El Zeta como problema nacional
por Manuel Flores Silva
Un aporte de Luciano Gianfrana

Escribo, obviamente, bajo el impacto del procesamiento del contador Eduardo Zaidensztat. Todo quien en este país ataque los sistemas de corrupción establecidos y aceptados paga inexorablemente un precio. Por x o por z, el camino para perjudicar al luchador contra la corrupción siempre se encuentra. El problema es que va siendo siempre el mismo.

Cuando el juez Alberto Miguel Basil pone presos en Rivera a más de 20 policías y otro tanto de aduaneros y sobre todo cuando allana la Zona Franca de Colonia buscando la conexión básica del contrabando que es Colonia-Rivera- le tiran un par de tiros desde el interior de su casa y luego es sancionado por el Poder Judicial hasta que deja de ser juez, porque lo derivan regalado- a un punto menos, todavía menos seguro en la frontera como es Río Branco.

Cuando el doctor Víctor Lissidini se juega el pellejo en la lucha frontal contra el contrabando y logra resultados y pone al descubierto la trama que vincula el delito con política, un juez al que luego separan del Poder Judicial por inmoral- le encaja media docena de delitos, lo hace purgar cárcel para vergüenza del país, aunque luego la propia Justicia comprobara que los delitos, uno por uno y todos juntos, no habían existido.

Cuando el contador Eduardo Zaidensztat reacciona temperalmente, como cientos de miles de uruguayos, al enterarse de que los responsables de la mayor defraudación fiscal en la historia del Uruguay son procesados sin prisión, entonces él -pese a que mediaron las disculpas del caso por el alegato proferido con espontaneísmo evidente de parte del director de Rentas ante la Suprema Corte de Justicia y ante el magistrado interviniente- entonces la Justicia condena a Zaidensztat con prisión.

La señal que percibe la sociedad, según he podido comprobar conversando con la gente durante estos episodios es clara. Haga contrabando tranquilo, defraude al fisco tranquilo, delinca, que si algún jerarca lo molesta, dicho jerarca termina mal.

Quiero ahondar, sin embargo, en dos asuntos implícitos en lo que vengo señalando, que me parecen de extrema gravedad. Uno es que en todos los casos el brazo decapitador del actor anticorrupción ha sido el Poder Judicial. El mundo al revés. Dos, una parte de la sociedad, frecuentemente educada, percibe, sin embargo, a los que cumplen simplemente con la ley como transgresores y los sanciona socialmente. Estos dos fenómenos se acumulan y evidentemente colocan al país en la más pesimista de las perspectivas.

Obviamente, por razones de delicadeza personal, no me estoy refiriendo a cómo se silenció al órgano de prensa que denunció el 95% de los casos de corrupción política de la década del 90 tema este de la denuncia de la corrupción en que el poder político, incluso la oposición de entonces que es ahora gobierno, fue totalmente omiso- que fue la revista Posdata. Allí también se equivocó la Justicia y se archivó finalmente el caso porque la fiscal en el sumario cambió su posición respecto al presumario y ni siquiera acusó. Nos reconfortó entonces que el arco político en pleno (los entonces presidente y ex presidente del Frente Amplio, secretario general del Partido Colorado, presidente del Directorio del Partido Nacional y presidente del Nuevo Espacio además de muy diversas figuras del ámbito nacional e internacional) se solidarizaron con la revista. También en ese caso hubo un juez culpable al que luego sacaron del fuero penal- que después de decirle al abogado defensor que no iba a procesar se reunió ilegalmente con el fiscal de Corte y cambió de opinión, y le recibió al fiscal de Corte los libros de doctrina en que sentó su jurisprudencia.

La Justicia

La Justicia decapita, pues, según la experiencia relevante reciente, a los que combaten al gran delito. Es espantoso como síntoma de un país. Uno tiene todo el derecho como ciudadano a concatenar estos datos y a emitir esta opinión. (No me estoy refiriendo en este caso a la actitud del juez Eguren, cuyo fallo bueno o malo no es el objeto de este artículo, y que sintiéndose agraviado tenía todo el derecho a recurrir a la Justicia; tampoco me refiero al fiscal del caso que debe atenerse a la letra fría del código y poner el asunto en marcha: me refiero al juez que procesó a Zaidensztat con error). Se tiene derecho a emitir estas opiniones aún siendo jerarca público y a hacer los deslindes necesarios en un juicio por difamación e injurias, caso en que esas disculpas son de recibo. E, incluso, a hacer un juicio peor. Si se continúa en este camino el delito se acrecentará y nos convertiremos, como dijo Zaidensztat, y como reitero aquí, en una república bananera. El propio procesamiento de Zaidensztat nos hace más bananeros. Por culpa de muchos. Entre otros, y en un papel no menor, de la Justicia. Sin menoscabo de los cientos de sacrificados magistrados que todos los días, superados por un trabajo para el que no se le proporcionan recursos, dictan justicia con lo mejor de sí. Y sin menoscabo de los jueces y fiscales que heroicamente han soportado las presiones del poder político y han sido fieles a su conciencia contra todo.

No estoy solo, para empezar, en esta opinión sobre la Justicia.

Según el Latinobarómetro del año 2004, la opinión pública uruguaya en un 25% piensa que hay "Muchas y bastantes probabilidades de sobornar a un juez para obtener una sentencia favorable".

En el Latinobarómetro de 2005 el 30% de los uruguayos está "En desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación 'la justicia tarda pero llega'". En la misma encuesta la opinión pública uruguaya piensa que "cada 100 funcionarios públicos", 41 son corruptos. Un informe de Cifra de junio de 2000 dice "la imagen del Poder Judicial es la peor, y eso es muy grave. Sólo tiene 21% de juicios aprobatorios y un 36% de desaprobaciones, lo que marca una diferencia negativa de 15 puntos. El Informe de Naciones Unidas "La democracia en América Latina" del año 2004 establece que un 19.6% de los uruguayos "tiene expectativas negativas" respecto "del trato que recibirá en un tribunal o con un juez".

¿Por qué ocurre todo esto que vengo señalando? No es un tema de personas. Demos por bueno, lo cual estará muy cerca de la verdad, que todos los jueces actúan según su honrado parecer. También es verdad que en no pocos casos con menor conocimiento del derecho que el necesario, lo cual más que responsabilidad de ellos lo es del sistema judicial que deja bastante solos a los jueces.

El tema de la crisis de la Justicia y de su necesaria reforma tiene que ser analizado desde cuatro planos, por lo menos, para restaurar la filosofía republicana en su seno. Para empezar tiene que ser una Justicia de sentencias más que de jueces. Las sentencias todas tienen que estar en internet. Los ciudadanos tienen que tener derecho a dejar constancia de su opinión sobre esa sentencia. No es sólo un tema de hacer más transparente y abierta a la Justicia, sino además de sentar que es la calidad de las sentencias lo que le da meritocracia al sistema, haciendo posible ir sustituyendo la antigüedad como valor de ascenso por la calidad. En segundo lugar hay un tema de estructura de la Justicia. Funciones que en Uruguay ejerce la Corte de Justicia en muchos estados los desempeña un trípode integrado por la Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional (encargado de interpretar la Constitución y las normas de ese rango dotadas de mayor rigidez dado su carácter dogmático de los derechos y libertades) y el Consejo de la Magistratura o de la Judicatura (parte administrativa de la Justicia y nombramiento y fiscalización de magistrados). Una estructura más diversificada permite más especialización y más equilibrio en la cúspide de la Justicia. La experiencia comparada establece, además, que en la selección de jueces para integrar la Corte Suprema no sólo participa el poder político a través del Parlamento sino que en las listas de selección de candidatos participan comités de selección integrados por jueces de los Consejos de la Judicatura, decanos de derecho, presidentes de Colegios de abogados, etc.. Todo apunta a mejorar la calidad de la propuesta no dejándola sólo al criterio de la antigüedad y la sola selección política. En la rejerarquización de la Justicia hay países de la región donde la Corte es integramente nombrada por el Consejo de la Judicatura o donde la Corte Electoral es íntegramente nombrada por la Corte de Justicia. En tercer término hay un tema de calidad de las leyes las que por ejemplo, en nuestra legislación penal son una vergüenza anacrónica que viola las garantías de los propios Tratados Internacionales que el país ha firmado. Y en cuarto término, hay un tema económico. En Argentina, la Justicia participa con el 3.2% del Presupuesto Nacional, en Brasil con el 2.1% y en Uruguay con el 1.6%. (Datos ONU). Cuando uno junta todos estos factores se explica por qué las cosas no andan bien. En realidad los buenos jueces son víctimas de todo esto.

La opinión pública

El jerarca que en Uruguay no hace nada pasa bien. Si cumple su tarea con brillo, entonces la mediocridad nacional el conformismo conservador propio de una sociedad en decadencia y paridor de la envidia como valor supremo- lo acusa de vedettismo. El orden establecido siempre precisa ser reformado. Ese envión lo dan los que cumplen con su deber y formulan políticas ambiciosas tanto como los transgresores. Este país tuvo éxito en su momento y lo que sobrevive de ese éxito- porque tuvo un gran transgresor (divorcio, colegiado, feminismo, república de partidos) que fue Batlle y Ordóñez.