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Año V Nro. 321 - Uruguay, 16 de enero del 2009   
 

 
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Bolivia: ¿Autonomia? ¿Cual autonomia?
por Carlos Dabdoub Arrien

 
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         Votaré NO este 25 de enero por tres razones:

         1) Porque en un Estado de Derecho, un proyecto de Constitución impuesto bajo presión, violencia y con graves vicios de nulidad, no tiene validez legal ni legitimidad alguna para obligar a reconocerla.

         2) Porque juramos dotarnos de un Estado Social y Democrático de Derecho, donde nadie sacrifique su libertad para quedar sometido al dominio de otro. Este proyecto ha sido calificado de racista por otorgar privilegios en atención a consideraciones étnicas y culturales; carece de vocación universal, poniendo énfasis en valores particularistas y rompe el fundamento de la democracia (derecho de igualdad jurídica y de participación política paritaria). A ello sumen la constitucionalización de figuras nefastas como la deformada justicia comunitaria, ‘control social’ tipo fascista, la subordinación de la justicia a la política menuda y no meritocrática, la orientación de la economía hacia un socialismo estatista, , el peligro que corre la fe cristiana, la preeminencia del estado en materia educativa sobre nuestros hijos etc., etc.

         En el referéndum vinculante de 2006 votamos únicamente por la autonomía departamental. En este proyecto, rigen hasta cinco formas de autonomías (departamental, regional, provincial (Art. 280), municipal e indígena) en cada departamento, que serán generadoras de ingobernabilidad, en sus luchas por territorio, competencias y recursos. Así como el proyecto constitucional establece ciudadanos de primera y segunda categoría, en el régimen autonómico, ocurre igual. Aquí también impera el origen, la cultura o la raza, poniendo en riesgo la soberanía territorial de departamentos, provincias y municipios a favor de la autonomía indígena (Art. 294, II y III, y Art. 295, I y II), que se convierte en el territorio primigenio y la cúspide jerárquica del ordenamiento espacial. Por tanto, resulta inútil decir que las diferentes entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas (Art. 276), o referirse a los principios que rigen para todas las autonomías, siendo que aquí se incluye ‘la preexistencia’ de las naciones indígenas (Art. 270) a las que se garantiza su libre determinación y su dominio ancestral sobre sus territorios (Art. 2).

         La autonomía indígena detenta competencias ‘cuasi confederales’ al ser la única que goza de autogobierno, de acuerdo a normas y procedimientos propios; no se subordina a la Constitución; no tiene ninguna limitación de edad para ejercer cargos, e incorpora la consulta –sin precisar constitucionalmente sus alcances–, en vez del referéndum, (Art. 289 a 293). Asimismo, los pueblos indígenas originarios campesinos, participarán en las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, a través del voto popular y de sus propias normas (Art. 278), gozando entonces de una doble representación. Empero, la autonomía indígena seguirá siendo ‘altamente dependiente’ del gobierno central, que será el que en última instancia reconozca o no su titularidad sobre el territorio y asigne sus partidas presupuestarias.

         La autonomía se da en el Estado unitario, pero nunca dentro de un estado centralista. En este proyecto, el nivel central goza de 83 competencias, sean exclusivas, privativas o compartidas, el catálogo competencial más desproporcionado en el mundo. Se trata de una inusual fórmula típica ‘a la boliviana’, donde coexiste un estado fuertemente centralizado con regímenes territoriales autónomos. La transferencia de competencias y el régimen económico financiero queda sujeta a una simple ley (Art. 271), desconociendo los Estatutos autonómicos aprobados por voto popular en 4 departamentos. En el caso cruceño, la propuesta constitucional no reconoce casi el 60% de sus competencias y un 30% de ellas las cubre con serias limitaciones (generalmente sujetas a ‘concesiones’ mediante una ley nacional). Sobre esto, el bloque de constitucionalidad (Art. 410), sitúa a los Estatutos aparentemente en el mismo rango jerárquico, aunque después de las leyes nacionales. ¿Esto quiere decir que una ley nacional puede modificar un Estatuto? El presupuesto departamental continua siendo aprobado por el Ministerio de Hacienda y la administración de los recursos por regalías dependerá ahora del presupuesto nacional (Art. 300, 36), rompiendo el principio de que cada gobierno subnacional administre sus recursos en forma autónoma; tampoco se reconoce la coparticipación tributaria del IDH (Impuesto Directo de Hidrocarburos). Por todo ello y otras tantas más, concluimos que la autonomía en este proyecto es simplemente enunciativa, como lo es casi todo el texto, “…porque la mayoría de sus cláusulas son programáticas, es decir, meramente declarativas, propias de un programa electorero…”, tal cual lo subrayó un eminente jurisconsulto.

         3) La tercera razón para votar por el NO guarda relación con la gestión gubernamental actual. Optar por el NO es rechazar la persecución y encarcelamiento del prefecto Leopoldo Fernández, líderes cívicos y juveniles, antes de ser juzgados. Decir NO es oponerse al terrorismo de estado y abuso del poder en contra de quienes proclaman su verdad, sean periodistas, representantes cristianos o referentes regionales. El voto por el NO es condenar la permisividad frente al narcotráfico, la corrupción y la incapacidad de la administración centralista del MAS y sus aliados que despojan de sus recursos (IDH) a las universidades, municipios y gobiernos departamentales, sin ningún desparpajo y contemplación.

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Fuente: HACER
 
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