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Año V Nro. 351 - Uruguay, 14 de agosto del 2009   
 
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         Las importantes diferencias que se han constatado entre, la facturación de las horas de trabajo pagadas en favor de la empresa que debía cumplir los servicios de limpieza del Hospital Maciel y las efectivamente cumplidas para esos fines, han puesto de manifiesto una serie de “inconsistencias” (documentales y contables), que en lenguaje llano, no son en definitiva otra cosa que, una “sobrefacturación” que pagamos todos. Mal que le pese al gobierno y en especial a un Senador de la República al que le duelen prendas.

         Según ha trascendido, la denuncia de esta situación por el profesional contador -actuante a nivel interno- le ha valido ser objeto de amenazas de muerte, que se estarían investigando.

         Estos hechos –ahora conocidos- han desatado además, una serie de procedimientos a efectos de deslindar responsabilidades y establecer el alcance de lo actuado en la delicada tarea de administrar fondos públicos.

         Todas estas investigaciones se están llevando a cabo, tanto en sede judicial como administrativa y las mismas, habrán de arrojar sus resultados en su debido tiempo.

         Pero lo que resulta llamativo es, por un lado, la particular licitación de un solo oferente, (que obtuviera la empresa cuya vinculación con la esposa del mismo senador oficialista, hace presumir poca transparencia en la adjudicación) y el particular tratamiento dado a la misma, (pues entre otras facilidades, se le admitió a esta empresa no depositar la garantía de cumplimiento dentro de los cinco días siguiente a la adjudicación –incumplimiento que a otras, les hubiera significado la inmediata rescisión); por otro, la omisión al no ejercer los controles debidos, y comprobado el incumplimiento, en no imponer las multas previstas en el contrato que hubieran habilitado la rescisión y por si lo expresado no fuera suficiente, llama por demás nuestra atención el alto precio pagado por hora de limpieza, al parecer fundado en la caridad hacia un “proyecto socioeducativo”, que por cierto, no se encuentra entre los fines estrictamente medico-asistenciales.

         Constatada la sobrefacturación, esto es, lo que se pagó por horas no trabajadas, (cifra que supera los tres millones de pesos uruguayos), el Director del Hospital Maciel, suscribió un convenio con la empresa sin comunicarlo a ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado).

         Tampoco se llega a comprender que en dicho convenio, la empresa beneficiada por fallas en los controles de reloj y por esas “inconsistencias”, acordara una peculiar forma de devolución: en horas de trabajo, y a largo plazo. Lo que supone en los hechos, una verdadera renovación del crédito. Algo ciertamente inadmisible.

         Esta omisión por sí sola, ameritaría la inmediata remoción del mencionado jerarca, quien no obstante ella -como primer responsable de dicho nosocomio- debió actuar conforme a derecho o al menos, atender las advertencias que le pudieran haber efectuado sus asesores, en vista a las otras circunstancias irregulares señaladas.

         ¿Cuál fue el motivo del especial tratamiento en el caso que comentamos? ¿Porqué razón el oficialismo -desde la propia Ministra de Salud Pública- cierra sus filas en defensa del Director del Hospital Maciel? ¿Cuál fue la razón para que no se comunicara el peculiar convenio de reintegro a ASSE? ¿Es así como se administran los fondos públicos?

         ¿No habrá llegado el momento de investigar a fondo todas las licitaciones? ¿Dónde ha ido a parar la tan necesaria buena fe que se pregona?

         Pues si algo ha quedado en claro a la ciudadanía, es la ligereza, cuando no la falta de apego a la legalidad, con que se ha procedido en este asunto y que de no haber visto  la luz la denuncia que fuera formulada, -que provocara la ira e insultos de un senador- pero que nos alertara a los contribuyentes, todo hubiera quedado debajo de la alfombra de un interesado silencio.

© Raúl Seoane para Informe Uruguay

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