Proteger las Instituciones por Dr. Francisco Gallinal

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         El pasado lunes 7 de abril, la Dra. Sara Bossio integrante de la Suprema Corte de Justicia, cesó en el desempeño de su cargo como consecuencia de haber accedido al límite de edad que establece la Constitución para desempeñar tan importantes funciones. A partir de entonces se abre un plazo de 90 días para que la Asamblea General del Poder Legislativo designe a su sucesora, en caso de alcanzar las mayorías necesarias o, en su defecto, accederá al cargo el Magistrado de mayor antigüedad.

         Pocas veces ha merecido tanta atención la sucesión de los integrantes de la Suprema Corte, como en ésta oportunidad. Es que aparentemente está en juego la definición de un problema nacional; si el impuesto a la renta a la persona física que pesa sobre las jubilaciones y pensiones se ajusta o no a lo que establece la Constitución de la República. En caso de no ajustarse, caería el impuesto para quienes que han presentado la acción de inconstitucionalidad. Nosotros creemos que necesariamente, esa definición se va a hacer extensiva a todos los pasivos del país, porque el gobierno no tiene otra alternativa que presentar y aprobar una ley que derogue el impuesto a los jubilados todos, sin excepción.

         Hoy la Suprema Corte queda con cuatro miembros, con cuatro Ministros; dos de ellos que han votado a favor de la inconstitucionalidad y dos, que lo han hecho en contra. Mientras no se llene la vacante, que aparentemente van a transcurrir los 90 días sin novedades, la Corte va designando por sorteo Jueces que ocupen ese quinto lugar y de allí que se especule, sobre todo por el gobierno, con la posibilidad que aparezcan fallos diferentes a los que hasta ahora ha emitido dicha Corte.

         Durantes todos estos días el tema ha ocupado el centro del escenario político; el Poder Ejecutivo ha jugado fuerte intentado presionar al Poder Judicial, cosa que ya había hecho antes cuando el Ministro de Economía se expresó en términos descalificantes respecto al Fiscal de Corte cuando este se pronunció, él también, a favor de la inconstitucionalidad. Se llegó incluso a acusar a la Dra. Bossio de defender intereses propios con su voto, en atención a que estaba por pasar a la categoría de jubilada. Acusación absolutamente inaceptable, proviniendo además del ámbito político. Con ese criterio nadie en este país podría decidir si el impuesto es o no inconstitucional porque mal que bien, todos estamos llamados a pasar a la categoría de jubilados algún día.

         Se ha hablado incluso de juicio político a Ministros de la Suprema Corte, sin señalar cuál sería la violación grave de la Constitución que se ha cometido, pero además con el evidente propósito de amedrentar o jaquear a quienes en estos días tienen decisiones tan importantes entre sus manos.

         Ahora bien, lo cierto es que ya estamos en presencia de una situación absolutamente injusta. De no tomarse acciones a nivel parlamentario, vamos a tener jubilados que continuarán pagando el IRPF, y vamos a tener jubilados que no lo van a abonar más y a quienes se les va a devolver lo que han pagado hasta la fecha. Si ahora aparecieran sentencias que declararan constitucional el impuesto, la situación, y la confusión, se agravan más todavía y mucho nos tememos que terminemos ingresando en un callejón sin salida.

         De allí que con tanto énfasis sostengamos en estos tiempos que no solamente el gobierno debe enviar la iniciativa y poner los votos para derogar el impuesto, sino que además debe hacer un esfuerzo por custodiar y proteger el prestigio de las instituciones, el prestigio del propio Poder Ejecutivo, y salir a defender la independencia del Poder Judicial acallando las voces que, día tras día, salen a cuestionarlo.

         El Poder Judicial tiene que salir fortalecido en su jerarquía de siempre, porque es la garantía de justicia y de convivencia bajo el Estado de Derecho que tenemos todos.  Y para que eso suceda necesitamos también del esfuerzo y del trabajo de todos.