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...Dos veces con la misma piedra
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| por Jorge Gandini |
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La regla se cumple. El Gobierno tropezó con la Reforma Tributaria y el Ministro trastabilla. Con la misma soberbia, el Gobierno atropella contra la salud de los uruguayos. La polémica sobre la Reforma Tributaria la están zanjando los bolsillos. Todos los que trabajan paga más. Todos los que viven de su trabajo, tienen menos. Había prometido justicia, equidad y transferencia de recursos a los que tienen menos.
La piedra del tropiezo tributario, ahora está en el zapato. Mientras el Gobierno no pierde tiempo en reformar su propia Reforma, repite la receta con la salud y va derecho a liquidar un sistema con tal de quedarse con el poder.
Una vez más lo hace sólo, sin diálogo ni concesiones. No podrá el Partido de Gobierno decir mañana que la oposición no se lo dijo. Con el mejor espíritu constructivo quisimos avisar y no fuimos oídos. El sistema requiere cambios, pero no por eso se lo debe destruir. Lo peor es que en esta “Reforma” el punto de no retorno está mucho más cerca de su vigencia que en la Reforma Tributaria. Arrepentidos, no será tan fácil volver atrás, porque lo que allí está, pronto no estará.
Mientras el Gobierno se tomó dos años y medio para elaborar y discutir internamente esta Reforma, los Diputados tuvimos nueve días para conocerlo, discutirlo y votarlo. La mayoría parlamentaria explicó por todos los medios sus razones para aprobarlo. Yo quiero, por lo menos enumerar aquí algunas razones por las que no lo votamos.
No lo votamos porque los dos primeros artículos de la Ley son engañosos. No “asegura el acceso de todos los habitantes residentes en el país a servicios integrales de salud”. Como dice: “Integrarán el sistema aproximadamente 1.400.000 residentes y quedarán fuera de él unos 2.000.000 de compatriotas. Quedan fuera 400.000 jubilados, los cónyuges que no trabajen, los jóvenes mayores de 18 años aunque sus padres aporten, los profesionales, los prestadores de servicios personales, los militares, los policías, los desocupados y tantos otros.
Tampoco establece un “acceso a servicios integrales”, ni consagra un “Sistema Nacional Integrado de Salud”, porque no es Sistema, no es Integrado, ni mucho menos es Nacional. Entran menos personas de las que quedan afuera. Integra algunos servicios del sistema público y deja fuera otros, como el Hospital de Clínicas, el Militar, el Policial, y todo el sistema de atención primaria que brindan los municipios.
No lo votamos porque no enfrenta el fondo del problema, solo cambia el modo de gestión para apoderarse partidariamente de su administración. Sin duda este aspecto revela -más que diferencias políticas-, nuestras más profundas diferencias ideológicas.
Crea una Junta Nacional con enormes poderes discrecionales sobre las libertades de los prestadores públicos y sobre todo privados que quedarán condicionados económicamente y limitados en su gestión a la decisión de un poder central y estatal.
No lo votamos porque estatiza la gestión y privatiza la prestación. Dejaremos de ser afiliados, beneficiarios y eventualmente pacientes, para convertirnos en usuarios de un servicio público cuyos prestadores podrán ser estatales o privados, los brindarán en un servicio regulado y controlado por el Estado que sustituirá en el pago al paciente.
Dejaremos de ser beneficiarios de un servicio social cuyas prestaciones pueden ser realizadas por particulares en el ejercicio de su derecho y pasaremos a ser usuarios de un servicio público que tendrá la misma naturaleza del servicio de transporte colectivo de pasajeros. Si lo toma paga lo que fija la IMM y recibe lo que le dan, sin opciones ni quejas.
El sistema dejará de ser público-privado y pasará a ser claramente estatal porque, como lo dice el Dr. Delpiazzo: “Será estatal la dirección, será estatal el financiamiento y también será estatal la determinación de quiénes ingresan o no al Sistema Nacional Integrado de Salud.”
No lo votamos porque se crea un Seguro Nacional de Salud que no es tal, porque carece de la comercialidad típica del seguro y que expresamente la ley descarta.
No lo votamos porque el aporte de trabajadores y empleadores al Fondo Nacional de Salud dejará de ser una contribución especial a la Seguridad Social y pasará a ser un verdadero impuesto a la salud.
Al decir del Dr. Delpiazzo en la Comisión de Hacienda: “…Este Fondo, que no está en manos de ningún organismo de la Seguridad Social y que se honra por cada habitante en función de sus ingresos y no de una contrapartida específica, se parece a lo que el Código Tributario define como un impuesto.”
No lo votamos porque transfiere 80 millones de dólares más por año del bolsillo de los trabajadores, junto a otros 80 millones de dólares que deberá aportar el Estado sin que se garantice que mejorará la calidad y el acceso a la salud en esa proporción.
No lo votamos porque la mayoría de los nuevos aportantes pagarán una parte de sus sueldos para recibir lo que ya tienen. Esto sucederá con los maestros y funcionarios de la Educación Pública, que ya tienen a costo del organismo cobertura de cuota mutual; y ahora para mantenerla aportarán el 6% de sus sueldos por ella. Igual que los cónyuges de militares, policías, bancarios y de muchos funcionarios más.
No lo votamos porque, como si fuera poco lo anterior, habilita el cobro de tickets en el sector público, eliminando la razón fundamental para que no todos los nuevos usuarios opten por atenderse en los prestadores privados y encareciendo la salud de los más pobres.
No lo votamos porque empareja hacia abajo la calidad de la atención, obligando en los hechos a los prestadores privados, por razones económicas y políticas, a brindar menos de lo que ofrecen hoy igualando sus “prestaciones básicas” con las que alcancen a brindar los prestadores públicos.
Finalmente tampoco lo votamos, porque pretendiendo cambiar algo, deja todo como está. Salvo en el manejo del poder en casi todo el sector, dándole el cordón de la bolsa –una bolsa anual de casi 1.500 millones de dólares- a una Junta “Honoraria” de cuya decisión vivirán o perecerán instituciones de larga trayectoria. La mayoría de las instituciones no quiere esta Reforma. Salvo alguna excepción que integrará la categoría pequeña de los “ganadores” con esta Ley. El principal de todos, el CASMU, que debe 96 millones de dólares – 384 dólares por afiliado - y tiene, según su propio balance, patrimonio negativo, lo ha perdido todo.
Por eso no lo votamos, porque tampoco creemos en quienes lo proponen. ¿Quién administró siempre el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay? Hay una inequívoca respuesta: la izquierda. La misma que hoy propone la solución para todo el sistema. ¿Qué antecedentes ofrece la actual Ministra de Salud Pública y el actual Director General de la Salud? Entre otros, haber sido la Secretaria General y el Director Técnico de la Mutualista peor gestionada y más endeudada del país.
Motivos para votar en contra no nos faltan. La razón nos la dará, como en la Reforma Tributaria, el tiempo y la gente.
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