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Año V Nro. 294 - Uruguay,  11 de julio del 2008   
 

 
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2012

 
Pablo Abdala

Ejemplos de improvisación
por Pablo Abdala

 
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         Que el gobierno conduce los destinos del país a los bandazos, no es novedad. Los niveles de improvisación gubernativa –curiosamente-, en lugar de atemperarse con el devenir de la gestión, sin embargo, se fueron incrementando. Podría haberse entendido que el inicio fuera turbulento, fruto de la falta de experiencia, si después las cosas se encaminaban en alguna dirección, compartible o no. Pero ocurrió sencillamente lo contrario: con el paso de las semanas, los meses y los años, independientemente de los resultados, es evidente que las idas y venidas se volvieron la constante, y la confusión aumentó.

         El fenómeno que describimos, por más que significó un proceso paulatino que empezó con el mismo gobierno, quedó de manifiesto en los últimos días a partir de la resolución de distintos temas que ocuparon la agenda política. En el curso de pocas jornadas, el Poder Ejecutivo demostró su veta especulativa con relación a tres asuntos, centrales para la suerte de la sociedad y la calidad de vida de la gente: la seguridad pública, la energía y la política de relaciones laborales.

         La Asamblea General dio aprobación definitiva, por unanimidad, a la ley de procedimiento policial. La importancia de que la policía cuente con herramientas adecuadas para reprimir el delito, y la circunstancia de que la norma recibiera el apoyo de todos los partidos políticos, podrían sugerir que la mencionada solución fue alcanzada sin dificultades, y que la conducta del gobierno resultó clara y coherente, pero no fue así. En verdad, se estuvo a punto de perpetrar una de las violaciones a la Constitución –y a las garantías individuales que la misma consagra– más flagrantes de que se tenga memoria (ingreso compulsivo a la morada en horas de la noche, sistema arbitrario de identificación de las personas, incomunicación de víctimas y testigos, etc.).

         Si el atropello no llegó a consumarse, fue gracias a la denuncia porfiada del Partido Nacional. Pero lo más absurdo de la historia, de ribetes tragicómicos, es que los legisladores oficialistas llegaron a convencerse de las trasgresiones constitucionales –y a reconocerlas-, pero igual las iban a votar. Con el pretexto de que la ley era necesaria, la afectación de derechos individuales era lo de menos. El fin justificaba los medios, y lo demás se podría corregir después.

         La misma semana que el Poder Legislativo sancionó el estatuto referido, el Ministro de Industria compareció a la Cámara de Representantes a explicar la política energética del gobierno (o bien, a responder por qué no la hay). Nadie puede negar, sensatamente, que los altos precios del petróleo, como los bajos niveles de hidraulicidad, generan un panorama harto complejo para el país, desde el punto de vista del abastecimiento de energía.

         Con la misma sensatez, resulta un hecho notorio que el Poder Ejecutivo nada hizo –más que esperar que llueva– por dar respuesta a la situación que le tocó enfrentar. Y que no se diga que heredó el problema de la anterior administración, porque bastaría con contestar que el actual ministro lo recibió intocado de su antecesor (del mismo gobierno). Lo real y concreto es que en este asunto también se improvisó: prácticamente nada sobre fuentes renovables, las empresas energéticas siguen como antes, los monopolios más férreos que nunca, y de la energía nuclear se habla con mucha cautela, porque hay diferencias ideológicas que anidan, ya no sólo en el gobierno, sino en el mismísimo ministerio.

         Dejamos para el final un nuevo capítulo de la política laboral, la que, como se sabe, ha sido durante este período un dechado de sorpresas, ilegalidades e incertidumbres. Poco antes de la reciente gira presidencial, el gobierno anunció que, por decisión del Presidente de la República, se desglosaría del proyecto de ley de negociación colectiva, lo relativo a las ocupaciones de los lugares de trabajo, lo que debía interpretarse como un gesto de buena voluntad hacia el sector patronal. Días después, desde Cuba, el propio Dr. Vázquez declaró que, además, derogaría el decreto que regula idéntico asunto, como si con aquello no hubiese sido suficiente, o como si en el primer anuncio se hubiera padecido algún olvido.

         Sin embargo, inmediatamente vinimos a enterarnos que el Procurador del Estado, en los juicios que iniciaron las Cámaras empresariales contra el decreto indicado, recomendó la anulación del mismo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ser violatorio de la regla de derecho y representar una extralimitación del Poder Ejecutivo. Esto, por supuesto, el Presidente no lo dijo, pero no es preciso ser adivino para darse cuenta que el gobierno procura curarse en salud. Que se apresura a derogar el decreto previendo un nuevo revés en la Justicia, como el que ya sufrió con el impuesto a las pasividades.

         El que se quema con leche, ve la vaca y llora. Curiosamente, algo parecido es lo que le ha pasado a la gente, pero con relación al gobierno. Se ha quemado con leche, y lo tendrá en cuenta en las próximas elecciones.

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