Consecuencias no previstas por Manuel F. Ayau Cordón (Perfil)

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          Con frecuencia sucede que al promulgar leyes para solucionar un problema, la nueva ley o regulación más bien lo agrava y causa peores consecuencias. Los ejemplos abundan y aquí comento algunos casos.

          Los precios fijados por los gobiernos tienen el propósito de hacer más asequibles ciertos bienes y servicios a los pobres, pero lo que logran es reducir la oferta y promueven el mercado negro, lo cual termina haciendo más difícil y oneroso adquirir tales cosas, en perjuicio especialmente de los más pobres.

          Igual sucede con los controles de alquileres que supuestamente facilitan viviendas para gente pobre. El problema es que al reducir la oferta de viviendas en alquiler –al caer la construcción de nuevas viviendas para alquilar o que los dueños decidan más bien venderlas– los más perjudicados son las personas de escasos recursos.

          ¿Quién se iba a imaginar que el afán de producir etanol como combustible para los vehículos aumentaría el precio de la comida de los pobres, como el pan en los países latinoamericanos que importan trigo de Estados Unidos, al igual que los pollos y las tortillas en México?

          ¿Quién se iba a imaginar que la prohibición del DDT causaría la muerte por paludismo a millones de personas, a lo largo de más de cinco décadas? Y recordemos que el DDT nunca mató a ningún ser humano.

          Para proteger puestos de trabajo en Estados Unidos, el gobierno fijó altos aranceles al acero. Protegió así 187.000 plazas en la industria del acero, pero destruyó 200.000 en las industrias que utilizan acero como materia prima. Los consumidores incurrieron en un costo de varios miles de millones de dólares y los industriales trasladaron sus fábricas al exterior. Obviamente, esa no era la intención del gobierno.

          Para supuestamente ayudar a los trabajadores se establecen salarios mínimos, pero como el gobierno no puede obligar a que se ofrezca empleo a personas cuya productividad no cubre el costo del salario mínimo, en realidad se condena al desempleo a los menos calificados y, entonces, el mayor desempleo tiende a reducir los salarios en general.

          Se establece el impuesto sobre la renta progresivo que, supuestamente, afecta solamente a los ricos. Pero como en efecto es un impuesto a las inversiones, habrá menos inversiones y menor demanda de mano de obra, lo cual redunda en salarios más bajos.

          ¿Quién iba a pensar que la prohibición de las drogas convertiría la siembra de marihuana en el cultivo más remunerador de Estados Unidos, haría de la producción y distribución de drogas un inmenso negocio, lo cual a su vez aumentó la violencia, financió a los guerrilleros en Colombia, fomentó el consumo y logró que más de la mitad de la gente en prisión esté hoy presa sin haberle causado daño a otras personas?

          El control de divisas crea un próspero mercado negro y dispara la corrupción. La economía informal existe por las exageradas reglamentaciones y tales regulaciones y permisos afectan particularmente a las pequeñas empresas, cuyo pequeño volumen de ventas no permite pagar el personal requerido para satisfacer los requisitos burocráticos. Así, el gobierno termina recibiendo menos ingresos y en muchos países de América Latina 50 por ciento y hasta 70 por ciento de la gente trabaja en la economía informal.

          La lección por aprender es que una cosa son las intenciones y otra, muy diferente, son las consecuencias.