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Año V Nro. 294 - Uruguay,  11 de julio del 2008   
 

 
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Raúl Seoane

Errarle al bizcochazo
por Dr. Francisco Gallinal

 
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         En el mundo se está procesando un triple shock: financiero, energético y alimentario.

         Por una parte, las dificultades en los mercados financieros, originadas a partir del desplome en el sistema crediticio estadounidense, han acarreado consecuencias en el campo real, reduciendo el crecimiento económico y sus perspectivas tanto en Estados Unidos como en otros países desarrollados. Esto tiene consecuencias sobre los demás, aunque en menor medida que en otras épocas, en virtud de que la globalización también ha permitido un mayor “desacople” entre las economías emergentes y las desarrolladas, y que en los últimos años el fuerte crecimiento económico se ha sustentado en la demanda de países como China e India.

         En segundo lugar, el aumento del precio del petróleo, que golpea a todos los países no productores y que genera efectos secundarios en numerosos campos, incluso el alimentario.

         En efecto, en tercer lugar se ubica la disparada en el precio de los alimentos que, si bien beneficia a los productores y exportadores, está complicando la lucha contra la pobreza y está empujando al alza la inflación en todas partes.

         Uruguay viene sufriendo especialmente el problema energético, en tanto hasta el momento no ha visto afectado su excepcional ritmo de crecimiento económico, y enfrentando presiones inflacionarias en las que convergen tanto la situación de precios mundiales como las políticas salariales que están deteriorando la competitividad y empujando la demanda interna.

         En nuestro país, en ancas de ese crecimiento económico inducido por condiciones externas, el gasto público ha experimentado un formidable incremento, que tememos raya en la imprudencia. Toda la recaudación adicional se gasta, en gran medida por compromisos políticos electorales con diversos gremios y corporaciones, y además, en este marco de prosperidad y disponibilidad de recursos, se ha aumentado la presión fiscal.

         Creemos, y así lo manifestamos desde que el Presupuesto fue presentado, y en cada Rendición de Cuentas, que se está cometiendo un serio error al gastar como si la riqueza fuera eterna y generar de esa manera importantes rigideces para cuando llegue el tiempo de las vacas flacas.

         Ante cada reclamo gremial, se agranda el “espacio fiscal”, para aumentos de salarios sin que en ningún momento se hable de productividad.

         Tememos que se le erró al bizcochazo, y que las consecuencias las pagaremos más temprano que tarde. Hubiéramos querido ver una combinación adecuada en el uso de los de recursos. Por una parte, la atención a los programas sociales, por otra, la disminución de los impuestos. También hubiéramos aspirado a reducir la deuda pública, que aumentó, y a desarrollar importantes obras de infraestructura. También hubiera sido interesante generar fondos financieros y colocarlos en el exterior, a manera de resguardo para los tiempos futuros.

         Pues bien, nada de eso ha ocurrido.

         Entretanto, a pesar de que el Ministro/Candidato habla de que la inversión aumenta, vemos que la relación entre Inversión y PBI se mantiene en el orden del 15 o 16%, al cual ya había llegado en los años 90. Incrementar esta relación a niveles de no menos del 20%, esencialmente por parte del sector privado, con proyectos generadores de valor agregado y una mejor articulación con la economía mundial, es la única salvaguarda para un crecimiento sostenido e importante, que no dependa exclusivamente de la mudanza de las condiciones externas. Para ello, el “clima de inversión” interno debe mejorar mucho (lo que exige una mayor consistencia entre la macro y la microeconomía) varios y, también, la actitud del gobierno y la organización institucional del país deberán ajustarse a las nuevas exigencias.

         En ese sentido es que hemos propuesto la creación de una nueva CIDE, centrada no como antaño en el estudio y el diagnóstico, sino en el impulso a la inversión productiva, concebido y ejecutado como una política de Estado.

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