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Año V Nro. 316 - Uruguay, 12 de diciembre del 2008   
 

 
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Javier García

El reparto del botín
por Javier García

 
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         La ley era de Educación, pero no se habló de esto. Al oficialismo no le interesaba contestar la pregunta más importante: ¿qué educación necesita un niño o un joven hoy y qué instrumentos debe proporcionar el sistema?

         La ley podía haberse denominado "acerca de quién manda en la educación". No fueron los contenidos, sino el poder lo que interesó. Encierra, también, el preanuncio de una derrota porque en el fondo esta ley garantiza que si el Frente pierde la elección, igual podría tener la mayoría en el Codicen y en los Consejos desconcentrados. El mecanismo es claro: de los cinco integrantes que tendrá el máximo órgano de dirección educativa, tres serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán obtener venia del Senado. De ellos seguramente dos representen a la mayoría y uno a la minoría, el Frente Amplio, al que se le sumarán los dos designados por los sindicatos, porque así será, con lo cual tres en cinco podrían responder a esa orientación. La minoría del país será mayoría en la enseñanza. Esto se reiterará en los desconcentrados.

         La ley busca atar de manos al futuro gobierno y a sus legítimos representantes.

         Otro objetivo que se buscó es la hegemonía de la enseñanza estatal sobre cualquier iniciativa de educación privada. Es algo arraigado en la izquierda tradicional: hay una educación "popular", la que brinda el Estado y otra "elitista", así la calificó la ministra Arismendi, que se brinda en colegios e institutos privados. Este razonamiento es de una miopía cercana a la ceguera.

         La tradición popular de la inmensa mayoría de los colegios privados es en nuestro país una realidad, en Montevideo y en el interior. Arraigados en sectores de clase media y muchos de inserción profunda en sectores carenciados, han hecho y hacen a la sociedad un aporte sustantivo. La escuela pública, de la que muchos somos hijos, no cayó en su calidad por culpa de aquellos, sino por otras causas. Tampoco mejorará negando otras realidades. Lo que no hay derecho es a consolidar un país donde, si seguimos así, en el futuro habrá ciudadanos de clase A con mayores posibilidades por la formación recibida, que aprendieron inglés e informática, y otros de clase B egresados de escuelas públicas. Esto es lo que importa de la educación y no lo que se aprobó.

         Sin embargo, cual tranquilizante de conciencia, los legisladores oficialistas se rasgaron las vestiduras hablando de la preeminencia de la enseñanza pública y estatal. Es un monumento al doble discurso porque mientras eso afirman en público, en la intimidad de sus hogares ya resolvieron el tema, pero en otro sentido. Según una encuesta publicada por el semanario Búsqueda, el 55% de los legisladores frentistas manda o mandó a sus hijos a colegios privados. Esa es la realidad. Es como la Universidad de la República que es propietaria de un Hospital, el de Clínicas, pero sin embargo a sus funcionarios les paga una mutualista. Es progresista hablar de los pobres, pero solo hablar.

         Pidieron, con desfachatez, los votos del Partido Nacional para aprobar la creación de dos Entes Autónomos en la educación. Tardaron cuatro años en ponerse de acuerdo adentro del gobierno, pero le dieron cuatro días a la oposición para someterse y votar sin opinar. Es una ley que no representa, además, ni a todo el Frente Amplio. Pedían nuestros votos pero no tenían ni todos los de ellos.

         La ley debe ser derogada, como anunció Larrañaga. Las aulas deben ser fermento para las ideas y no para las ideologías.

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