Ni suspicacia, ni ingenuidad por Dr. Jorge T. Bartesaghi

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         Sin duda el hecho político de mayor relevancia en los últimos días ha sido la interpelación que el Partido Nacional, representado por el Senador Dr. Carlos Moreira, realizare a los ministros de Economía y Finanzas Cr. Danilo Astori, y de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi.
El tema central, asociación del Estado con la empresa Leadgate para la explotación de las líneas aéreas de Pluna a través de una nueva persona jurídica “Pluna Sociedad Anónima”, su proceso de constitución, su funcionamiento y sus resultados, preocupaban desde hace mucho tiempo, al punto de determinar varios pedidos de informes, y reiterados llamados a comisión de los secretarios de estado para brindar explicaciones a las múltiples dudas que se presentaban.

         Los últimos acontecimientos que tomaron estado público, (cancelación de los vuelos a Madrid, incumplimiento del plan de negocios, iniciación de un proceso conciliatorio y resultados preliminares del primer ejercicio), hicieron inevitable ocurrir al instituto de la interpelación. Las explicaciones recibidas a través de los mecanismos utilizados hasta entonces, sólo ensombrecían un panorama de por sí bastante oscuro.

         En cuanto custodio de valores de correcta administración, y en la imposibilidad de contralor directo en la gestión de los entes comerciales, al Partido Nacional, -ante la comprobación de hechos constitutivos de gruesas violaciones jurídicas, y, por si fuera poco, la aparición de muy fundadas sospechas sobre procedimientos de dudosa cristalinidad-, sólo le quedaba el camino de la interpelación parlamentaria.

         Y lo hizo por lo alto, honrando las más caras tradiciones de nuestro partido.

         El senador Moreira relató con claridad meridiana y en forma aséptica (prescindiendo en lo posible de adjetivaciones innecesarias) los hechos constitutivos del proceso de asociación y posterior manejo de los negocios sociales, dejando al desnudo inconcebibles violaciones al orden jurídico que no pueden entenderse si no es a partir de motivaciones espurias.

         Ha quedado plenamente probado que se prescindió del ineludible proceso licitatorio en beneficio de una adjudicación directa, que tomaron posesión de la empresa antes de suscribir el contrato habilitante, que realizaron importantes actos de disposición (adquisición de aviones), que se hizo caso omiso del plan de negocios, que no cumplieron con los aportes prometidos, que los directores nacionales no ejercitan control alguno, y que, por si fuere poco, en este su primer ejercicio se perdieron U$S 27.000.000.

         Estos son simplemente hechos. Hechos comprobados fehacientemente por sólido respaldo documentario, y en algún caso, por expreso reconocimiento de los involucrados, como -por ejemplo- el que surge de las manifestaciones del presidente de Pluna vertidas en plena interpelación.

         No hay suspicacia alguna en cuanto este concepto refiere a sospecha o desconfianza de una situación ilegítima. Quizás la hubo en principio, hoy ya no la hay. Por la sencilla razón de que la sospecha y desconfianza han devenido en certeza absoluta de un manejo irresponsable de la cosa pública. Irresponsabilidad de grado tal que resulta imposible imaginar se corresponda con una actitud inocente.

         Si a todo ello agregamos la insolente postura y manifestaciones del entonces ministro Astori imputando al Partido Nacional intenciones desestabilizantes (“vaciamiento institucional”), la indignación que provocare supera los límites a los que nos tiene acostumbrados.

         El hoy pre-candidato Astori debe saber que la gente no es ingenua. Que advierte que un injustificado rechazo al instituto de la licitación pública, con toda la cristalinidad que esta presupone, en beneficio de una adjudicación directa a “recomendados”, de por sí sospechosa, da suficientes motivos de desconfianza en todo el proceso.

         Quienes así razonan no son suspicaces, simplemente no son ingenuos.

         También debe saber que la gente no olvida los beneficios excepcionales recibidos por los presuntos “inversores”, ni las cuantiosas pérdidas ya generadas, o las eventuales que resultarían del abandono del socio, ni tampoco las desproporcionadas garantías otorgadas.

         Es indudable que su fuerte no es elegir personas adecuadamente. Tanto se equivocó con Juan C. Bengoa y Orestes Gonzalez Braida, como ahora con Leadgate y Campiani.

         Si grave resulta la responsabilidad de los ministros Rossi y Astori en el manejo y custodia de los bienes que le son confiados, mucho mas grave aún ha sido la actitud del Frente Amplio, en cuanto partido de gobierno, oponiéndose a la instalación de una Comisión Investigadora que arroje luz sobre los hechos sospechados.

         El Partido Nacional no solicitó la cabeza de los ministros. No buscó un oscuro rédito político como pretendió imputarle el Ministro interpelado.

         Nada de eso. Exigió sí, ante la gravedad de los hechos imputados (que eventualmente pudieran devenir en el más grave hecho de corrupción que sufriere el país), y frente a las contundentes probanzas aportadas por el senador interpelante, se investigaren a fondo los hechos por una Comisión Investigadora de rango parlamentario.

         El esclarecimiento de la verdad es imprescindible para la reafirmación de nuestro sistema de gobierno democrático, republicano y representativo. Obstaculizarlo es atentar contra la confianza pública, verdadero y último sustento de nuestras instituciones.

         Por un principio ético elemental debió haber sido el propio Frente Amplio, como fuerza de gobierno, quien exigiere la creación de la Comisión Investigadora.
No lo hizo, es más, se opuso, impidió la investigación en la certeza de que “algo huele a podrido en Dinamarca”, y que ese tufo perjudicaría manifiestas pretensiones electorales.

         Mal hecho. Así no se defienden las instituciones. Tampoco se desactivan eventuales suspicacias. Es más, seguramente las convierten en sospechas muy fundadas.

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