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Nuevos Beneficios en Asignaciones Familiares
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| por Francisco Gallinal |
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El Senado de la República, con nuestro voto afirmativo, termina de aprobar un proyecto que amplia el sistema de asignaciones familiares, que tiene una historia muy importante en la vida del Uruguay. Hace 64 años que en nuestro país se prestan servicios de asignaciones familiares con propósitos de las mismas características de las que hoy avanzamos; más aún, el Uruguay tiene una profusa y muy rica legislación social y en algunas áreas ha sido pionero al cubrir determinadas necesidades de su población y al prever otras a través de sistemas de estas características. En consecuencia a partir de 1º de enero de 2008, vamos a estar incorporando mejores oportunidades y mayores beneficios para sectores de la vida del país que lo están necesitando.
Este sistema de las asignaciones familiares empezó en el ámbito privado, servido desde el Estado, a partir de 1943 y de a poco se fueron incorporando otros sectores de la población, como por ejemplo los trabajadores rurales, los desocupados, los jubilados y pensionistas y los funcionarios públicos. En consecuencia celebramos que el Uruguay siga recorriendo una línea de amparo y de perfeccionamiento de este instituto que tanto bien ha hecho a nuestra sociedad.
¿Cuáles son los conceptos más importantes que queremos destacar respecto de este proyecto de ley?
En primer lugar, se apoya con mayor preferencia o respaldo los niveles más vulnerables en materia social y económica. Eso no se hace a través de un acto discrecional, de criterios informales que quedan sometidos a la arbitrariedad de las instituciones del Estado, sino con criterio general basándose en elementos estadísticos.
En segundo término, por el hecho de asistir a los cursos correspondientes –sea en enseñanza primaria o, muy especialmente, en enseñanza media– no solamente se otorga el beneficio sino que, además, se fortalece. Quiere decir que la asignación familiar también cumple –como lo ha hecho siempre– un rol especial en materia educativa, formalizando la participación de todas estas generaciones en los distintos ámbitos de la vida del país.
Un tercer concepto refiere a que el proyecto de ley no ata necesariamente el pago del beneficio de la asignación familiar al cumplimiento estricto de todas las formalidades y condiciones, algunas de ellas de carácter burocrático. Se establece la posibilidad de un pago provisorio de la asignación familiar y, en el ínterin, se exige que el beneficiario, o quien tenga la responsabilidad de adiministrarlo, vaya llenando cada una de las formalidades para terminar de perfeccionarlo.
La cantidad de menores que accedan a esto va a crecer, pero no porque antes no estuvieran comprendidos entre los beneficiarios, sino porque no recurrían a la institución social correspondiente –en este caso, el BPS– para hacerse de un recurso que les correspondía por ley, porque los requisitos formales se convertían en una traba. Lo que se busca ahora es que se den cuenta de la importancia del beneficio y que la propia institución vaya ayudando a que se cumpla con todas las formalidades correspondientes, de manera de perfeccionar las condiciones exigidas.
Finalmente se incrementa del monto de la asignación, sobre todo, a determinados sectores, pero además se pasa de un pago bimensual a un pago de carácter mensual, lo que también va a resultar un apoyo fundamental para los sectores que más necesitan el apoyo del Estado.
Como un último elemento, rescatamos que se va a otorgar un monto adicional de $ 300 por beneficiario a quienes cursen la enseñanza media. Esto va en la línea de razonamiento que veníamos siguiendo respecto a la importancia que se le da a la educación en este proyecto de ley. El futuro de las nuevas generaciones cada vez está más ligado a la materia educativa, a la forma en que se imparte la enseñanza y a la manera en que efectivamente es incorporada por los alumnos, tanto la enseñanza primaria como la media.
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