Gobiernos que a todo dicen que sí
En la era de democracias inestables que vive desde hace un tiempo la América Latina ha comenzado a aparecer una nueva especie de gobierno, un nuevo tipo de gestión de la cosa pública que se caracteriza por la amplitud de las promesas y la más decidida voluntad de quedar bien con todos los ciudadanos de su país y con la llamada comunidad internacional.
No son de izquierda ni de derecha, y en realidad no pueden ser designados exactamente tampoco como populistas: su indefinición ideológica es demasiado grande como para asignarlos a cualquiera de estas categorías. No voy a dar ejemplos concretos de esta nueva actitud política, que ya se ha hecho dominante en varios lugares, porque creo que el lector podrá reconocerla sin la menor dificultad a partir de la descripción que en seguida haremos.
Los gobiernos que a todos dicen sí se caracterizan por su deseo de agradar, de no perder puntos en las encuestas, y por lo tanto aceptan con benevolencia a quienquiera se manifieste: están a favor de la ley y el derecho pero aceptan que algunos grupos bloqueen carreteras o caminos para exigir demandas a veces absurdas. Nunca los reprimen, o lo hacen con la más extrema delicadeza, porque temen que se digan que violan sus derechos humanos. Lo mismo sucede cuando se invaden fincas o propiedades urbanas: siempre se negocia, se evita la confrontación y se trata de dejar satisfechos a todos, a los ocupantes y a los invasores por igual.
En materia de desarrollo económico se aprecian, enseguida, las mismas contradicciones: claro que se acepta que el crecimiento sólo puede producirse cuando hay estabilidad y orden, leyes claras y que se respeten, y poca interferencia con la actividad económica de los particulares. Pero, de inmediato, se pasa a escuchar los reclamos de grupos ecologistas extremos, se protegen los intereses de ciertas industrias mediante todo tipo de barreras, se crean o mantienen engorrosos reglamentos, se aumentan cuando se puede los impuestos.
Se combate a la delincuencia, por supuesto, porque éste es un reclamo de la mayoría de la población. Pero se lo hace de modo tal que los detenidos a veces quedan libres a las pocas horas, mientras se exige a la policía actuar como si fuesen abogados defensores de las mismas personas a las que deben apresar.
Lo mismo ocurre con la corrupción y con quienes, en algún tiempo, han violado los derechos humanos: se actúa con la mayor energía y decisión& siempre y cuando la acción recaiga sobre quienes ya no tienen poder político alguno, contra los partidarios de la oposición o los de gobiernos pasados que poco pueden hacer ante unos tribunales que se pliegan sin reparos a las presiones de los gobiernos y de ciertas ONGs.
Estos gobiernos, que a todos sonríen, son incapaces por eso de combatir la delincuencia, detener la corrupción, producir crecimiento económico, eliminar el desempleo o mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Por supuesto que, con la mejor buena voluntad, querrían combatir y acabar con estos y otros flagelos: pero se resisten a tomar las medidas que resultarían necesarias y que, sin lugar a dudas, serían también criticadas por muchos.
En estas condiciones los únicos que se benefician son los grupos que, bien organizados, están dispuestos a transgredir la ley para exigir lo que les conviene. Ellos ya se trate de ocupantes ilegales o empresarios proteccionistas son los únicos que se benefician con la inacción gubernamental, los que se fortalecen y salen ganando.
Los demás, los ciudadanos de a pie, siguen reclamando, cada vez con menos esperanzas, que por fin se haga algo, que se aplique la ley sin vacilaciones y excepciones, que se gobierne de verdad. Pero poco se hace. Así seguimos en este limbo del subdesarrollo, siempre inseguros, mientras se acentúa un debilitamiento moral que ya ha comenzado a producir consecuencias negativas para todos.
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