Los archivos secretos
	por Javier García

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            En solitario y bajo la única mirada del ministerio de Defensa, el gobierno viene desclasificando varios archivos. Se habla de 1200 rollos microfilmados, que requisó de una unidad de inteligencia militar. Estos contendrían el resultado de seguimientos a dirigentes políticos durante la dictadura, escuchas clandestinas con intervenciones telefónicas, y declaraciones obtenidas bajo apremios físicos y torturas a detenidos. Seguramente allí esté también el producido de otro tipo de actividades tan ilegales y repugnantes como las mencionadas.

            Todo lo allí incluido es producto de pesquisas secretas por lo tanto no tienen valor ninguno ni nada de ello debiera ser utilizado para ningún fin. No lo permite la ley pero además sería inmoral que alguien quiera utilizar con cualquier objetivo, incluido el político, una declaración o confesión de un preso obtenida bajo tortura.

            Habría que ser de una calaña muy baja para querer dañar el prestigio o la imagen política de una persona que haya sido objeto de apremios físicos y en la desesperación de salir de las torturas hubiera declarado.

            Hay, presumimos, pesquisas secretas a dirigentes de todos los partidos de la resistencia democrática, de su vida privada, de sus familias y de sus actividades.

            El gobierno ya desclasificó la mitad de los archivos. Lo hace sin ningún marco legal que lo ampare y apoderándose de éstos como si fueran propios. En el Parlamento hay una iniciativa del Partido Nacional que impulsó la diputada Argimón para la regulación legal del manejo de estos datos, que el oficialismo demora.

            Desde el ministerio de Defensa comienzan las contradicciones y primero se dice que sólo se está haciendo un trabajo técnico, pero consultado por legisladores blancos sobre si existen datos sobre el asesinato de la Sra. Fontana de Heber, se adelanta a decir que no los hay. ¿Cómo sabe ello si, según dicen, no los han estudiado? Pero además se apresuran a afirmar que existirían archivos que fueron allí "plantados" (¿no era que no los habían estudiado?) por militares para generar daño a algunos.

            Se sugiere con ello que si se conocieran públicamente la imagen de algún actual gobernante sería perjudicada. El ministerio de Defensa con estas afirmaciones da por bueno que hay documentos adulterados y otros que no lo son, sin darse cuenta que todos, unos y otros, son ilegítimos desde su origen.

            Si se siguiera la línea del ministerio, ¿quién define lo verdadero y lo falso, lo que le conviene a qué intereses políticos?

            La Sra. Ministra de Defensa se ofende cuando desde el Partido Nacional se le exigen garantías en su manejo y que el mismo no quede a disposición de personas que serán de su confianza, pero no tienen por qué ser de la nuestra.

            Es extremadamente sensible todo lo que allí se encuentra pero además el Poder Ejecutivo lo está manipulando a su arbitrio. No decimos que lo vaya a utilizar ni a adulterar pero estas cosas que hacen a historias personales y colectivas merecen garantías, sobre todo de que nunca se las utilizará con objetivos tan repugnantes como los métodos que se usaron en dictadura para obtenerlos.

            Si de alguien es esa información y debería disponer de ella hasta para destruirla es de quienes allí se incluyen.

            Habría que pensar si esas inmundicias, incluso, no habría que destruirlas todas.

            El gobierno asumió esto como una tarea militante y puso a militantes a hacerlo y esto no nos da confianza. Se apropió de lo que ni es suyo ni tiene derecho a disponer.