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Año III - Nº 139 - Uruguay, 15 de julio del 2005

 
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Defensa nacional
Javier Garcia

El Estado debe abocarse con rapidez a la elaboración de una nueva ley de Defensa Nacional, que tenga un fuerte respaldo político y sirva para siempre.

En Uruguay, en América Latina también, la discusión de los temas de defensa se ha teñido por la participación, en el pasado, de las Fuerzas Armadas en quiebres institucionales. Los golpes de Estado que protagonizaron en buena parte de "nuestra América", al decir de Martí, y que jalonaron una porción importante de la historia de la segunda mitad del siglo XX hacen que los elencos políticos posterguen este debate estratégico y se contamine su abordaje por estos fenómenos. Los uruguayos nos referimos, habitualmente, a las Fuerzas Armadas del pasado sin pensar en el liderazgo político que se debe ejercer en la administración del Estado para evaluar el papel que desempeñan en el presente y definir el que deberán llevar adelante en el futuro, en el marco de su subordinación a la Constitución y la ley.

En el Parlamento uruguayo es normal, por otro lado es lo que corresponde, que se hable sobre la educación, la salud, las reformas impositivas, las relaciones internacionales y tantos otros temas, pero, salvo por episodios vinculados al pasado o por hechos trágicos no se analiza el tema militar, ni los de la seguridad, la defensa y la inteligencia del Estado. Hay una especie de tabú sobre estos temas, que además se hablan en voz baja.

El tema militar es una parte importante de la defensa, pero no es el único y por ello también esta actitud de dejadez del sistema político limita la discusión a uno solo de los componentes.

Esta semana planteamos en la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados que el Parlamento, en una instancia a definir, empiece a analizar una nueva ley de Defensa Nacional que como es de suponer no debe ser para el corto plazo ni para un gobierno en particular, sino para que dure un buen tiempo. Debe constituirse en una política de Estado y para que ello sea así no puede reflejar sólo la visión del actual Ejecutivo y el partido de gobierno sino que debe recoger la visión plural de todo el espectro político. No es de las leyes que se pueden sacar con calzador y por mayorías apretadas, mejor dicho, se puede pero no se debe.

La nueva estrategia de defensa supera la visión tradicional e impone incentivar la profesionalización y la tecnificación de las fuerzas, así como abordar los aspectos de la formación militar. La defensa, incluso, de nuestros intereses económicos vulnerados en nuestro propio territorio y casi a nuestra vista por falta de recursos técnicos y de infraestructura para hacerlos respetar, hace que el ejercicio de jurisdicción efectiva en nuestras aguas territoriales y en el espacio aéreo sea muy limitado, y a veces nulo.

El sistema político debe liderar esta discusión, que es inherente a una función esencial del Estado como es la de proporcionar seguridad y defender a sus habitantes y su territorio. El tamaño y la misión de las Fuerzas Armadas del futuro es un punto de la agenda que no podemos dejar de tratar. No hacerlo es irresponsable.

Lo ideal sería poder contar con una ley de Defensa a partir de la cual se pudiera establecer la adjudicación presupuestal en virtud de los objetivos planteados en ella. Pero el presupuesto se remitirá en breve y la ley no se empezó aún a elaborar, por lo tanto sería recomendable que el Poder Ejecutivo comenzara a dar pasos y señales en el sentido de reorientar gastos importantes que actualmente se lleva el aparato burocrático de la cartera que achiquen el rezago operativo de las distintas fuerzas, que se encuentran prácticamente detenidas por razones económicas, así como otros que se disponen para misiones diplomáticas en agregadurías militares y se destinen parte de ellos a mejorar la formación y participación de nuestra oficialidad más joven en su perfeccionamiento profesional.

El debate es amplio y recién empieza, pero es necesario darlo.