Sentencia sobre los piquetes por Oscar Almada

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         La prensa ha destacado la primera sentencia de nuestro Poder Judicial adversa a la formación de “piquetes” sindicales que obstaculizan o impiden el funcionamiento de plantes industriales cuyo personal mantiene huelga.
           
         A más de tres años de generalización de esta costumbre, parece que se abre paso una jurisprudencia que al acoger la defensa de varios derechos individuales protegidos por la Constitución, como son el derecho de propiedad, el de trabajo y el de la libre circulación de los bienes , se enfrenta a la absurda “extensión” del derecho de huelga a la ocupación de los locales o a su “sitio” por los huelguistas y sindicatos amigos. (Se recuerda la muerte de un obrero que no participaba de una huelga y que en una especie de vía crucis formada por los patoteros, sufrió un infarto, hecho que quizás la sentencia no incluye).
           
         Este fallo se basa además en la propia concepción de la O.I.T. –frecuentemente citada como fuente por los sindicatos cuando los favorece pero cuidadosamente olvidada cuando no- que distingue los piquetes simplemente dedicados a la propaganda y explicación del conflicto, de aquellos que lesionan los derechos constitucionales arriba mencionados.

         Lamentablemente, en nuestro país se ha iniciado una escalada contra ciertos valores y derechos tradicionales, y el propio gobierno ha participado en ella, dictando distintas normas que habilitan las ocupaciones y los piquetes invasores, y asumiendo una actitud que está lejos de ser objetiva en la materia de los conflictos gremiales y de los salarios.    Escalada similar a la que tiene por objeto la estructura tradicional de la Familia, las características del derecho de propiedad privada, etc. Los integrantes del actual gobierno, además, manifiestan  una adhesión y amistad públicas con los gobiernos más reaccionarios y fascistas del continente como son Cuba y Venezuela.
           
         Días atrás, comentando en amable reunión problemas de actualidad, un distinguido amigo, opinador inteligente y consuetudinario, reflexionaba que sin perjuicio de algunos hechos realmente negativos, el actual gobierno en definitiva había navegado por las corrientes creadas en anteriores ejercicios y “no había sido tan malo”, a lo que le replicábamos que debía tenerse en consideración la ofensiva contra la estructura liberal y demócrata-social de nuestro país especialmente en materia de derechos individuales, individuo y sociedad, familia, etc, y la velada “revolución” que se está desatando para transformar nuestro país en una sociedad socialista, con amplísima intervención estatal, derechos exacerbados de los sectores corporativos y disminución de los derechos individuales.    

         La sentencia del Dr. Walter Burella, de Canelones, hace honor por tanto a la defensa del orden jurídico y constitucional. Aunque en nuestro país no crea jurisprudencia obligada, de todos modos significa un factor de hecho muy importante en la materia.

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