El verdadero debate por las retenciones por Enrique Blasco Garma

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         El gobierno y los productores rurales están enfrentados por los impuestos a las exportaciones.

         No pueden sorprenden las visiones discrepantes, que son naturales. Pues, por definición, los individuos poseen información e ideologías distintas. Justamente, el progreso consiste en aprender del otro, consensuar y coordinar las actividades que consigan los resultados más valiosos. Así, es necesario admitir que las disputas sobre los tributos son una faceta esencial de las sociedades. A lo largo de la historia, los hombres discutieron el peso de los impuestos y la extensión de los programas públicos. En todo el mundo, estallaron luchas en reacción a mayores tributos.

         La Carta Magna inglesa, de 1215, instituyó un medio para zanjarlas, resultado de esas luchas.

        La guerra por la Independencia de los EE.UU. se inició con la pretensión inglesa de poner un pequeño tributo a las importaciones de té. La Revolución Francesa nació de la convocatoria del rey Luís XVI al Parlamento (los Estados Generales), para conseguir el aumento de los impuestos. En ese tiempo, el rey absoluto carecía de poder suficiente para decidir mayores impuestos. De tal modo, la civilización ha ido progresando, estableciendo límites al gobierno, formas de canalizar iniciativas y el principio de que no hay impuestos sin la previa sanción del parlamento. La   Constitución de los EE.UU. y la argentina confirman que no puede haber tributos sin la previa sanción del Congreso y de acuerdo con pautas justas, para evitar la discriminación, la expropiación y otros daños innecesarios.

         Estamos frente a uno de esos raros momentos históricos en que las sociedades debaten cuestiones fundacionales. La pugna por las retenciones a las exportaciones interesa a todos. Se trata de marcar los límites a la capacidad de imponer y de gastar del estado, cuando la presión tributaria ya es la mayor de la historia. Nadie puede desconocer que el gobierno fue elegido legítimamente. Pero las autoridades deben aceptar que su mandato tiene los límites y fuerza que fija la Constitución, que juró sostener y respetar. Por eso, los impuestos deben cumplir los requisitos establecidos para ser legítimos. La Constitución prohíbe al Congreso otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo, “ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.

         Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

         La Nación ya había sufrido tales actos con Rosas y los constituyentes querían evitar su repetición.

         La primera facultad que la Constitución reconoce al Congreso es “legislar en materia aduanera.

         Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”. Ahora, la primera concesión que el Ejecutivo ofrece es que los derechos de exportación sean diferentes, en la práctica, según a quien se apliquen, en abierta violación del art. 75 de la Constitución.

         Es contrario al progreso estar sujeto a cambios continuos e injustificados de reglas de juego.

         Azuzar el antagonismo y las divisiones conspira contra la confianza necesaria en los procesos sociales. El desarrollo consiste en superar los antagonismos y encontrar intereses comunes, negociando conflictos y valorizando los derechos individuales. La súbita imposición de nuevos gravámenes, sin la amplia discusión, confrontación de opiniones y procedimientos que exige la democracia, es totalmente inconsulta. Hacerlo al final de la cosecha, conlleva indudables efectos retroactivos, conculcando derechos adquiridos.

         Por otro lado, el nivel de vida de los países depende de la productividad, de los esfuerzos que cada uno pueda hacer pa ra aumentar el tamaño de la torta, el producto total. Para ello, la gente debe estar debidamente incentivada. Al imponer tributos desproporcionados al sector agropecuario más eficiente del mundo, fuente de grandes ventajas competitivas y columna vertebral de la economía nacional, los incentivos se confunden. Se resiente el futuro de los argentinos, repitiendo errores del pasado. La recuperación económica, a partir de 2003, estuvo fogoneada por los precios agrícolas y avances de la eficiencia del sector, que se distribuyen por toda la sociedad. En los primeros dos meses de 2008, el complejo agropecuario, junto con la agroindustria, aportó el 60% de las exportaciones.

         De acuerdo al Departamento de Agricultura de EE.UU., ese país es el principal productor de oleaginosas, con 80 millones de toneladas. Le siguen Brasil, 64 millones, China, 54 millones, Argentina, 52 millones, y la India, 34 millones. La producción mundial 2007/2008 sería de 390 millones, una reducción respecto de los 408 millones de la campaña 2006/2007. Argentina también produce todos los bienes agrícolas que necesita. A modo de ejemplo, la cosecha de maíz será de 21,5 millones de toneladas y el consumo interno apenas 6,5 millones. Se cosechará 15,5 millones de toneladas de trigo y sólo se consumirán internamente 5,5 millones. Nos sobra capacidad productiva para proveer todos los bienes agropecuarios que necesitamos, siempre que los incentivos estén enfocados.

         Argentina es el más eficiente productor agropecuario del mundo. Es el principal exportador de sorgo, un millón de toneladas, también producimos en exceso arroz, hortalizas, frutas, leche y sus derivados y muchos otros bienes, por la calidad de la tarea de nuestros hombres de campo.

          No hay posibilidades que la soja nos deje sin los otros productos que necesitamos, a menos que se establezcan obstáculos innecesarios a esas producciones. Como con la energía, donde la intervención estatal traba el suministro fluido. Siempre los empresarios comparan el costo de producir con los ingresos. Si algún bien faltase, se lo produciría localmente o se lo importaría.

         Las tensiones por las retenciones ya van costando demasiado. Aceptar que el último aumento no guarda las garantías de procedimiento necesarias, y dejarlo sin efecto, traería tranquilidad, reestableciendo el trabajo en los campos y el sentido de justicia. Además de los quebrantos de producción, horas de trabajo, camiones y barcos parados, carestías, perdemos ingresos por la menor confiabilidad de los proveedores argentinos. Argentina no es la única que dispone de tierras; muchos productores se han volcado a Uruguay y Brasil, que no castigan las exportaciones.

         En marzo, los exportadores de bienes agropecuarios liquidaron 260 millones de dólares menos que en febrero. Normalmente, marzo debió haber generado mayores liquidaciones. Lo mismo es verificable con la recaudación impositiva. La AFIP informó una recaudación de 17.700 millones de pesos, en contraste con proyecciones de 20.130 millones de economistas privados, a comienzos del mes.

         El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió sobre una crisis alimentaria creciente, en el mundo, que está alcanzando niveles de emergencia y borrando los avances en la lucha contra la pobreza. Que las autoridades argentinas desincentiven la producción de alimentos, en estas circunstancias, cuestiona nuestra solidaridad con tantos necesitados en el mundo.