Uruguay: Deuda Externa e Interna, sus Causas por Ing. Agrim. Pedro Hernándezr

El tema es de una responsabilidad política insoslayable y a partir de esta visión hay que buscar los caminos que nos llevaron a ella.

El tema de la deuda está íntimamente vinculado al manejo político del País desde 1931. El rescate de la memoria histórica es imprescindible  para conocer el origen y las causas de la misma. 
La deuda  ya está, creo que lo importante es analizar las distintas vías que nos condujeron a ella. A través del conocimiento de las causas, buscar los caminos que  permitan realizar una auditoria de la misma. Sacar conclusiones para  deslindar responsabilidades;  políticas, de los organismos de crédito Internacionales –Fondo Monetario, Banco Mundial, etc, - y  del manejo del crédito en un marco de profundas asimetrías no contempladas y no asumidas por su costo político electoral. Los impactos sociales y económicos de la misma, que pesan sobre el país están a la vista; la pobreza, la indigencia y algo no medido, el empobrecimiento y un gravísimo endeudamiento externo e interno.

La principal causa de la deuda es el manejo político del País

Hemos sido muy afectos a los mitos y algunos nos han dejados severas secuelas.
El mito de una democracia impoluta – en el siglo xx - y tuvimos tres golpes de estado en 40 años, entre 1933 y 1973.
El mito de la Suiza de América, que nos adormeció por décadas.

En este acotado nivel  democrático, fruto del reparto del poder entre los partidos mayoritarios, se conformaron las instituciones, funcionales al manejo partidario, que hoy nos rigen. Las consecuencias son, entre otras:

a-  Baja calidad del desempeño de las instituciones del estado.

b-  Escasa transparencia en el manejo de la cosa pública. Un estado     desertor de su responsabilidad como garante del equilibrio de las cargas en la economía, sustento de los contratos.

c- Economía  según la visión de los intereses político electorales.
d- Este manejo político- partidario del país  conformó una economía de fuerte adhesión partidaria.

e- Desestabilización de las reglas de juego en la economía, en cada     crisis, atrasos cambiarios, devaluaciones.

f-  Socialización de las pérdidas, una conducta política histórica.

g- Organismos técnicos manejados por cuota partidaria. Así desde visiones político-electorales  se manejó el crédito – herramienta fundamental de la economía -, se proyectó y controló la obra pública, entre otras cosas. En este marco está gran parte del origen del endeudamiento, interno y externo.
Por ello nunca hubo solución de las crisis en función de las causas.
Si “soluciones” partidario electorales.

h- Estancamiento estructural de la economía desde 1930.
Tres crisis destructivas de la misma en los últimos 40 años hasta el 2002.

Del país sobornado al país embretado: 
el camino más fácil a costa del país

El manejo político que se ha llevado adelante desde 1931, pacto del Chinchulín*(1), distribuyéndose el poder entre los partidos mayoritario – colorado y blanco-, incluido luego en la constitución de la república en la reforma del 51, se tradujo en una democracia de las formas, con escasa transparencia en el manejo de la cosa pública por más de 70 años.

La economía estancada entre 1955 y 1970. El PBI total anual en este período fue de 0.9 y el PBI per. cápita anual fue de –0.3. La economía no creaba puestos trabajo, el estado  los proveía.  Esta fue la manera de disimular la profunda crisis económica y controlar  el poder. Así Uruguay  pasó de  30000 empleados públicos en 1930 a 156000 en 1955, multiplicándolos por 5.2, en 1969 llegó a los 213000.

Esa incapacidad política marcó el destino del Uruguay que sigue pesando hoy. La débil economía fue la que proveyó los recursos para pagar este disfraz. El endeudamiento se instaló en el País como un problema estructural. En 1959 se realiza el primer acuerdo con el FMI y la dependencia del país de los organismos de crédito se siguió profundizando en las décadas siguientes. El endeudamiento no ha parado  de crecer. La magnitud de la deuda hoy nos exime de mayores comentarios. Ni en dictadura dejó de funcionar el clientelismo, así en 1990 los funcionarios públicos llegaban a 272000. Ya para esta fecha la economía había acumulado dos crisis destructivas de la misma, en los 60 y a comienzos de los 80.

En cada crisis la deuda se incrementó. Como reflexión diremos que las nacionalizaciones fueron desvirtuadas por el reparto clientelístico. Esta conducta en el manejo de la cosa pública ha proyectado sobre el país, más allá de la deuda, una profunda decadencia social, ética, moral y política. Esta decadencia es hoy un tema cultural y tiene un costo, creo más difícil de superar que el económico. Las pérdidas para el país y su población ni de cerca se miden por la magnitud de la deuda. Hay un deterioro social del que nos dan cuenta  datos del 2005; la pobreza abarca al 38,4% de la población - de ellos del orden de un 10% es indigente -, el 63.8% de los niños menores de 6 años son pobres. A esto hay que agregar el empobrecimiento después de cada crisis de vastos sectores de la población, nunca medidos por las estadísticas y de los cuales muy pocos recuperan su posición anterior. El deterioro de la salud pública, de la enseñanza- la escuela pública en particular- el vaciamiento de la campaña, 60% menos de población que a comienzos de los 50, según censo del año 2000.

La segunda causa es el modelo de economía desintegrada, asimétrica y corporativa, con sectores rehenes, económicos y sociales

La economía mundial es un modelo desintegrado, donde los países subdesarrollados son los rehenes de los desarrollados.

Más allá de los intereses y los condicionamientos de los préstamos internacionales, pesan también las históricas y siempre desfavorables relaciones de intercambio, salvo escasos períodos de tiempo.

Es un doble efecto negativo al agregarse a nuestras asimetrías internas.
No hemos recorrido el camino de la integración interna, como manera de tener políticas País, que no existen. La integración interna nos permitirá, no tener sectores rehenes a los que se les pueden transferir las ineficiencias del resto  de la economía y del estado. Integrados podemos aspirar a sostener el aparato productivo exportador. Así  podremos minimizar la destrucción del mismo en cada crisis como ha venido sucediendo en la historia reciente del Uruguay. Por la destrucción de inversiones en cada crisis y la socialización de las pérdidas, hay buena parte de la deuda del País.

Por ejemplo; entre 1972 y 1983  Uruguay perdió por el deterioro de las relaciones de intercambio 3150 millones de dólares.

El modelo de economía desintegrada es una constante con distintos énfasis, en los países subdesarrollados.

En nuestra economía desintegrada y asimétrica  la imprevisibilidad de las proyecciones de la misma son el mayor riesgo. En este marco se da la destrucción de la mayoría de los  proyectos de inversión que no tuvieron en cuenta esa particularidad. Ejemplos relevantes se dan a partir de 1985 y sobre todo en la década del 90 con el atraso cambiario. Las inversiones destruidas – porque no lo pudieron prever – fueron transferidas a precio vil y la diferencia con el capital prestado pasó a engrosar la deuda pública.

En el período de crecimiento más intenso del siglo, 1987 - 2000, se aumenta notablemente el endeudamiento público en moneda extranjera, el cuál se duplica en 14 años. Asimismo, el gasto público, medido en U$S  se multiplica por seis y pasa de 17,8% a 24% del PIB. Estos gastos no representaron una ampliación del potencial de producción y del empleo de la economía, y deterioraron el potencial de inversión.

El otro punto relevante es la conducta del estado desertor, garante del equilibrio de las cargas en la economía, es el único que puede devaluar o producir atraso, favoreciendo a unos u otros sectores. Nunca actuó tomando medidas para contrarestar las posiciones de dominancia por hechos de la macroeconomía, por hechos de gobierno.

La economía uruguaya es fundamentalmente de adhesión partidaria.

Consolidada a partir del modelo de sustitución de importaciones a fines de los 40.
La partidización de todo cuanto al estado se refiere habilitó el  tráfico de influencias partidarias en todos los ámbitos de la economía. Un actor relevante y diría exclusivo del Uruguay fue el “Club Político”. La vida del país en los 50 y 60 pasaba por él, trámites jubilatorios, cargos públicos, refinanciación o consolidación de deudas, etc, etc.
Esto alentó  a una visión empresarial, alejada del riesgo, que puede transferir fácilmente sus ineficiencias – economía desintegrada - a los sectores rehenes, no hay razones para ser más competitivos. Acá una paradoja relevante, el agro, el sector más importante de la economía uruguaya es rehén – tomador de precios - de la misma. Por ello hemos podido “tirar”  tan largo tiempo ocultando las mismas.

La adhesión partidaria de la economía fue siempre un pleno a ganador al tener la garantía de la socialización de las pérdidas.
Alguien ha dicho que nuestras empresas son “veladas” hasta cuatro veces. En ese juego, el crédito se toma “alegremente” y el endeudamiento es un tema recurrente desde mediados de los 50 y no ha cesado de serlo hasta nuestros días. Hoy es un problema estructural.

La evasión y la elusión en todos los niveles, otro aspecto que acumula endeudamiento.
Acá también se muestra la ineficiencia de la justicia, factor relevante para una sana economía. Estamos frente a una “cultura” empresarial y ciudadana que debe cambiar.

La historia muestra que en este ámbito de discrecionalidad no hay desarrollo sostenible. El estancamiento de la economía 1955-1970 como hemos referido anteriormente es la muestra. La incapacidad política para resolver esa crisis condicionó al Uruguay hasta hoy, política, económica, y socialmente y lo sigue condicionando.

La tercera causa del endeudamiento recae sobre el sistema bancario. Jugó a ganador, funcional al manejo político partidario del país

La seguridad de la socialización de las perdidas permitió a los bancos aprovechar los momentos de euforia y dar préstamos sin mayores exigencias en los proyectos para los cuales se pedían.
Por tanto no eran necesarias cláusulas de riesgo macroeconómico – devaluaciones, atraso cambiario – y así el tomador del préstamo tampoco podía aspirar a ello.
En realidad se estaba dando un seguro al gobierno. Podía  actuar con impunidad y  manejarse  en función de los intereses electorales. El estado, garante del equilibrio de  las cargas en la economía podía desertar así de su responsabilidad. Este es el Uruguay real, no el que se vende en los discursos.

El riesgo de la economía Uruguaya es una constante en los últimos 50 años, por algo la tasa de inversión siempre fue una de las más bajas de América Latina, sólo superior a la de Haití.

Antes de cada crisis los bancos “perseguían” a los productores y a los industriales para inducirlos a tomar créditos. Cuando estalla la crisis, los bancos y sus técnicos miran para otro lado. No se responsabilizan, es más, siguen dando créditos con distintos disfraces - la bicicleta financiera para dilatar el colapso -, al final llegará la socialización de las pérdidas. Funcionales al modelo con garantías. Garantías que no tuvieron los endeudados. El crédito bancario y parabancario en el marco de una economía inestable y profundamente asimétrica, sin reglas de juego claras, fue siempre una bomba de tiempo, que estalló en cada crisis, tres destructivas una cada 20 años, desde los 60 hasta la del 2002. Arrancamos después de cada una sin preguntarnos por las causas, una muestra del facilismo uruguayo que olvida que si  algo paso una vez puede volver a pasar.
Una muestra relevante, la euforia de los bancos ofreciendo los petrodólares y el agro aceptándolo a fines de los 70, que la tablita se encargó de destruirlos en el 82. Las deudas de esa aventura fueran transferidas por la banca privada al país, con el argumento, reiterado, de defender a los ahorristas. ¿No sabían los bancos privados y el BROU del atraso cambiario en los 90? Siguieron prestando para no desvestir la política económica en curso, fueron funcionales a ésta, amparados los privados en que las pérdidas las podrían transferir.
A través del BROU conducido con visión partidaria,  la socialización de deudas fue una política de estado: amnistías, condonación, quitas, etc.

El progresivo endeudamiento del  País fue la consecuencia natural de lo que venimos expresando.

Cuarta causa, la escasa información calificada sobre el manejo de la economía y la falta de transparencia en la misma

A la información calificada de la economía accedió, históricamente, una minoría  cercana al poder y este es otro elemento que alimentó el endeudamiento. La información no es transparente y es asimétrica.

Al Ec. J.Stiligtz le dieron el premio Nóbel de economía por sus estudios referidos a la información asimétrica y a los países subdesarrollados los dominan con ese mecanismo.

De esta manera los préstamos para inversiones son en general una aventura más.

El manejo del estado a través de la adhesión partidaria a todos los niveles, habilita a los órganos del mismo a actuar con  una conducta discrecional – impunidad - y con escasa o nula transparencia  en la administración de los recursos públicos. Cuando sobreviene la crisis, nadie es responsable, otra característica de la conducta política en el manejo de la economía.

El manejo político de los préstamos como oferta electoral, con los recursos del país, algunos internos – como los subsidios que pagan los sectores rehenes de la economía – y otros a través de préstamos internacionales, para proyectos de dudosa o carentes de viabilidad técnica y económica, incrementaron la deuda. Una economía con estancamiento estructural, carece – salvo excepciones - de tasa interna de retorno en el mediano y largo plazo para la mayoría de las inversiones, tanto públicas como privadas. Por esta vía se llega al endeudamiento crónico.

Una economía desintegrada es el campo natural para recrear un elevado nivel corporativo. Si a ello agregamos un deficiente nivel democrático – escasa transparencia -, la formación de Políticas País pasa a ser una utopía y  también la planificación mínima de los escasos recursos. Las obras de infraestructura  y muchas inversiones se definieron – en general - en función del interés partidario electoral y su visión para controlar el poder, lo económico quedó supeditado al factor suerte. En muchos casos las inversiones pasaron a engrosar la deuda.

La quinta causa. El manejo político partidario de las inversiones del Estado: en obra Pública de infraestructura, planes de vivienda, BHU, ANCAP, UTE, OSE, y ANTEL, son otro importante componente del endeudamiento

La economía tiene un estancamiento estructural que viene de 1930, con tres crisis destructivas de la misma en lo últimos cuarenta años, en los 60, en los 80 y en el 2002. La tasa de crecimiento promedio anual del ingreso per cápita desde 1950 hasta el 2001 es de 1,07% anual.

El país no crece,  la mayoría de las obras viales, necesarias, carecían de viabilidad económica, fruto de los bajos flujos de tránsito vehicular y de carga. Esto no es asumido y las inversiones se hacen en el marco de reclamos y se ejecutan en función de lo electoral. Toda inversión no rentable se transforma así en más endeudamiento País.

Las economías regionales han tenido un alto grado de imprevisibilidad y por tanto las proyecciones de las mismas no se cumplen, ni en el mediano plazo, muchas veces ni en el corto. El Uruguay no escapa a esta regla y las inversiones referidas a las mismas – industrias de exportación - muchas veces terminan en deudas.

Un ejemplo relevante es la obra binacional, el puente sobre el Río Uruguay que une Fray Bentos con Puerto Unzue – Argentina -. El estudio de factibilidad económica preveía que la obra estaría totalmente amortizada en el año 2000. Los datos indican que para esta fecha se lleva amortizados menos del 20% y la previsión de que estarían pasando en el 2000 del orden de los 750000 vehículos equivalentes sólo llegó en ese año a 340000. Por otra parte la obra tuvo costos por encima de los previstos, como la mayoría de las grandes obras.
Los Accesos a Montevideo dieron factibilidad porque era una obra postergada por más de 40 años. En el estudio de factibilidad se previó que  la segunda calzada de los accesos a Montevideo debería estar construída en el 2000 si las proyecciones de la economía se cumplían. No se cumplieron  y la obra se construyó en el 2004, 21 años después de finalizada la primera calzada. ¿Cuánto se ahorró? Del orden del  costó actual, fueron los intereses generados por el capital al no construirse en el mismo momento de la otra, esto también es un detalle importante al evaluar la oportunidad de las inversiones para  no aumentar la deuda. Esta obra fue una excepción en el manejo de las inversiones  en el país, donde no se planifica y todo ha estado atado a los intereses electorales.
Algunos ejemplos relevantes, de inversiones en obras públicas paralizadas son:

El Palacio de JUSTICIA, el mayor de los edificios públicos a medio hacer, comenzó a construirse hace 41 años y lleva 10 años  completamente parado.
Hasta ahora, la estructura costó al menos 20 millones de dólares. Esos datos refieren al período comprendido entre 1986 y 2005, pues no existen datos anteriores. Según estimaciones, terminarlo costaría entre 20 y 30 millones de dólares más.

COMPLEJO DEL SODRE. La piedra fundamental del Complejo del Sodre se colocó en 1989 y desde 2001 los trabajos están detenidos.
Iniciado en 1989, el complejo costó hasta ahora unos 50 millones de dólares. Para terminarlo, según estimaciones, serían necesarios unos 20 millones más.

¿Cuánto es el interés generado por el dinero invertido en las obras no terminadas?
El interés de lo invertido puede duplicar el capital inicial o más, en detenciones de más de 10 años.
Al no haber planificación de mediano y largo plazo en las obras de infraestructura – transporte, energía, etc, éstas se concentran en el año preelectoral y electoral. En este marco  no se les puede hacer un seguimiento de control adecuado. Así vemos núcleos  de viviendas, centros de educación, carreteras,  con importante deterioro a poco de construirse. La oportunidad de las inversiones en obras que no se terminan o quedan suspendidas por  años, es otro ejemplo  que conduce al aumento del endeudamiento.

Hay muchos ejemplos más de obras que fueron abandonadas a los pocos años de comenzar a funcionar, sobre todo muchas agroindustrias.
Hay una nefasta conducta política en la conducción económica del país que nunca fue analizada más allá del discurso electoral y que explica claramente el Uruguay de hoy con todas sus secuelas. Pero la costumbre de acusar a otros y la falta de autocrítica no nos ha permitido salir del empate. La autocrítica no es un símbolo de debilidad sino de grandeza, sería bueno asumirlo.

El estado uruguayo ha tenido históricamente una conducta débil y errática, cuando no ausente en lo que a controles se refiere.

Por este camino también se incrementa la deuda.
El estado es altamente deficiente en microeconomía y ese desconocimiento permite ineficiencias que incrementan los niveles de inversiones, deudas, sin la calidad suficiente.
Un estado cuyas oficinas de costos – en general - se remiten a copiar datos de las licitaciones. Por tanto los presupuestos de control de la oficina licitante para visualizar si las ofertas en las licitaciones son razonables o deberían declararse desiertas  por su nivel de costos, no existen. El monto de las obras es definido por la historia – valores unitarios ajustados - de las licitaciones anteriores, si están en ese rango se adjudican. En definitiva un estado desertor en su función de control, apenas salvando las formas. Las paramétricas de ajustes – variación de precios y del dólar - en los contratos de obra pública en el marco de una economía inestable, como la que el país ha tenido históricamente y sin la trasparencia pública necesaria, resultan favorables  a los empresarios – constructoras – y con incrementos muchas veces muy superiores a los previstos. En momentos de picos inflacionarios relevantes – obras licitadas en dólares - como los que se dieron en la década del 60, donde las empresas lucraron más con las paramétricas que con la facturación de los rubros objeto del contrato. Esto sucedió  especialmente en la construcción de obras viales- puentes y carreteras -. Un  ejemplo:  dos obras importantes como fueron la reconstrucción de las rutas Nacionales N° 5 y 26, unos 700 Km. de obra ejecutados entre los años 1967 y 1972. Es bueno destacar que para la obra pública vial, rige la “Teoría de la imprevisibilidad” o derecho del Príncipe jurídicamente hablando, que no rige para los demás contratos, el caso del agro con riesgos más altos no tiene esa herramienta de salvaguarda.

Las obras viales requieren fuertes inversiones, pero debido a los escasos tránsitos y a previsiones de crecimiento de la economía que no se cumplen, terminan en general en una inversión no rentable, no rescatable y que pasa a integrar la deuda externa, ya que en general se realizan con préstamos  de los organismos internacionales. Obras viales que en general tienen fallas importantes al poco tiempo de su liberación al tránsito, una realidad histórica en el Uruguay. Lo mismo sucede con obras de infraestructura edilicia de muchos organismos del país. Formalmente es todo legal, pero con muchas carencias de control por parte del estado. Por esta vía la deuda se acrecienta, ya que sobrevienen gastos de mantenimiento en un corto plazo no previstos al elaborar los proyectos para los cuales se solicitaron los préstamos. La inversión en carreteras ha sido muy onerosa para el país y en la mayor parte de la red, no tienen, reiteramos, retorno económico para el monto de la inversión. Lo cual obligaría a planificar cuidadosamente y definir prioridades en función de los intereses nacionales y no de los electorales, como ha sido históricamente. Un cambio imprescindible es tener un sistema de transporte multimodal y adjudicar al modo ferroviario un papel relevante que nunca debió perder.

En el período de la dictadura se realizó, entre otras, una obra relevante por su monto, la represa de Palmar. Esta obra se adjudicó en un contrato llave en mano a la empresa brasileña Mendes Junior, que a la vez realizó el proyecto ejecutivo de la misma. La Proyectó y construyó. Las dudas por la falta de transparencia saltan a la vista.

Productores

Los préstamos al agro tuvieron un denominador común, se dieron sin tener en cuenta el riesgo imprevisible de la política económica en lo referente al tema cambiario.
Tampoco se tuvo en cuenta el desequilibrante riesgo climático y de mercados en un tomador de precios y verdadero rehén de la economía. La razón en mi opinión es que razonar en contrario, obligaría a pensar la economía del país de manera diametralmente opuesta a como se ha hecho históricamente.
Las decisiones de préstamos al agro fueron dadas históricamente con fundamentos partidarios de oportunidad. Los prestamos se dieron en general contra garantías reales y sin que hubiera un seguimiento de los mismos, así se diluía la responsabilidad del estado en cuanto a los impactos de la política económica. Otros se dieron con claro apoyo partidario, caso del sobreendeudamiento de los 90.

En los últimos 20 años los préstamos fueron adjudicados exigiendo proyectos de producción y con garantías prendarias sobre la tierra o equipos, dependiendo del monto y el tipo de operación - compra de tierra o maquinaria – pero descolgados de las políticas económicas – no se aceptaron cláusulas de riesgo país - y desconociendo la magnitud de las variables que juegan contra el productor a saber; clima, variación de la política cambiaria  y tomador de precios, la rigidez de los procesos productivos, los tiempos biológicos, etc, etc -. Los contratos al agro fueron dados siempre en condiciones de contrato similares  a los  demás sectores de la economía – bajo techo -, sin que nadie advirtiera la magnitud del diferencial de riesgo.

Un ejemplo relevante es lo sucedido en la década del 90, en el marco de un prolongado atraso cambiario y caída simultánea de los precios internacionales.
El PBIA  aumentó 80% entre 1990 y 1998 – más que el conjunto de la economía - y la deuda un 400%, pasó de 300 millones de dólares en 1990 a 1400 en 1998, solo con los bancos, no se computan tributos  no pagos y deudas con servicios y particulares.
La mayor inversión tecnológica de los últimos 100 años, fue destruida por el atraso cambiario de los 90 y fue transferida a precio vil, la diferencia fue absorbida como pérdida por el BROU, aumento del endeudamiento país.

Como datos ilustrativos y complementarios están las deudas en la CND- Corporación Nacional para el desarrollo- 100 millones de dólares, Mi Granja – 25 millones de dólares-,  Granja Moro- 80 millones de dólares, el Polo de desarrollo de Bella Unión, el tema de la caña de azúcar y la remolacha azucarera y los cientos de productores fundidos. Hay otras empresas que siguen actuando pero con un alto nivel de endeudamiento. Todo esto suma al  endeudamiento del País.

Agroindustrias

En el marco de una economía inestable, sin considerar las asimétricas relaciones cambiarias con los países a los cuales exportamos, la concesión de préstamos del BROU a las agroindustrias se llevó adelante sin importar esos riesgos. Primó la decisión político-partidaria por encima de la realidad económica. La adhesión partidaria no estuvo ajena muchas veces a la hora de tomar las mismas decisiones. Esto llevó a profundos problemas de endeudamiento; en el sector pesquero, en el cárnico y en el sector lácteo, entre otros, que absorbió el país a través del BROU o del Banco Central. Una parte importante de las deudas del agro y de las agroindustrias fueron históricamente transferidadas al estado en cada crisis - consolidaciones, refinanciaciones con quitas, etc – beneficiando en general a los grandes productores, la despoblación del campo así lo indica. Basta recordar por reciente, pero no por distinta, las transferencias de las deudas de los Bancos privados en la crisis de la tablita en 1982. Las carteras pesadas – agro e industria - en la década del 80 fueron absorbidas por el Banco Central, por tanto pasaron a engrosar la deuda del País.

 En la década de los 80 la industria frigorífica tenía un endeudamiento del orden de los 170 Millones de dólares.
No olvidar que la economía de sustitución de importaciones de fines de los 40 hasta fines de los 50 fue una conducta que no tuvo en cuenta las ineficiencias industriales que pagó el país y lo llevó a la profunda  crisis de estancamiento desde 1955 a 1970.
El período de sustitución de importaciones sin mayores exigencias permitió lucrar a los grupos económicos más importantes y no preparó al país para competir, la eficiencia y la productividad no eran exigencias en el mercado cautivo. De ahí el escaso nivel competitivo de la industria nacional hasta fines de los 80. Sin reglas de juego transparentes y todo sujeto a la discrecionalidad de la política partidaria, nunca se desarrolló un verdadero empresariado Nacional... Ahí nació como ya lo expresamos una industrialización de fuerte adhesión partidaria, se acostumbró a  la socialización de las pérdidas, un seguro de riesgo. 

Leído esto se impone reflexionar sobre el monto del endeudamiento externo y la magnitud de los intereses hoy.

La deuda es del orden de los 14000 millones de dólares, sin considerar los depósitos en moneda extranjera, del orden del 80% del producto.

El servicio de la deuda es del orden de los 900 millones de dólares, representa más del 20% de las exportaciones.

Otros datos del Uruguay

Entre 1947 a 1962.
Se importó por 3500 millones de dólares y se exportó 2967.  Se cubrió el 85% de lo importado en 15 años.

En 1986.
100 grupos - 430 empresas-  concentran U$S 1227 millones de deuda, 51.4% del crédito
El total del crédito de Banca estatal y privada era de U$S 2386

Diciembre 1988.
100 grupos – 333 empresas -  concentran U$S 1358 millones. 51% del crédito.
El total del crédito en todo el sistema bancario era de U$S 2662 millones.
75% del crédito es del BROU.

Octubre 1989.
163 grupos concentran  U$S 1600 millones de deuda, 90% en moneda extranjera.
Concentración:
                        20 primeros grupos U$S 542  millones.
                        50      “            “        “  944     “
                        100    “            “        “ 1310    “

A partir de la crisis del 2002 muchas  deudas fueron pagadas con bonos de deuda pública al 50% de su valor nominal. Tambien se compraron muchas deudas -  cambio de dominio de la propiedad - con la misma modalidad por parte de los nuevos inversores. Una nueva forma de despojo propiciada desde el estado aprovechando el perjuicio causado por el mismo a los que invirtieron- en bonos de deuda - creyendo en él. Todo un símbolo de los tiempos que corren.
Otras empresas cambiaron de dueño – remates, ejecuciones, etc -  el recupero fue  menos del 50% de los montos adeudados, en muchos casos muy por debajo de ese porcentaje. Distintas  formas de socialización de pérdidas y acrecentamiento de la deuda País.

CONCLUSIONES

La deuda está íntimamente ligada  al bajo nivel democrático y  al manejo corporativo de la economía desintegrada. De este nivel democrático surge una baja calidad institucional, donde el debe  relevante es el de la justicia. En este ámbito la economía pasa a depender más del “hombre” o de los “hombres” de turno que de la institucionalidad. Así la transparencia y las reglas de juego no tienen cabida y los contratos no tiene estabilidad. El subdesarrollo es la consecuencia.

El manejo del crédito y las inversiones en un  estado partidizado y clientelistico, con gerentes y técnicos en puestos de decisión, colocados por adhesión partidaria, es la principal causa del endeudamiento actual del País. Esta conducta política ha potenciado la economía desintegrada y corporativa, campo propicio para trasladar ineficiencias a los sectores rehenes y por ende al conjunto de la misma. Por este camino al endeudamiento se llega naturalmente y la historia del país en los últimos 50 años es elocuente.

El país tiene que integrarse internamente si aspira a mantener un crecimiento sostenido para integrarse a la región y al mundo. El fracaso de la integración en América Latina es a partir de un error de concepto, no puede haber integración entre economías desintegradas y ésta es la realidad que tienen todos los países de la región. La desintegración, potencia el corporativismo y  beneficia a los grandes grupos económicos. Si la decisión política no apunta a recorrer un camino de integración que minimice los corporativismos, nada pasará más allá de los discurso de buenas intenciones o de disfraces de la realidad. Todo lo expresado no implica ignorar la corresponsabilidad de los organismos internacionales de crédito, que avalaron este manejo político de la economía y con mayor gravedad en el período dictatorial. Nadie ignora su conducta, pero debemos asumir el dicho criollo, “no tiene la culpa el chancho, sino quien les rasca el lomo”. No podemos vivir culpando a otros y eludiendo las responsabilidades, así estamos desde hace más de 50 años y así nos va.
En definitiva el camino recorrido desde mediados de los 50 debe de servirnos de lección, por lo que hicimos mal y por lo que no hicimos y debimos hacer.

 *(1) * Pacto del “chinchulín” – año 1931 - en el que se acuerda el reparto del poder – proporcional a los votos - entre el partido colorado y un sector del partido nacional, incorporado luego por la totalidad de los dos partidos a la constitución de la república en la reforma de 1951, a partir de ahí es a cuota fija, 3 y 2.
Surge así el manejo político de un partido único, condicionando la conducción del país  por el reparto de cargos.