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Año V Nro. 355 - Uruguay, 11 de setiembre del 2009   
 
 
 
 
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Visión Marítima

 
Raúl Seoane

Una muy mala ley
por Dr. Francisco Gallinal

 
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         El parlamento termina de aprobar una ley llamada de “Descentralización” que no contó con nuestro voto. Desde luego, creemos profundamente, desde hace muchos años, en el concepto de descentralización, en la necesidad de otorgar a los Gobiernos Departamentales, a las distintas regiones del país consideradas en función de las características peculiares que las identifican y las separan de otras, capacidad de decisión y potestades para resolver por sí y ante sí problemas propios que nadie mejor que ellos están en condiciones de manejar. Asimismo, consideramos –y este es el elemento más difícil– que junto con ese traslado de facultades y de potestades se hace necesario otorgar también recursos económicos de disposición permanente que les permitan cumplir con ellas. De nada sirve dar una potestad a cualquier institución si cuando llega el momento de ejecutarla o de resolverla no dispone de la capacidad económica necesaria suficiente como para poder alcanzar los objetivos planteados.

         Actualmente, los Gobiernos Departamentales no se limitan a cumplir solamente con las obligaciones que les atribuye la Constitución de la República; por obra de las circunstancias, porque lo consideran necesario o porque a veces les significa un capital político, realizan tareas que –si bien pueden ser discutibles desde el punto de las competencias que se les asignan–, en muchos casos hacen un bien a la población del departamento y complementan la acción que el Gobierno nacional no puede desarrollar en toda su dimensión, ya sea a nivel de la enseñanza con el apoyo a las escuelas y a los liceos, o de las situaciones de emergencia con la asistencia a los sectores más carenciados a través de distintos instrumentos.

         ¿Esas competencias están entre las que se asignan a un Intendente Municipal? No, no están, pero si la “mano” del Gobierno Central no llega hasta allí, alguien tiene que hacerlo. En el transcurso de estos años lo han realizado los Gobiernos Departamentales, aunque quizás a veces eso se confunda con clientelismo político. Quienes hemos visto a los Gobiernos Departamentales trabajar en esa materia, quienes hemos tenido contacto con la población carenciada que accede a esos beneficios, quienes vemos la situación en que muchas veces se encuentran las escuelas públicas rurales y departamentales, nos damos cuenta de que está bien que realicen esa tarea. Es más, muchas veces se deben disponer nuevos recursos para llegar efectivamente a esos objetivos.

         Si hay algo que está fuera de discusión dentro del Partido Nacional es la necesidad de profundizar la descentralización, de manera tal de respetar y de entender las peculiaridades de cada una de las regiones del país y de los territorios que abarcan los Gobiernos Departamentales.

         En materia municipal existe una amplísima participación de la ciudadanía, porque en los diecinueve departamentos del país no sólo hay Intendentes Municipales, sino también Juntas Departamentales y Juntas Locales. En consecuencia, desde ese punto de vista y en función de las circunstancias por las que atraviesa el país, me parece que un tema es el de la mayor participación y otro diferente –que nada tiene que ver con más participación y democracia– es el de tener más instituciones, más órganos, más burocracia y más cargos.

         En el Uruguay, en el acierto o en el error, mucha gente se cuestiona si está bien tener diecinueve administraciones municipales. Entendemos que eso es así y que es una realidad muy difícil de cambiar, pero creemos que seguir avanzando y creando nuevos órganos va a confundir competencias y a generar enfrentamientos. Nos parece que este no es el momento ni el camino correcto para hacerlo; al contrario, se podrían buscar otras formas, a través de las instituciones ya existentes, de fortalecer los ámbitos de participación ciudadana.

         Más aún, la Constitución de la República, en su nueva formulación, no obliga a la creación de esas autoridades locales; se trata de una potestad que el constituyente da al Parlamento. Por eso nos parece un grave error ésta nueva ley mal llamada de “descentralización” que crea cargos, que crea burocracia, que genera gastos innecesarios, que atenta contra el sentido de pertenencia nacional.

© Dr. Francisco Gallinal para Informe Uruguay

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