PET: ¿medicina, ideología, política o negocio? por Juan Carlos Nogueira

	Comentar Artículo Contactos Imprimir Artículo

          La tomografía por emisión de positrones, PET (Positron Emission Tomography), es una técnica no invasiva de diagnóstico e investigación por imagen capaz de medir la actividad metabólica de los diferentes tejidos del cuerpo humano, especialmente del sistema nervioso central. Permite localizar los focos de crecimiento celular anormal en todo el organismo, en un solo estudio e independientemente de la localización anatómica donde se asiente la neoplasia (primaria o metastásica). Además de la oncología, otras áreas que se benefician de este tipo de exploraciones son la cardiología, la neurología y la psicobiología, dada la posibilidad de cuantificar el metabolismo tanto cardiaco como en el sistema nervioso central.
 
          Una innovación semejante debería ser bienvenida. Sin embargo, como sucedió en 2007 con la vacuna contra el papiloma genital femenino, la ministra de Salud, María Julia Muñoz, decidió no habilitar al sector privado. Por lo tanto Uruguay no podrá incorporar tecnología PET, hasta tanto el sector público no cuente con equipos de esta naturaleza. ¿Por qué?
 
          Del punto de vista médico, parece no haber objeciones. Un artículo de la Revista Médica Uruguaya titulado “Impacto clínico de la tomografía de emisión por positrones (PET) en pacientes oncológicos y su potencial aplicación en el contexto sanitario y académico nacional” del Dr. Omar Alonso, señala en sus conclusiones: “Varios autores han demostrado que las técnicas PET correctamente indicadas resultan costo-efectivas, lográndose un ahorro significativo de recursos, variable según la enfermedad, pero en promedio de 1.397 dólares por paciente”... “El ahorro mencionado se debe fundamentalmente al uso más efectivo de otros métodos diagnósticos y terapéuticos. El ejemplo más claro es el uso racional de la cirugía exploratoria, evitando procedimientos quirúrgicos innecesarios o inapropiados a la luz de los hallazgos del PET” (Rev. Med. Urug. 2006; 22: 169-178).
Si no hay razones médicas, tal vez deban ser de otra índole las que llevan al MSP a tomar semejante decisión.
 
          Una de las razones puede ser meramente ideológica. Desde el MSP reiteradamente se ha expresado el compromiso de mejorar la salud pública, lo cual sería loable si no implicara la igualdad hacia abajo. Esa filosofía de emparejar hacia la mediocridad, propia del marxismo, puede que sea aceptable para algunos, pero no es la forma de gobierno de la República. Nuestra Constitución establece la plena libertad de trabajo y propiedad; que la propiedad es un derecho inviolable; que toda persona puede dedicarse al trabajo, profesión, industria, o cualquier otra actividad lícita; que todo habitante tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad; y por si eso fuera poco en el art 72 aclara: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Y subrayo lo de republicana.
 
          Cuando el estado se impone por sobre el emprendimiento privado, se corre el peligro que señalaba Ortega y Gasset, de la estatificación de la vida, de la absorción de toda espontaneidad social que nutre y empuja los destinos humanos. La sociedad no debe vivir para el estado, sino justo a la inversa. No somos un socialismo marxista, somos una república democrática. Podrá decirse que mi visión es liberal, filosóficamente positivista, y es verdad. Justamente porque soy republicano me siento amparado en los principios liberales, igualitarios y fraternos que establece nuestra Constitución. Sin duda la Ministra, como buena representante de su partido, discrepará ideológicamente con este razonamiento, pero una vez más acudo a nuestra Constitución (Art 58): “Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política”.
 
          Una segunda razón para impedir la importación de PET podría ser la racionalización de su empleo. Sin embargo, hasta ahora el MSP no se ha presentado estudios de planificación (por lo menos no los ha divulgado), que demuestren cómo se incorporará esta tecnología en el Estado. Tampoco se conocen estudios de factibilidad y aceptabilidad para introducir esta tecnología en el sistema nacional de salud. Pero lo más grave es que hace no mucho, el MSP aplicó el criterio opuesto autorizando a algunos a importar aceleradores lineales, que justamente son competidores de los impulsores de PET. La decisión totalitaria de frenar a unos privados y no a otros, da una imagen de falta de transparencia en los procedimientos, cosa que es muy perjudicial porque deja lugar a la sospecha.
 
          La tercera razón posible para oponerse a la importación de esta nueva tecnología, es la más triste, porque es meramente comercial. Evidentemente el competidor que acceda a PET logrará una ventaja competitiva substancial en el sector. Como todo el mundo sabe, existen varias empresas dedicadas al diagnóstico no invasivo y radioterapia, algunas de las cuales cuentan con simpatías de este gobierno. Esto quedó claramente de manifiesto no bien subieron al poder. El lector recordará remociones muy polémicas en salud pública (y reemplazos mucho más polémicos aún). Varios representantes nacionales señalaron en aquel entonces intereses privados del propio Presidente y su entorno familiar. Incluso se publicó un libro (“La muerte nuclear”, de Francisco González), que no sólo denunciaba vínculos entre los funcionarios de la nueva administración, sino algunos de sus antecedentes preocupantes tales como clausuras de las clínicas que manejaban.
 
          En definitiva, ¿cuál es el problema de que un privado importe una tecnología como PET? ¿No vivimos en un país libre, republicano, y con amplios derechos constitucionales? ¿No hay más economía de mercado acaso? Las explicaciones de la Sra. Ministra no convencen a nadie. Parecen salidas de un documental de la URSS de los años cincuenta, y sobre todo dejan lugar a que uno se pregunte si no existen intereses políticos y/o comerciales por detrás. Mientras tanto, nadie puede acceder a PET en Uruguay. La buena noticia es que las elecciones no están lejos.

» Arriba