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El conflicto con Uruguay:
Según el defensor de la Corte Penal, Hofft cree que no prosperará el pedido ante La Haya para "parar" las papeleras
El especialista en Derecho Internacional es defensor en el Tribunal Penal de La Haya. Cree que Argentina se apresura con su demanda ante la Corte Internacional. También piensa que el gobierno tendría que informar bien sobre los costos y riesgos que tendría esta acción
La presentación que el gobierno nacional planea hacer la semana próxima ante la Corte Internacional de La Haya por la construcción de las plantas papeleras de Fray Bentos podría arrojar cualquier resultado. Incluso uno desfavorable a las pretenciones de la Argentina. Y esto es algo que el gobierno está "obligado" a informarle a la opinión pública, sostuvo el especialista en Derecho Internacional y actual defensor del Tribunal Penal de La Haya, Eduardo Hooft.
En su opinión, los ciudadanos deberían estar al tanto de las múltiples derivaciones que podría tener para el país una acción de este estilo y, sobre todo, de la posibilidad de que la demanda fracase total o parcialmente.
Hofft admitió no estar de acuerdo con que el país litigue ante la Corte Internacional ya que -según cree- el caso no reúne los requisitos para que esto sea así y consideró que el gobierno, antes de apelar a esta instancia, debería haber agotado la vía diplomática o tendría que haber recurrido junto a Uruguay a un arbitraje.
"Este es un problema de naturaleza técnica y no de derecho internacional", sostuvo.
Según se supo hasta ahora, la Cancillería prepara un escrito denunciando que Uruguay no respetó el Estatuto del Río Uruguay, que en su artículo 60 obliga a informar y a consultar a la Argentina sobre el uso de las aguas compartidas. Y, a la vez, solicitará que se le dé curso a una medida cautelar para que se ordene parar las obras de las dos plantas de celulosa.
- ¿Cree que es procedente llevar este tema a la Corte de La Haya? -le preguntó a Hooft LA CAPITAL.
- En primer lugar quisiera aclarar algunos puntos. El primero es que Uruguay es un Estado soberano y que por lo tanto tiene derecho a permitir que se hagan las obras. El único límite es el riesgo de provocarle un grave daño al vecino. En el caso de río Uruguay hay un estatuto de manejo común firmado en 1975 y una doctrina de uso solidario del agua por parte de ambos países. Es por eso que se puede llegar a La Haya, porque el estatuto de manejo del río prevé que ésa sea la última instancia para dirimir controversias.
- Entonces, ¿le parece bien o no que se recurra a La Haya?
-Yo estoy en contra porque no está agotada la etapa de la negociación y porque la Corte puede fallar en contra de la Argentina. Esto es algo que la gente debe saber. El hecho es que no está comprobado el daño que puedan causar las plantas. Argentina puede argumentar que se violó el Estatuto del río Uruguay, porque no nos habrían informado y consultado sobre las obras. Pero otra cosa que la gente debe saber es que si en La Haya se resuelve que esto fue así, tal vez se considere que con la sola admisión de este hecho el daño estaría reparado.
- O sea que con una simple disculpa de Uruguay este punto quedaría resuelto para la Corte
- Exactamente. Con que Uruguay reconozca y pida disculpas por no haber informado suficientemente a la Argentina el tema quedaría agotado.
- Otro aspecto de la presentación tendrá que ver con un pedido de paralizar las obras. ¿Le parece que los jueces darían una respuesta favorable a esto?
- No sé si es correcto que Argentina quiera paralizar obras por un bloque de cemento que aún no causa ningún perjuicio. Hay un criterio que es el de la tolerancia de la vecindad. No se puede imponer la limpieza absoluta del río. Las cargas de vecindad surgen de vivir en sociedad. El fundamento de toda demanda es el perjuicio sensible para la otra parte. Si no lo hay, las obras pueden realizarse y se pueden poner en funcionamiento. El instante decisivo es el de funcionamiento. La Corte jamás va a entender sobre lo que pueda pasar. Ningún tribunal de justicia actúa ante casos hipotéticos. Nadie le plantearía a un juez que el vecino va a traer dos perros y que lo van a despertar a la noche con sus ladridos. Es un ejemplo tonto, pero en el orden internacional está claro que Argentina no podría demandar hoy a Uruguay diciendo que dentro de dos años se va a empezar a contaminar las aguas y a generar mal olor. Si la demanda fuera para obligar a Uruguay a que dé más información es viable, pero para eso no es necesario ir a La Haya. Pero si la intención última es paralizar las obras estamos condenados al fracaso.
- ¿Por qué cree eso?
- Mire, sólo dos veces la corte de La Haya hizo lugar a medidas cautelares y vea la magnitud de los casos: el genocidio de los serbios y montenegrinos en perjuicio de los musulmanes de Bosnia-Herzegovina y el otro caso fue haber impedido la ejecución de 53 mexicanos en Estados Unidos sin dar intervención al cónsul de México. Hay que comparar la magnitud de estos casos con el tema que nos ocupa ahora. Para dictar una medida cautelar se requiere un peligro inminente o presente, grave e irreparable. Acá no sabemos a ciencia cierta si hay un peligro inminente y si lo hay, si será grave o irreparable.
- Entonces mientras no haya un daño concreto no habría margen para una respuesta favorable al pedido de paralizar las obras.
- Hoy no sabemos si habrá o no habrá contaminación. Y si la hubiera, desconocemos su gravedad. Si es cierto que Botnia va a usar la misma tecnología que usa en Finlandia, yo no tengo ninguna duda de que la Corte va a desfavorecer a Argentina. La gente también debe saber cómo está compuesta la Corte. En estos momentos hay una jueza inglesa, que es la presidente, y en su país hay plantas de celulosa que trabajan con esta tecnología. Este es un problema técnico y no un problema de derecho internacional. Acá no estamos hablando de determinar fronteras o de asignar territorios. Es una discusión de ingenieros químicos y ambientalistas que tienen que decir si hay o no contaminación y, si la hay, en qué medida.
- ¿Entonces se podría decir que este conflicto es muy poca cosa para la Corte de La Haya?
- Por supuesto. Argentina argumenta que Uruguay no quiere brindar información. Yo no sé qué se ha hecho, pero no me he enterado de que Kirchner haya invitado a Vázquez a crear un tribunal de árbitros peritos especialistas para que dictamen algo al respecto. Yo le digo a los gobiernos: '¿por qué no nombran a tres expertos que analicen el tema y hagan un dictamen?'.
- ¿Cree que hay alternativas antes de recurrir a La Haya?
- Sí; como ya le dije, se podría ir a una pericia arbitral hecha por expertos, ni argentinos ni uruguayos, para que hagan un dictamen. Uruguay y Argentina pueden acordar que sea vinculante o no. Tal vez sería prudente decir que no sea vinculante, pero ésa es la antesala de La Haya.
- ¿En la región no existe otra instancia a la que recurrir, dentro del Mercosur o la OEA?
- No, no hay otro tribunal. Uruguay insiste con el Mercosur pero para gestiones políticas. El sistema de arbitraje del Mercosur es el del Tribunal Permanente de Revisión que entiende en cuestiones comerciales. No tiene previsto tratar temas como el de las papeleras.
- ¿En cambio Uruguay sí podría recurrir al tribunal del Mercosur por los perjuicios causados por los cortes de ruta en Gualeguaychú?
- Eso sí. Uruguay puede hacer un planteo en el Mercosur porque se está obstruyendo la circulación de personas y de mercaderías, garantizadas por el Tratado de Asunción. Con este tema también existe la posibilidad de demandas de terceros estados como Chile ante La Haya o de parte de las mismas empresas afectadas.
- El gobierno está haciendo de este tema una causa nacional, de hecho el Presidente planea encabezar un gran acto en Gualeguaychú el viernes. ¿Esto favorece las cosas?
-Me parece que es un error que ya hemos padecido con el tema del Beagle. Ese era un conflicto mucho más grave, y el gobierno militar había exacerbado a la opinión pública, convenciendo a los argentinos de que éramos dueños de las islas del canal. Lamentablemente, si se estudia la cuestión, la Argentina no era la dueña de las islas.
- A pocos días de que el gobierno recurra a la Corte de La Haya ¿qué debería saber la opinión pública?
- El gobierno debería informar los posibles resultados de este juicio y plantear claramente cuál es la sustancia del reclamo. Una cosa es reclamar información de parte de Uruguay y otra muy distinta es pedir la paralización de las obras. Yo creo que esto último no va a tener éxito. Por eso el gobierno tiene que informar qué costos tiene ganar o perder el proceso; informar a quién va a designar como juez a doc; si va a ir a la sala sumaria o plenaria y si va a la sumaria a qué jueces propondrá para que la integre. El gobierno tiene que hacerle saber a la población que esta sentencia es la última instancia en en ámbito de Naciones Unidas y que habrá que respetarla.
Cómo funciona el proceso
Qué es y cómo funciona la Corte Internacional de La Haya son datos claves para comprender cuál podría ser el destino de la demanda que la Argentina presentaría la semana que viene contra Uruguay por el conflicto de las papeleras de Fray Bentos. Según le explicó a LA CAPITAL el abogado marplatense Eduardo Hooft -defensor de la Corte Penal de La Haya- el organismo está compuesto por jueces designados a través de la ONU cuya independencia de los gobiernos "es total". La Corte Internacional, explicó, sólo entiende en controversias entre estados y, en el caso de las papeleras, Argentina recurrirá a ella porque así está contemplado en el estatuto de manejo común del río Uruguay.
- ¿Quién integra la Corte Internacional de La Haya? -le preguntó LA CAPITAL.
- Es una corte internacional, integrada por jueces elegidos en la ONU que no responden a los gobiernos. Por eso hay que sacarse de la cabeza la idea de que se podrá negociar con los países. Es una Corte aséptica, que no responde a ningún país.
- ¿Y cómo se inicia un juicio en este tribunal?
- Como todo juicio. Cada país tiene sus abogados, que son agentes, que hacen los alegatos y hay audiencias de prueba. Acá se va a decidir por la prueba pericial. A su vez cada uno de los países en litigio puede proponer a un juez a doc para que se sume a la Corte. El organismo está compuesto por 15 jueces de distintas nacionalidades y además en este proceso se podría sumar uno más por Argentina y otro por Uruguay.
- ¿Y ese juez que se sumaría por nuestro país, defendería los intereses de la Argentina?
- Teóricamente no debería responder a su país. La historia de los jueces a doc indica que siempre fallaron a favor de sus estados. Hay un solo caso en el que una jueza votó en contra del país que la había designado. Pero en ese caso representaba a Túnez en un conflicto con Libia, pero ella era francesa. Es el único caso en el que una jueza votó en contra del país que la propuso. Esto nos indica que Argentina, si quisiera, podría pedirle a un chino, ruso o japonés para que sea juez. No es un abogado de parte, sino un juez que juzga con criterio de justicia.
- Una vez que está hecha la demanda, ¿qué pasa?
- La Corte analiza si cumple con las formalidades y la trata.
- ¿Y quién la trata?
- Se puede optar por una sala sumaria integrada por 5 jueces, que es como un juicio abreviado más rápido que el tradicional. Si no lo trataría el plenario, integrado por los 15 jueces de la Corte, más los dos que pudieran designar Uruguay y Argentina.
- No se sabe cuál de las dos opciones tomaría Argentina.
- Eso es algo que no se conoce. Si se eligiera la sala sumaria, no se podrían designar jueces a doc. Esto es así porque las partes pueden elegir a los 5 jueces de los 15, volcando así el perfil de su composición.
- ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que la Corte atienda el tema y dicte una sentencia?
- Dos años o dos años y medio. Es más rápido que un juicio de desalojo en la Argentina. También puede haber defensas preliminares que alarguen la cosa dirigidas a cuestionar la competencia de la Corte en el tema.
- Una vez que sea dictada la sentencia, ¿hay margen para no cumplirla?
- Si fuera así sería una barbaridad. No hay un solo caso en el que un estado no haya cumplido con la sentencia. El país quedaría alzado contra la comunidad internacional.
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