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Año V Nro. 355 - Uruguay, 11 de setiembre del 2009
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Superado el escollo del Congreso, al referendo de la reelección le quedan otros dos pasos bastante complicados de salvar: el concepto de la Corte Constitucional y si este es positivo vendrá la batalla por alcanzar una participación del 25% del censo electoral en las urnas. El debate que pudimos presenciar a su paso por Senado y Cámara produjo diversas reacciones. Para la bancada oficialista que cometió errores garrafales como el de la convocatoria a sesiones extras a última hora el 17 de diciembre, la impugnación al presidente de la Cámara y el miedo que se apoderó de su bancada, es un paso significativo. La Oposición política, liderada por liberales y polistas, apostó a hundir el proyecto por medio de argucias jurídicas dilatorias y apelando a la descalificación moral de los promotores y del gobierno. Esgrimió pobres argumentos, se quejó de que el presidente Uribe paraliza la campaña presidencial y se dedicó a deslegitimar el referendo desconociendo su origen popular acorde con mecanismos de participación consagrados en la Constitución. Las razones de fondo y de peso para desvirtuar la intención de las mayorías uribistas fueron ahogadas por la algarabía. La Corte Suprema de Justicia que intervino abiertamente en un tema que es de competencia de la Corte Constitucional al abrir investigación preliminar a los 86 representantes que aprobaron inicialmente el proyecto y que dio pie a que el debate político se judicializara, volvió a la carga con actuaciones judiciales contra congresistas acusados de tiempo atrás por nexos con paramilitares el día de la votación. A decir verdad, el Congreso es hoy una institución acobardada y la cenicienta de los tres poderes. El liberalismo y el Polo, una vez se vieron perdidos en su esfuerzo por derrotar el referendo, tejieron un manto de dudas sobre la manera como el Gobierno logró sacar del cementerio el cadáver de la reelección. Le habían cantado responsos al referendo, los de menos decían que era un paciente en trance de recibir los santos óleos. Sin demostrar nada, a punta de consejas, rumores y acusaciones mediáticas, trataron de quitarle legitimidad al proceso y una vez se sintieron perdidos acudieron a los jueces para resolver por medios jurídicos una batalla que perdieron en el terreno político. El broche de oro lo puso el ex-presidente Gaviria al asumir como propia la retórica del Polo, es decir, la del otro Gaviria, acusando a Uribe de dictador y refiriéndose a la democracia colombiana en términos propios de la extrema izquierda. La pobreza programática del liberalismo se puede constatar en el video promocional del favorito Pardo Rueda en el que se limita a criticar el referendo y la reelección sin defender sus tesis. Los precandidatos han salido tan grises y parcos que Gaviria habla más que ellos y da la impresión de ser el auténtico candidato. El espectáculo bochornoso de los liberales tiene una razón de ser: haber encarado una iniciativa popular, validada por más de cuatro millones de ciudadanos, como ilegal e ilegítima. Este punto de partida los llevó a librar el debate más en el terreno jurídico y moral que en el político. Acusaron a sus promotores de inmorales, sucios y antidemocráticos, como si no hubiesen tenido todas las garantías, todo el tiempo, todos los medios para expresarse y para actuar. De esa forma eludieron librar la batalla en el punto en que debe ser librada en caso de que la Constitucional dé el visto bueno: en las urnas. En más de una ocasión los precandidatos liberales y polistas dieron la impresión de estar derrotados y de sentirse minimizados ante el presidente Uribe. Según ellos, el presidente debe renunciar a una segunda reelección y despejarles el camino. El discurso programático de liberales y polistas y sus propuestas alternativas de gobierno ni se escucharon ni se conocen. El discurso de estos agrupamientos gira, indefectiblemente, alrededor de lo que diga o deje de decir, de lo que haga o deje de hacer el presidente Uribe. No se ven las propuestas alternativas para subsanar los graves males y desastres producidos, según ellos, por este gobierno. Es curioso que los argumentos más coherentes y brillantes contra la segunda reelección hayan salido de la pluma de columnistas que tienen un perfil más académico que político como Eduardo Posada Carbó y Jorge Orlando Melo y de otros como Enrique Santos y María Isabel Rueda que no necesitaron trazar un panorama apocalíptico para demostrar los inconvenientes de una nueva reelección. Ojalá en los días venideros el debate gane altura, se libre en términos políticos y de teoría constitucional y no se vaya a someter la Corte Constitucional a presiones, a chantajes y a forcejeos nacidos del prejuicio o de la presunción de ilegitimidad de los magistrados. En este punto del proceso no nos podemos dar el lujo de crear una atmósfera dudosa sobre este organismo. Todo lo contrario, debe imponerse un espíritu de acatamiento de la decisión que tome. Si es negativa, las fuerzas oficiales tienen el deber de buscar un candidato diferente al presidente, si es positiva, el gobierno debe brindar todas las garantías a la Oposición que a su vez tiene la obligación de hacer campaña pública con argumentos y no con la descalificación moral de los partidarios y de la democracia colombiana. © Darío Acevedo Carmona para Informe Uruguay
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