El poder corporativo * Javier Garcia

El Poder Ejecutivo tiene una dependencia real con algunos sectores sociales que lo condicionan a la hora de adoptar resoluciones.

En los últimos días del año se consolidó una trilogía de iniciativas, que algunas por vía legal y otra que comienza a implementarse conforma una dinámica preocupante en materia de toma de decisiones.

El Poder Ejecutivo, por vía de los compromisos asumidos en la campaña electoral y más que ello por la forma en que está constituido el partido político de gobierno tiene una dependencia real con algunos sectores sociales que lo condicionan a la hora de tomar resoluciones.

Desde hace mucho tiempo la frontera entre el movimiento sindical y el Frente Amplio es casi inexistente. Se pasa de ser dirigente de un lugar a otro sin solución de continuidad, y se llega al extremo que un sindicalista expresa opinión en nombre de la central obrera y minutos más tarde lo hace por su partido político, sin violencia de ningún tipo. El caso más notorio es el del secretario de organización del PIT CNT, Castillo, que habla por su responsabilidad sindical o por el Partido Comunista, al que pertenece, sin renunciar a ninguna de las dos condiciones. El interlocutor nunca sabe en qué condición él se pronuncia, pero también muchos otros.

Del otro lado del mostrador están también aquellos legisladores oficialistas que hasta hace muy poco tiempo eran dirigentes sindicales, y por lo tanto compañeros de directiva de aquellos que permanecen, formalmente, en su condición de gremialistas. Hay una tercera categoría y son aquellos que integran los cuadros de gobierno y mantienen la reserva del cargo gremial, o aspiran a integrarlo y mientras tanto bajan su perfil reivindicativo, en señal de buen gesto.

En cualquier condición los límites son muy gelatinosos. La prueba de ello es la aprobación de la ley de fueros sindicales que habrá sido un compromiso político del gobierno, pero antes que nada es una iniciativa de la central sindical, y fue ésta la que decidió, y no los legisladores del gobierno, cuál era la norma a aprobar. Hubo un traslado de potestades de los legisladores hacia dirigentes sindicales que autorizaban o negaban cambios a los artículos cuando los propios senadores oficialistas, y hasta el propio ministro de Trabajo opinaban diferente.

Es una ley que formalmente votaron los legisladores pero que se cocinó en la mesa del PIT.

Con la aprobación de otra ley, la que dio forma al Consejo de la Economía Nacional, pasa algo similar. Se crean instituciones donde el eje de las decisiones pasa de lo político a lo gremial, donde se ceden espacios de poder legítimo que debiera estar en los partidos políticos, que son los depositarios de la representación ciudadana, en beneficio de las corporaciones. Como sabemos, éstas defienden sus intereses. Es más, lo único que defienden son sus intereses y sus negocios. Y a la gente, ¿quién la defiende? Debiera ser el gobierno, pero cuando éste cede terreno a las corporaciones, la indefensión del ciudadano es evidente.

Pablo da Silveira, amigo y ahora compañero de página, señaló hace unos días que el debate educativo que el gobierno lanzó cuenta con las mismas características que describo arriba. Se creó una comisión organizadora donde priman las voces corporativas, pero están ausentes las ciudadanas, en el sentido cívico del término. Faltan los padres, faltan las voces de la gente común que tiene derecho a ser escuchada, y que por no integrar grupos de presión generalmente es ignorada.

Esta tendencia que tiende a corporativizar las decisiones y el poder, es en extremo peligrosa y va de la mano de la falta de diálogo político que nutre el gobierno. No le interesa la representación política ni la opinión de los partidos, y por ello también ignora al Parlamento. Le alcanza con los sindicatos y las corporaciones. El problema es cuando queda preso de ellos. Es una circunstancia que tarde o temprano le estallará en las manos.

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