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No preguntes lo que tu país te puede dar, sino lo que tú puedes darle a él.
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Año V Nro. 377 - Uruguay, 12 de febrero del 2010 |
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Hay que revisar la Política de Seguridad Democrática (PSD). Ha sido un una extraordinaria estrategia durante siete años, con éxitos evidentes, pero el adversario se ha adaptado para sobrevivir. El modelo se agotó. Una demostración de ello fue el modus operandi de las FARC para llevar a cabo el brutal asesinato del Gobernador del Caquetá, sumado a las explicaciones dadas por este grupo insurgente al justificarlo. El punto neurálgico de esta discusión no está en la estrategia militar o de inteligencia, ni en las recompensas que les den a los informantes. Está en los mecanismos para castigar a los culpables y esos mecanismos no pueden ser diferentes a los que puede y debe ejercer nuestro sistema de justicia. El gobierno colombiano deberá entender, y hacerle entender a la comunidad internacional, que el conflicto colombiano no se reduce a un fenómeno estático sino variante, y requiere de un permanente estudio y uso de nuevas tácticas, aunque sin sacrificar nunca la subordinación de todos al imperio de la ley. Esas tácticas deberán concordar con un sistema de justicia eficaz capaz de garantizar la estabilidad, no solo en épocas de conflicto sino también en la etapa de post-conflicto. En materia judicial el reto es enorme y el fin último deberá ser evitar, a toda costa, la impunidad. Es por ello que nuestro Estado colombiano, representado por el gobierno de turno, cualquiera que éste sea, no deberá dejarse convencer por presiones políticas a la hora de buscar la paz. Las dos condiciones irrenunciables son éstas: los delincuentes deberán pagar por sus delitos y las victimas deberán recibir alguna suerte de compensación material y moral para garantizar una adecuada clausura de los ciclos de violencia. Gracias a la PSD, en 2002 las FARC se vieron obligadas a volver a la llamada “guerra de guerrillas”. Ese cambio fue un retroceso estratégico para los subversivos. En 1996 ya habían pasado a la llamada “guerra de movimientos”. Estaban prácticamente a la ofensiva. Además, a partir de marzo de 2008, con la muerte de Raúl Reyes, las FARC sufrieron un importante repliegue político. La PSD las estaba golpeando contundentemente. ¿Qué peligros trae la nueva estrategia de las FARC? Según expertos en esta materia, las FARC han identificado al menos tres prioridades para lograr lo que podría llamarse su “re-despliegue” y así enfrentar las tácticas implementadas con la PSD: a) capacidad ofensiva militar, b) estrategia política, y c) profundización en la organización de las masas. Para mantener su capacidad ofensiva militar, las FARC han utilizando tácticas como refugiarse en los territorios fronterizos de Ecuador y Venezuela, la utilización de minas antipersonales, buscar alianzas con otras organizaciones al margen de la ley y recurrir a tácticas de dispersión, entre otras. En lo que tiene que ver con su estrategia política, este grupo guerrillero hoy está conformando la llamada COMINTER, cuya tarea principal es y será la búsqueda de un estatus de beligerancia que legitime sus acciones, lo que los obliga a mejorar de imagen. Así mismo, dentro de su estrategia política no sería una sorpresa para nadie que, amparándose y aprovechando el clima ideológico en la región, hablen nuevamente de intercambio humanitario. A través de la propuesta de un intercambio humanitario, las FARC buscarían obtener una ventaja político-estratégica por medio de la manipulación moralmente contradictoria de las víctimas y sus familias, enfrentadas a una supuesta intransigencia del gobierno, creando un clima favorable para dicho intercambio o, por lo menos colocando al Estado en una supuesta posición guerrerista. Existen personas, organizaciones, e incluso países, interesados en apoyar a las FARC apelando al argumento del intercambio humanitario. Es la manera menos costosa, desde el punto de vista político, de apoyar a las guerrillas narcoterroristas. ¿Y cuáles resultarían ser los efectos? Distorsionar la verdad, minando la posibilidad de contar con la solidaridad política y material de otros Estados hacia el gobierno colombiano, el rechazo a sus políticas contrainsurgentes y antinarcóticos, y con ello endureciendo cada vez más la agenda en materia de derechos humanos. Por otra parte, lamentablemente, junto a esa hábil maniobra, la existencia de los paramilitares, la evidencia de la puesta en práctica de ejecuciones extrajudiciales e interceptaciones telefónicas ilegales por parte del Estado colombiano, les facilita bastante el trabajo a los cómplices y seguidores de las FARC. La importancia de apelar a un acuerdo humanitario ha sido una vieja estrategia política de las FARC. Desde que tomaran prisioneros militares en los ataques masivos de 96-98 y luego con el secuestro de civiles, sobre todo de políticos, han utilizado esta táctica desde fines de los 90. Les ha dado resultados. El primero de esos intercambios fue con la liberación de los 60 soldados capturados en la toma de Las Delicias, para lo cual buscaron participación internacional, orquestaron manifestaciones aparentemente espontáneas a favor de la paz por parte del campesinado local, e hicieron todo lo posible para mostrar que pudieron tomar rehenes y tratarlos según lo establecido en el Protocolo II de la Convención de Ginebra, protocolo sobre el cual han basado la búsqueda del status de beligerancia. Consecuentemente, si bien la muerte de Reyes contribuyó a que hubiera una mayor comprensión por parte del gobierno nacional sobre las estrategias de las FARC a lo largo de los años, así como de sus tentáculos internacionales, lo que lo llevó a reformular su estrategia diplomática para contrarrestarla, este grupo guerrillero mostró una gran capacidad para sustituir a Reyes rápidamente con otras personas ya formadas en trabajo internacional y con casi todos los contactos pertinentes, como Rodrigo Granda e Iván Márquez. También es importante entender que ha habido una transformación de la estructura internacional de las FARC en los últimos 8 años. Han pasado de un sistema jerárquico a uno de red como resultado de cambios hechos tanto en materia tecnológica como de estrategia política. Esto se ha logrado a través de dos mecanismos: un mayor uso de la web por un lado, y por otro, apoyándose en ONG´s de solidaridad jurídicamente menos vulnerables y menos dependientes de un poder centralizado. Así las cosas, la actividad internacional de las FARC en términos generales, hay que integrarla completamente con el análisis de la estrategia de las FARC en Colombia. Es importante subrayar que mientras el espacio operacional de la guerra en Colombia se limita al territorio colombiano, su espacio estratégico es internacional. Sabiendo esto, uno se pregunta: ¿qué quieren las FARC fuera de Colombia, si lo que supuestamente quieren es la toma del poder? La respuesta, evidentemente, sería que buscan algo que va mucho más allá de un estatus de beligerancia. Buscan por ejemplo: recursos materiales, sean estos logísticos (víveres) o financieros (narcotráfico); recursos militares o patrocinio a gran escala para comprarlos, sobre todo mísiles tierra-aire; recursos políticos a través de ONG´s de solidaridad o apoyo directo a las FARC; recursos territoriales, los cuales pueden ser utilizados militarmente como base para movilidad o ataques a poblaciones o a las fuerzas militares colombianas. Utilizando el ejemplo de las FARC, resulta fundamental hacerle entender a la comunidad internacional la complejidad de la situación colombiana frente al conflicto armado. El levantamiento de la salvaguarda que Colombia tenía con la Corte Penal Internacional a partir de noviembre de 2009, resulta ser de vital importancia siempre y cuando ésta solo intervenga para apoyar y sirva como complemento a nuestro sistema de justicia y no como sustituto. Dicho apoyo complementario deberá ir encaminado tanto para hacerle pagar sus delitos cabalmente a los victimarios, como para ayudar a reparar justamente a las víctimas del conflicto. Fuente: Cadal
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