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Año IV - Nº 255
Uruguay,   12 de octubre del 2007
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Luis Alberto Lacalle Herrera

Reformas y ajustes constitucionales

por Luis Alberto Lacalle Herrera
 
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            Cuando estos temas se plantean desde personas o sectores de relevancia, es preciso tomarlas en cuenta y analizarlas.

            El nuestro es un país que ha practicado siempre un activo criterio reformista respecto de su Constitución. Por lo menos seis veces se han modificado aspectos importantes de nuestra ley fundamental, especialmente en lo que tiene que ver con la organización del ejecutivo, la cual hemos transformado de todas las maneras imaginables. Por supuesto que paralelamente y al influjo de las tendencias mundiales, hemos incorporado institutos relativos a la economía, a la planificación económica y a la consagración de nuevos derechos. Hasta la integración continental ha encontrado un lugar en los 332 artículos de un texto por demás frondoso y que muchas veces legisla sobre buenas intenciones que no se manifiestan en la vida real. Las circunstancias político-electorales se han reflejado en materia de lemas y de sistemas de votación.

            Es una tendencia nacional que se concreta en un alto grado de respeto por el cuerpo principal de nuestra legislación combinado con una tendencia a buscar en él la solución para los males, reales o aparentes, de nuestra sociedad.

            Casi diríamos que en forma inevitable, renacen diversos impulsos en ese mismo sentido. Cuando aún faltan dos años para las elecciones, se han levantado voces sugiriendo una y otra reforma, una y otra formulación con el carácter de novedad. Creemos que cuando estos temas se plantean desde personas o sectores de relevancia, es preciso tomarlas en cuenta y analizarlas sin descalificación previa, cosa que no obsta a la posición contraria a las mismas. Ni que decir que así debe ser si alguna de las propuestas es incorporada como propia tanto por parte de las fuerzas políticas como del propio gobierno.

            Así es que en estos años han surgido iniciativas de distinto porte e importancia que vale la pena analizar. En algunos casos se trata de planteos profundos, trascendentes, en otros de meros ajustes. Utilizamos este término sabiendo que no tiene virtualidad legal, que cambiar una coma o todo un capítulo de la Constitución constituye siempre una reforma y que para ella -grande o chica- se debe acudir al art. 331, único mecanismo aceptado por el propio texto. Pero nos parece que la distinción entre reforma y ajuste puede servir para ilustrar nuestro razonamiento.

            La primera reforma sugerida fue de una gran importancia, una reforma con mayúscula, al tratarse nada menos que de la reelección presidencial. Parece hoy haber muerto ese propósito o por lo menos haberse aplacado el entusiasmo de sus patrocinadores, en gran parte debido a la acertada posición del Presidente de la República que ha reiterado su opinión contraria a la misma.

            Pero ha habido otros planteos. De parte de un jerarca y dirigente político de importancia como es el Sr. Enrique Rubio, se ha ingresado en el campo reformista con tres o cuatro iniciativas. La del voto consular y la de la eliminación de la segunda vuelta en la elección del Presidente son verdaderas reformas. Ni una ni otra son aceptables de nuestra parte. En un país en el que el ciudadano con credencial de Canelones que se encuentre en Artigas el día de la elección está impedido de votar, no puede comprenderse como se habilitaría a hacerlo al que vive en Australia, lejano del ambiente en que se vota y ajeno a las consecuencias ulteriores de su voto. El mecanismo de lograr una elección de primer mandatario apoyado por una mayoría absoluta, seguimos creyendo que es bueno, pues otorga, desde el comienzo, a ese ciudadano una base de apoyo popular que lo convierte en el verdadero presidente de la auténtica mayoría de los ciudadanos. Es el presidente querido por la mayoría y por ende representante real de un sentir popular.

            Entre las propuestas del Sr. Rubio, algunas caben en nuestro concepto de ajuste constitucional. Por ejemplo el votar en un mismo día las autoridades nacionales y las departamentales, con posibilidad de combinar votos a favor de distintos partidos. Creemos que ahorrar al país seis o siete meses de campaña electoral es bueno bajo todo punto de vista. Bastante largo es el proceso que comienza con la actividad previa a la interna -por lo menos al final del año anterior- y sigue con la de octubre. Un año de campaña parece más que suficiente. De nuestra cosecha agregamos que un buen ajuste constitucional, y no sería el único, es completar la disposición relativa a las observaciones del Tribunal de Cuentas que, según el texto actual se remiten a la Asamblea General "a sus efectos"… que son el dormir en los cajones sin más actuación.

            El Vice Presidente de la República, nada menos, ha abogado en estos días por la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Recordemos que ese procedimiento requiere de una elección nacional para elegir 260 convencionales. Nadie puede pensar que sea un medio idóneo para llevar a cabo una reforma seria, el redactar un texto mediante una reunión de tantos ciudadanos. Esta modalidad de reforma está vigente, pero no la vemos viable. Salvo que nos incorporemos a la moda de Venezuela, Bolivia y Ecuador que procedieron a reformular el Estado y la sociedad mediante este mecanismo. Si así fuera, nuestro más absoluto rechazo.

            Una actitud sería analizar ajustes, mejoras al funcionamiento institucional y buscar puntos de consenso respecto de los mismos. Proceder entonces a plantear, con el máximo apoyo multipartidario estas mejoras de nuestra institucionalidad. Así avanzan los países sabios, con menos reformas y más ajustes. Con menos cataclismos institucionales y frecuentes correcciones que aseguren un estado de derecho no sólo vigente, sino útil para todos.

 
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