¿PERDEREMOS DERECHOS CONSOLIDADOS? I

por Graciela Vera Periodista independiente

Estábamos acostumbrados a que nos dijeran que teníamos derechos pero nadie hiciera nada por consolidarlos.

Durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti el tema pasó casi desapercibido, luego en los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, el asunto se reflotó pero no se apuntaló, por el contrario se aceptó negociar algo que ya es nuestro.

Podemos sí, decir que en la Administración Lacalle se dio otro paso hacia adelante con el Tratado de 1992 que ratifica el de 1870 dándole fuerza al primero y salvando algunos vacíos que éste había dejado.

La llegada de Tabaré Vázquez al 7º piso del edificio Libertad, nos pareció algo así como un gran plumero que sacudía el polvo de muchas carpetas y entre ellas le tocó el turno al legajo del Tratado Reconocimiento, Paz y Amistad acordado entre España y Uruguay en 1870.

Aplaudimos porque por primera vez no se hablaba de llegar a acuerdos sino de reivindicar derechos consolidados.

Más de 20 sentencias favorables de Tribunales Superiores de las Comunidades, una del Tribunal Supremo de España y una sentencia sin precedentes del Tribunal Supremo de Baleares cuyo alcance aún se está dilucidando por las autoridades del Consulado uruguayo en las islas, a más del apoyo de organizaciones obreras españolas son legitimidades que no podemos tirar por la borda.

El Tratado de 1870 está vigente y el Gobierno español, después de negarlo reiteradamente no ha podido continuar engañándose a sí mismo y lo ha admitido.

Los Convenidos firmados por España con la Unión Europea no son tan intransigentes como pretende dar a entender la Administración; permiten que los países miembros respeten los Tratados firmados con terceros países con anterioridad a su admisión en la UE.

No podemos dejar que nos engatusen, ya crecimos y no pueden cambiarnos un caramelo por una caja de bombones.

Niegan nuestros derechos pero intentan hacer desistir de su permanencia en España a los uruguayos que están en la península incentivando su retorno a Uruguay. Ninguna asociación de uruguayos lo aceptó, pocos son los compatriotas que quieren retornar en este momento y con estas condiciones.

No nos dejan salir de los aeropuertos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 que 'toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado'; los mismos que hoy hacen retornar a muchos uruguayos parecen ignorar este derecho internacional y, si además del derecho universal invocamos el también legítimo del Tratado de 1870, la situación no es más que una patochada de la que no nos han dado satisfactoria respuesta.

Otra aberración es el que ser uruguayo amparado por un Tratado Internacional y tener sangre española, legada por padres y abuelos no sea suficiente para entrar a este país por la puerta grande. Los nietos de españoles deberán convivir un año en España antes de que se les conceda el derecho a optar por la ciudadanía.

Y ahora, como si estas necedades no fueran suficientes, pretenden hacer un inventario como si quienes estamos en este país fuéramos mercancía, y nuestras autoridades se callan porque proponen analizar caso por caso la situación de los uruguayos ¿Por qué el silencio?

No puede haber caso por caso, permitirlo sería tanto como desandar lo ya andado.

Caso por caso ya se examinan normalmente todas las solicitudes realizadas por extranjeros de cualquier nacionalidad.

Podemos pensar que los uruguayos, como inmigrantes, que reconocemos con orgullo que lo somos, escapamos de la categorización de 'mano de obra barata'. Los uruguayos cuando emigramos lo hacemos con el propósito de elevarnos económica y socialmente. Pero lamentablemente no siempre lo conseguimos y esa esperanza no es la realidad más común.

Reclamamos ser considerados tan uruguayos como españoles. Nacidos en un país; viviendo, trabajando y contribuyendo en otro y sin renunciar a los derechos y aceptando los deberes que nos corresponden en cada uno.

Así somos los inmigrantes uruguayos. Y exigimos a las autoridades uruguayas que defiendan nuestro derecho a dejar de ser un número conflictivo en una planilla de la Dirección de Migraciones.

Queremos vivir y trabajar aquí, sin condicionamientos, libremente, con todos los prerrogativas constitucionales.

Después de una larga espera que agotó todos los plazos previstos, se reunió en la última semana de abril la Comisión de Alto Nivel para analizar la vigencia del Tratado.

¿Contentos?, sin duda el Gobierno del reino sí lo está pero los uruguayos, al menos los que vivimos aquí y palpamos la realidad diariamente no podemos sentirnos felices.

Resulta ser que en la reunión en la que participaron el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Bernardino León y el secretario general de la cancillería uruguaya, José Luis Cancela, se estudió como salir del paso; ya lo hemos dicho, un recuento de uruguayos indocumentados en España y el estudio de cada caso por parte de la Administración española que se comprometió a tratar de facilitar la documentación al mayor número posible de inmigrantes uruguayos.

Algo inadmisible. Y este absurdo es lo que el representante de nuestro país consideró como 'reunión muy positiva'.

Si hasta la información que se brindó del hecho parece ridícula.

La Comisión se formó para estudiar la vigencia del Tratado de 1870. El representante español reconoce que está vigente.

Después de años de lucha, se reconoce la vigencia y nuestro representante, en quién pusimos todas las esperanzas ¿buscó acaso como reforzar esta situación?

Seguimos aceptando medias verdades.

La validez del Tratado de 1870 parece haber sido un tema menor. Quizás porque a España no le interesa que se trate.

No queremos pensar que los inmigrantes uruguayos han sido nuevamente traicionados.

¿No sabe nuestra Cancillería que no queremos otro acuerdo?, que ya tenemos el que pretendemos revalidar.

Los uruguayos en España, sus asociaciones, los que estamos legalmente aquí y los que necesitan legalizar su situación rechazamos un acuerdo similar a los que España ha firmado con Chile y Perú.

Para residir en España los nacionales de estos dos países necesitan, después de realizado el nuevo acuerdo, probar un contrato laboral o conseguir una visa. Ambas cosas no resultan de fácil obtención y dificultan el otorgamiento de papeles de residencia.

El Tratado de 1870 nos exime de ello. Actualmente tenemos derecho a residir, ejercer libremente nuestros oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles. La legislación nos ampara.

Quizás antes de aceptar los espejitos de colores debamos ir a Tribunales Superiores. ¿Acaso más de doce mil uruguayos pasando penurias en España no merecen el mismo tratamiento que dos plantas de celulosa?

Por supuesto que no todo está perdido.

Ante las muchas sentencias validando la vigencia del Tratado de 1870, la Administración española ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la Administración asegura que va a respetar lo que éste decida.

Las sentencias judiciales han sido hasta ahora favorables a las expectativas uruguayas. No tenemos porqué pensar que esta vez será diferente.

Almería, en el sur del norte, mayo 11 de 2006