetivo, impuesto por razones que no sólo son económicas, se ve en nuestro caso, favorecido por las característi­cas de nuestra organización y de nuestra explo­tación. Nuestra organización de relativamente pocos  propietarios. Nuestra explotación, que no se aviene con la pequeña propiedad. También -¿porqué no?- la experiencia de los nuevos tiempos. Las unidades económicas de cierta ex­tensión pueden ser más rentables y eficaces que las unidades de menor extensión. Y en deter­minadas circunstancias por los capitales que exi­gen y los conocimientos técnicos que requieren, las únicas eficaces y rentables.

            Tenemos además la suerte, hemos dicho, de no contar, salvo en ciertas regiones con un pe­queño campesinado. No cometamos el error de crearlo artificialmente. Tenemos también la suerte, de contar con una población rural redu­cida. No cometamos el error de pretender au­mentarla. Las condiciones sociales y económicas están dadas en el país para una nacionalización más o menos, acelerada  de la explotación agropecuaria que a fin de cuentas, nos parece, sólo puede asumir dos formas: o la explotación directa por el Estado o la explotación en régi­men cooperativo que exige, no lo negamos, madurez y responsabilidad todavía no frecuen­tes en los participantes.

            Mucho puede hacerse desde ya, con muy po­co. Bastaría modificar la integración del Direc­torio del Instituto de Colonización para supri­mir la influencia funesta y anquilosante del 3 y 2; volcar a ese Instituto el producido íntegro de las detracciones; pagar las tierras expropiadas con títulos de deuda con sujeción al valor de los aforos. De las tres bases la última será la que más resistencia encuentre; pero debe tener­se presente:

• Que, y la repetida experiencia lo demues­tra, ninguna reforma agraria, que no ha de con­fundirse con promoción agraria, puede cumplirse si se pretende pagar el valor actual de las, tierras. Es la manera más eficaz e hipócrita de impedir toda reforma.
• Que ya la vieja ley de expropiaciones de 1912, establecía principio semejante. Disponía ella - aunque luego en este punto fue deroga­da en 1919 - que la cuantía de la indemniza­ción nunca podría ser superior al valor fijado a las propiedades empadronadas para. el pago de la Contribución Inmobiliaria con más un tanto por ciento de bonificación.

            Estas tres medidas de simple y breve redac­ción, nos parece que están indicadas por los hechos y que permitirán más que proyectos dilatados, verbosos e incoherentes, una transformación sustancial de nuestras estructuras agrarias.

• Sin perjuicio de volver sobre el tema, cabe decir que condiciones y circunstancias semejan­tes a algunas de las antes indicadas también apa­recen en el campo industrial. Referimos ya a la industria de la carne. Agreguemos que a nuestro modo de ver, otras seis industrias, por lo menos, tienen decisiva influencia en la economía nacio­nal de los capitales que emplean, el número de personas que ocupan y su viabilidad: la textil, la de aceites, la del azúcar, la de los tabacos, la de la cerveza y la de la goma. Las más de ellas -verbigracia la textil- viven de la protección en ciertos aspectos desmesurada que les acuerda el Estado.

            Las seis se desarrollan en régimen de oligopo­lio y en el caso del azúcar yde los tabacos, de la cerveza y de la goma, se acercan al monopolio. En cuanto puede preverse, la evolución acelerará la acumulación de capitales y la concentración. Estarán maduras esas industrias para ser nacio­nalizadas, nacionalización ya impuesta en algu­nos casos.

            El Uruguay del futuro será lo que deba ser y si no no será nada. Pero lo que hemos querido mostrar hoy, son algunas de las fuerzas que en el seno de nuestra confusa organización, preparan la sociedad del futuro. Este Uruguay, neblinoso yconfuso marcha por etapas que le serán pro­pias, según fórmulas que deben serle propias, hacia el socialismo.

            Las nacionalizaciones cumplidas revelan con todos sus errores yvicios, imputables fundamen­talmente a la organización política, el camino. Es­tas nacionalizaciones son irreversibles. Otras vendrán traídas por la necesidad. Aquí como en otros lados, la libre empresa ha muerto. Restos de ella sobrenadan. Nuestra tarea y la de los que vienen  es apresurar esas nacionalizaciones yromper previamente, el régimen corruptor e infecundo del 3 y 2, resabio de una concepción politiquera ymezquina que detiene el avance y ha frustrado yfrustra la gran empresa de liberación.           

            Nuestro camino revolucionario es el camino de las nacionalizaciones. Y al decirlo justo es recordar a Batlle que hace más de cincuenta años abrió ese camino. Vio, previó y realizó.   

Carlos Quijano - MARCHA, 2 de abril de 1965.