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Año V Nro. 321 - Uruguay, 16 de enero del 2009   
 

 
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Año 2009: La responsabilidad del pueblo
por Oscar Almada

 
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         Como todos sabemos, el año que recién se ha iniciado es rico en contiendas electorales, y por consiguiente, como siempre pero quizás esta vez más que otras, en su decurso se definirá en alto grado el destino del país por un período considerable. En el Uruguay, por lo general, los episodios electorales suelen definirse en función de la adhesión que el ciudadano siente por un Partido o por un candidato a la Presidencia de la República,  sin parar mientes en otros aspectos de singular importancia. Nos animamos a decir que la mayoría de los ciudadanos limitan sus análisis y definen sus preferencias exclusivamente en función de esos dos elementos, y en especial, en lo relativo a su adhesión partidaria, privilegian factores como la simpatía, la tradición (actualmente los tres lemas mayoritarios son tradicionales) y otros puntos superficiales, sin estudiar los programas, las propuestas, y las capacidades de aplicarlos en el contexto histórico. 

         Sin embargo, la conducción de una sociedad requiere elementos mucho más complejos, precisos y específicos. Para ello, basta pensar cómo es la nuestra. El sistema nacional es el democrático, republicano, representativo, y su régimen de gobierno es presidencialista atenuado.  Se ha establecido un entramado de derechos y deberes, individuales y sociales, y de garantías y contralores, que procura cumplir con los valores que nuestra sociedad prefiere. ¿Cuáles son esos valores? En lo fundamental, el Uruguay cree que la sociedad debe sustentarse, para tener un buen funcionamiento y brindar a los ciudadanos la posibilidad de una vida venturosa, en el Derecho, en la Justicia y la Paz, esa trilogía, que tan bien describe Eduardo J.Couture en Los mandamientos del abogado.   

         Debe predominar el Derecho, porque es forzoso que existan una reglas conocidas y respetadas por todos, empezando por el Gobierno, que permitan dilucidar los permanentes conflictos de intereses y de pasiones sin violencia ni prepotencia, equitativamente y con equidistancia.  Es el Poder Judicial, integrado asimismo mediante precisas normas de garantía, el custodio de dichas reglas, función altísima que debe cumplir de manera independiente y absolutamente libre de acechanzas y presiones políticas.   Debe existir una Justicia, al menos la mayor justicia posible (puesto que la perfección total no es posible a la simple naturaleza humana), para que los beneficios de la vida en sociedad se distribuyan equitativamente entre los sectores sociales y de acuerdo a las necesidades de cada quién. Es en este aspecto el Poder Ejecutivo, todo él y no sólo el Presidente, el encargado de cumplir tan difícil y frecuentemente ingrata tarea manejando los complejos hilos de la administración, para contribuir a la producción  y correcta distribución de bienes. Y debe necesariamente predominar la Paz, (como sustitutivo bondadoso de la justicia, decía Couture) porque ella es la más inmediata y la mayor aspiración del hombre;   y el garante de la Paz no es otro que la sociedad misma, actuando en función de la cultura, que no es sólo conocimiento, saber e investigación (contenidos necesarios pero no suficientes), sino también espiritualidad, tolerancia, humildad, racionalidad, belleza y arte, en definitiva, amor. 

         Pero como todos sabemos, ninguno de esos valores podría consagrarse en los hechos si no existe también la Libertad, que es el oxígeno, la salud, el ambiente natural e imprescindible, de todos los hombres y de cada uno, valor que no se puede renunciar ni siquiera a favor del conjunto de la sociedad, del gobierno o del régimen.  Y es precisamente el Poder Legislativo el custodio, el artífice, el orfebre de la libertad, porque dicta las normas de derecho que tienden a asegurar la justicia y la paz, y porque controla y limita los desbordes en que de buena o mala fe puedan caer el poder administrativo y los demás centros intermedios de poder.                                  

         No es, sin embargo, habitual, que el ciudadano al emitir su voto conceda a la elección del P. Legislativo la importancia que merece en orden a los valores que custodia. Deslumbrado o por una adhesión muy profunda a un partido, o por los términos de una elección presidencial y a veces de la competición personal que ésta implica, suele descuidar la integración de las Cámaras, que como es obvio no funcionan automáticamente sino de acuerdo a las virtudes personales de sus miembros.   Función delicadísima ésta del legislador,  el cual, muchas veces, se detiene más en los propósitos que persigue,  guiado por un agudo voluntarismo, o bien en la polémica y el discurso público, surtidor de votos, que en la forma clara y armónica de la ley y en su vinculación con los inmutables principios generales del Derecho que protegen la estabilidad social y personal.  Muchas veces la integración de las listas parlamentarias ha sido definida en la trastienda del Partido, y, trátese del partido de que se trate, no acoge las mejores personas para los cargos.  La voracidad por aprobar numerosas iniciativas a pesar de que la cantidad nunca debe suplir con éxito a la calidad, y el voluntarismo que hace suponer que la autoridad de la ley alcanzará por si sola para hacerla eficaz y  operativa,  lleva con frecuencia a prescindir de la consulta con doctos asesores o con instituciones especializadas (la Asociación de Escribanos y el Colegio de Abogados han ofrecido sus servicios a esos efectos sin que se haya hecho hábito), lo que produce, sobre todo en los últimos años, redacciones ininteligibles o contrarias a la Constitución o a los principios generales acumulados por la sabiduría secular.

         En el sistema nacional actualmente vigente existen tres instancias electorales cada cinco años y una municipal en el siguiente, cada una con una finalidad específica propia y distinta. De la coordinación y el ensemble resulta un todo inteligente y eficaz. O debería resultar. Pero no siempre toda la ciudadanía ubica debidamente cada una.

         La primera instancia, en junio, determina la candidatura única de cada  lema a la Presidencia, y más allá de eso, sólo implica, para cada uno,  una especie de encuesta general de preferencias. Supone para las colectividades con chance cierta para el triunfo, la delicada decisión de la preferencia, entre los distintos aspirantes, por lo que requiere la máxima participación de los respectivos electorados. Para las menores, significa poco y nada aparte de unas elecciones internas de sus organismos, de modo que no pocos ciudadanos votan a pre-candidatos de otros lemas con fines positivos o tendenciosos. La segunda instancia, en octubre, es en realidad, por encima de todo, la elección parlamentaria.   ¿Por qué? Porque sólo en una circunstancia excepcional un candidato a la presidencia puede lograr la mayoría absoluta y quedar electo sin segunda vuelta. Posiblemente la ciudadanía tenga fresco que eso fue lo que ocurrió en las últimas, pero el hecho fue la resultante muy rara y especial de una situación asimismo especial y rara en todo sentido.  Lo que sí, queda firme, es la elección de las Cámaras. Por tanto, y a diferencia de lo que ocurre en junio, (en base a que la situación actual NO es propicia a una ventaja sustancial por ninguno de los dos lemas con más expansión), las personas no tendrán la “obligación” rígida de votar a su “presidente”, aunque sí, la de votar un buen Parlamento. Un blanco puede dejar de votar a su candidato del lema, un frentista puede prescindir de hacerlo con el suyo, porque igualmente a los treinta días será la decisiva, real y verdadera instancia, a la que entonces sí deberá prestar toda su convicción. 
           
         Otros efectos bienvenidos tienen una cuidadosa elección parlamentaria. Por un lado, permite disminuir, soslayar o moderar la polarización que históricamente se produce entre los partidos más votados, en detrimento de las minorías. Sucedió un siglo con blancos y colorados, y sucede ahora con blancos o colorados y el Frente. Deslumbrados por la participación en esa lucha polarizada entre los dos grandes núcleos, los ciudadanos, pensando en la Presidencia, quieren a toda costa circunscribirse a esa contienda. Por lo tanto los demás grupos quedan disminuidos a niveles muy por debajo de lo que normalmente deberían. Las encuestas ya están dando muestras de esta situación que afecta especialmente al P. Colorado y al P. Independiente.  Es absurdo pensar, sea cual sea la opinión que se tenga sobre el P. Colorado,  que en la actualidad haya bajado hasta colocarse en menos del 10 por ciento. Y es absurdo pensar que ningún frentista  o votante circunstancial del Frente arrepentido deje de hacer lo que indica la más estricta lógica: si no quiere votar los lemas tradicionales, lo obvio es apoyar la representación parlamentaria de otro sector ajeno a ellos, o sea, el P. Independiente, reconocido como de inclinación demócrata social. Por otro lado, permite evitar que un solo sector ocupe la mayoría absoluta del parlamento, eximiéndole de consultar, acordar y en definitiva respetar las minorías. Gran estímulo de la vocación, el hecho de tener mayorías absolutas precede a la tiranía.

         Finalmente al año siguiente se votará en forma independiente para autoridades municipales, a las que la última reforma desprendió de su ligazón con las elecciones nacionales, posibilitando un voto con atención estricta hacia sus antecedentes y sus programas autonómicos locales, que antes quedaban sepultados en el vocinglerío de las generales.

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