Las autoridades españolas lo consideran un éxito, la oposición lo trata como una aberración política, los sindicatos y organizaciones sociales dividen sus opiniones pero, lo cierto es que no todos los fallos en el control de la inmigración clandestina se pueden cargar sobre los hombros del Gobierno, ni que la actual Administración sea la única responsable de que España haya sufrido literalmente una invasión por aire, mar y tierra por parte de quienes la ve como la tierra de promisión.
Los inmigrantes estaban aquí antes, entraron durante y seguirán entrando después de esta regularización. Aviones, pateras y ómnibus llegan repletos de personas que en muchos casos camuflan su intención de quedarse a vivir en la clandestinidad detrás de una visa de turista.
Tampoco puede achacarse al texto de la normativa sobre regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales que acaba de finalizar, que ahora haya en España más inmigrantes sin papeles que antes de agosto del 2004.
El texto de la regularización que nos ocupa especificaba con total claridad y sin dejar lugar a otras interpretaciones, que para obtener los documentos necesarios para residir y trabajar en España, debía aportarse documentación que justificara la residencia en el país desde antes del 7 de agosto.
Sin embargo las fronteras fueron literalmente arrasadas y una cantidad estimada en varios cientos de miles ingresó con una efímera esperanza de estar para una nueva regularización que las autoridades ya han dicho, no habrá.
El Gobierno español estimó en 1.800.000 los inmigrantes que vivían ilegalmente en España antes de la iniciación del proceso. No alcanzan las casi 700.000 solicitudes a la mitad de esa cifra y si bien un porcentaje de la economía sumergida saldrá a flote y la Seguridad Social se beneficiará con cerca de mil quinientos millones de euros, el problema subsiste.
La estimación de denegaciones a primera instancia resulta relativamente baja, sin embargo se espera mayor número de rechazos cuando se estudien las últimas solicitudes entregadas, momento en el que muchos se jugaron el todo por el todo, entregando la documentación incompleta a sabiendas de que no podrían conseguir lo que se les exigía.
Sin embargo es momento de celebrar. Después vendrán las valoraciones.
Casi diez mil uruguayos esperan acceder a los ansiados permisos y son diez mil compatriotas cuyos sueños comienzan a materializarse.
Por comunidades inmigrantes, la que mayor rédito sacó a este proceso extraordinario de regularización, a pesar de que las asociaciones de inmigrantes de esa nacionalidad estiman que la mitad aproximada de los indocumentados quedó fuera de carrera, fue la ecuatoriana: 139.714 solicitudes, la mayoría de mujeres en el servicio doméstico. En segundo lugar y con 118.298 se encuentran los rumanos y en tercero con 85.969 solicitudes de regularización los marroquíes.
Desde el Gobierno, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Caldera mostró su satisfacción por la respuesta alcanzada haciendo constar que el que acaba de finalizar 'ha sido un proceso único' y después de destacar que los inmigrantes no quitan empleo a los españoles ya que se concentran en trabajos donde hay poca demanda por parte de éstos, dijo que el proceso se ha diferenciado de todos los anteriores porque 'ha sido un proceso selectivo y riguroso. No era un proceso para dar papeles, era un proceso para legalizar la economía sumergida y para aflorar a quienes estuvieran trabajando'.
Precisamente los sectores productivos que concentraron la mayor parte de las solicitudes fueron en el trabajo doméstico, empleadas del hogar con 217.627 solicitudes que representan el 31,67% del total; la construcción con 142.654 solicitudes que suponen el 29,76% y la agricultura con 100.408 en un 14,61%.
Caldera, saliendo al cruce a reiteradas acusaciones del Partido Popular señaló que éste, en el Poder había regularizado más de medio millón de inmigrantes sin contratos de trabajo.
Observó que España se ha puesto a la cabeza de Europa con este proceso -proceso que ha sido criticado desde varios Estados europeos-, ya que, según palabras suyas, en el libro verde de la Comisión Europea que regula los criterios de la inmigración económica se demuestra con claridad que el futuro de la inmigración en Europa debe estar regulado en relación del mercado laboral.
Las autoridades españolas estiman que de los contratos a inmigrantes que serán legalizados aflorará cerca del 80% de la economía sumergida y el aviso reiterado a los empresarios que se han negado a regularizar empleados ilegales es terminante: no hay más tiempo.
Pero quizás lo más importante de todo este proceso sea que el aporte de estos nuevos afiliados a la Seguridad Social permitirá mantener ésta equilibrada en la próxima década.
Si la mayoría de las solicitudes presentadas están avaladas por un contrato y la inscripción a la Seguridad Social, las arcas de ésta recibirán una millonaria bocanada de oxígeno.
El proceso de regularización finalizó. Ahora queda otra esperanza para quienes no pudieron presentar la documentación exigida: la solicitud por arraigo laboral y social. Tres años en España y contrato de trabajo.
Almería en el sur del norte, 11 de mayo de 2005
