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Año V Nro. 355 - Uruguay, 11 de setiembre del 2009
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Salvo algunas áreas protegidas y los Parques Nacionales de Santa Teresa y San Miguel, es evidente que se viene acentuando anualmente la tala indiscriminada de montes nativos en el norte del departamento. Por un lado la demanda generada por los hornos, estufas y churrasqueras (uso domestico y fines industriales) determina durante el invierno una acentuada escasez de leña y una suba notoria de los precios. En contrapartida la proximidad del atlántico viene reclamando desde el siglo pasado la necesidad de fijar las dunas mediante plantaciones que no siempre son controladas por los organismos competentes. Por lo expuesto es evidente que está faltando o no se cumple con una política planificada que prohíba el exterminio de los montes nativos y en forma simultánea facilite la plantación de algunas especies en beneficio de la reforestación. Es evidente que muchas hectáreas plantadas y cuyo crecimiento supera los 5 años son devoradas por el fuego en pocos días para alimentar estufas y churrasqueras. Sin estadísticas oficiales a la vista es evidente que muchas hectáreas de madera son quemadas anualmente, amenazando la extinción de los montes nativos por falta de reposición. También los establecimientos agrícolas han contribuido al desmantelamiento de algunos plantíos con argumentos valederos en el plano económico y social. Integrantes de algunas organizaciones no gubernamentales han señalado que la necesidad de leña durante el invierno es la causa fundamental del desmantelamiento señalado, provocando un aumento significativo en los precios. Cabe señalar que existen leyes destinadas a proteger los montes nativos y planificar otras plantaciones las que lamentablemente no se cumplen como corresponde. La demanda genera precios competitivos sin tener en cuenta que también la vida humana está directamente vinculada a la existencia de los montes aludidos, evitando además la erosión y minimizando las inundaciones. La importancia del tema ha determinado que algunos países le otorgaran tratamiento constitucional como lo venían reclamando los grupos ambientalistas. Uno de los países cuya constitución dispone de un texto de avanzada en materia ecológica es Brasil que al margen de las leyes, dispone también de un código forestal que lamentablemente no siempre se cumple. De esta manera la diversidad de árboles y plantas está protegida por el texto constitucional que en todos los casos deberá fiscalizar fundamentalmente aquellas áreas declaradas como patrimonio nacional. Sin embargo es muy poco lo que se hace en materia de fiscalización, por lo cual mantienen el triste record de ser campeón mundial en materia de contaminación y agresión a la naturaleza. Señala el texto de la ley que “todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, debiendo preservarlo para las presentes y futuras generaciones. El artículo 262 establece que debe controlar la producción, comercialización y los métodos que signifiquen un riesgo para la vida y el medio ambiente. Promover además la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza, concientizando a la población sobre la preservación de la flora y la fauna. © Julio Dornel para Informe Uruguay
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