Palos de ciego contra la infiltración paramilitar por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

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         Nada más peligroso para un enfermo que un mal diagnóstico, mucho peor es que se recete el medicamento impropio para un mal. Una enfermedad fastidiosa puede convertirse en una auténtica crisis y poner el enfermo en serios aprietos a causa de malos diagnósticos y/o malas medicinas. Está a la orden del día sugerir los más disímiles remedios para la situación que atraviesa el país en razón del escándalo derivado de las denuncias de la infiltración del paramilitarismo en la política. Se sugiere desde la disolución del Congreso, la convocatoria de una consulta popular, de una constituyente, el adelanto de elecciones, hasta la renuncia del presidente y la disolución de los partidos. Cada quien o cada organismo lanza sus propuestas sin caer en cuenta que el carácter unilateral de las mismas las desvirtúa y las hace inocuas o enredan más que aclarar la situación que se pretende subsanar.

         Si no se parte de reconocer que tanto el paramilitarismo como el narcotráfico y la guerrilla infiltraron a placer las instituciones más importantes del estado colombiano, sus partidos, el congreso, su fuerza pública, sus jueces, las leyes, como también elementos de la sociedad y la economía, a sus dirigentes, los negocios, los comportamientos, los valores y hasta las relaciones familiares, difícilmente encontraremos fórmulas que nos permitan salir indemnes de esta delicada coyuntura, es decir, sin caer en los extremos de las salidas tipo Sansón: muera Sansón y todos los filisteos o del tipo Adán o Ave Fénix: todo ha de comenzar de nuevo o renacer de las cenizas. Fórmulas extremistas que niegan, en el fondo, los avances del estado y la recuperación de la institucionalidad en los últimos años como producto de la aplicación del Plan Colombia y la política de Seguridad Democrática.

         La cuestión no consiste en plantear una especie de competencia por hacer la propuesta más arrojada o atrevida como si estuviésemos al borde del abismo. Dejarse llevar por la confusión no es un buen camino a seguir, mucho menos si esas ideas “salvadoras” provienen de quienes tienen responsabilidades de estado. Los tres poderes en que se sustenta nuestra democracia, no obstante sus desajustes y desacuerdos y las instituciones y las autoridades que las componen no pueden dar a entender que son incapaces de encontrar salidas institucionales a la crisis política. Lo menos que se puede esperar de ellos es una actitud negativa a actuar con los mecanismos y los procedimientos estipulados en nuestras leyes,  por el contrario, deben mostrar disposición a colaborar orgánica y conjuntamente en la búsqueda de las fórmulas más apropiadas para superarla.

         Una situación como la que vivimos en esta coyuntura  es ideal para borrar la línea que separa la responsabilidad individual de la colectiva. En efecto, se oyen decir cosas del calibre de atribuir la culpa al conjunto de la sociedad, la culpa o responsabilidad colectiva que nos convierte a todos en victimarios o cómplices por acción o por omisión de todos los desastres. Así se desprende de frases ligeras según las cuales todos llevamos una “paraco” en nuestros corazones o si somos críticos del gobierno es porque somos proguerrilla o todos tenemos un comportamiento mafioso. También cabe ahí el impulso a actitudes de  convertir a todos en víctimas y a hacer de la reparación un proceso vengativo en el que las víctimas reales son instrumentalizadas por grupos de interés. Tendemos con relativa facilidad a la exageración y a la autoflagelación.

         De todas las propuestas que se han hecho ninguna es descartable a-priori, pero hay una exigencia mínima para todas aquellas personas u organizaciones que desean hacer sugerencias, la de despojarse de todo interés oportunista de sacar beneficios haciendo de los problemas un tema de agitación política y electoral, es decir, para hundir a los otros y para sacar ventaja. Alguien debe liderar el proceso de búsqueda de un consenso entre las fuerzas y las instituciones más representativas de la sociedad colombiana. Y ese alguien no puede ser otro que el presidente de la república. Echarle toda el agua sucia al Congreso y a los partidos resulta injusto y parcializado. Injusto porque los escándalos no se limitan tan sólo a los políticos y a los partidos de la coalición de gobierno. Se  destaparán otros insucesos y denuncias que permitirán apreciar en toda su magnitud el nivel profundo de la infiltración del paramilitarismo en otros sectores del estado y la sociedad: se anuncian casos que involucran al poder judicial, a ministros y ex ministros, a altos oficiales de la fuerza pública, a empresarios, a dirigentes de la izquierda, a líderes sindicales e incluso a periodistas. Y de la infiltración se sabrá que no sólo fue causada por los paramilitares sino también por las guerrillas.  

         ¿Para qué  y por qué se precisa del liderazgo del presidente? Ante todo porque tenemos un régimen presidencial y es lógico que él mismo, en su calidad de jefe de la nación, que encarna la unidad nacional y en tanto cabeza del gobierno tiene la obligación constitucional de buscar la solución adecuada y pronta a los problemas de índole general. Pero también porque siendo el líder de un régimen presidencialista tiene la responsabilidad de convocar a los demás poderes y a los sectores representativos de la sociedad para buscar respuestas a los desafíos de la coyuntura. Se trata de forjar un consenso lo más amplio posible en torno a temas  álgidos como el establecimiento de la necesaria distinción entre responsabilidad individual y responsabilidad colectiva, entre la penalización de los delitos de sangre y lesa humanidad y aquellos que se cometieron con fines de aprovechamiento electoral, entre  quienes se vieron impelidos por la amenaza, la desprotección estatal y el miedo y quienes colaboraron e impulsaron la formación de grupos violentos al margen de la ley por convicción propia. Es menester establecer qué se puede perdonar y qué no, que va a pasar con la extradición, hasta dónde esperamos llegar en materia de justicia, verdad y reparación de tal manera que evitemos enredarnos de por vida en mutuas recriminaciones. Y, luego de definir los comportamientos penalizables y la magnitud del daño ocasionado a las instituciones y a la sociedad, pensar en los procedimientos o la metodología a aplicar. La idea de convocar una constituyente, adelantar las elecciones o disolver los partidos de la coalición no tendría la misma connotación y aceptación si es lanzada por una persona o grupo que si es originada en un consenso.

         El gobierno nacional tiene que ser coherente y consecuente con lo expresado por el presidente Uribe cuando afirmó que las denuncias e investigaciones se pueden adelantar desde la institucionalidad, sin quebrantar la división de poderes. La existencia de diferencias y contradicciones entre los poderes no es razón para apelar a salidas de corte extremo. Uribe fue enfático en señalar el peligro de desconocer la fortaleza del estado y de  las instituciones: No puede ser que paguen justos por pecadores, no es justo  que se pongan en entredicho todos los sufragios de las elecciones al congreso, no es bueno, como él decía, que nos dejemos llevar por el fetichismo constitucional ni por propuestas que nos pueden llevar al vacío. Colombia no está para aventuras constitucionales ni para procedimientos quirúrgicos basados en ideas fantasiosas de sanación repentina y milagrosa de nuestros males. En tal sentido la disolución de los partidos de la coalición sugerida por el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, no sólo va en contravía de las ideas expresadas por el presidente Uribe sino que distorsiona la envergadura de la crisis política al descargar sobre ellos todo el peso de la misma cuando cada vez es más claro que la infiltración de los grupos armados irregulares va mucho más allá. Es muy peligroso para la democracia que en vez de estimular el avance de las investigaciones y de la aplicación de castigos individuales se opte por el fácil expediente de lapidar el Congreso y los partidos políticos, que en vez de buscar salidas estructurales desde la ley para recuperar la dignidad de la política y depurar los mecanismos de intermediación política, es decir los partidos, se presenten propuestas de claro tufillo antidemocrático. No es aceptable que los médicos se asusten con la fiebre., sobre todo si ésta es el síntoma de una catarsis. Es una verdad de Perogrullo que hay que curar la enfermedad sin matar al paciente.

Rionegro, mayo 5 de 2008