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Año III - Nº 173
Uruguay, 17 de marzo del 2006
Inscripto en el Registro de Derechos de Autor en el libro 30 con el No 379
 

 

 

 

La información descontextualizada es desinformación
La industria del papel puede ser una tecnología limpia
Por María Cristina Area (*)
Colaboración de Pedro Hernández

Si el problema es la contaminación, el conflicto con Uruguay por la instalación de papeleras en Fray Bentos no es insalvable.

A partir de los años 90, en la mayoría de los países desarrollados se iniciaron fuertes presiones sociales y gubernamentales para disminuir la contaminación producida por las fábricas de pulpas kraft.

Las propuestas actuales para transformar al proceso kraft en una tecnología más limpia se han tratado en comités internacionales que definieron acciones para limitar las emisiones y descargas.

En diciembre de 2001, una comisión europea (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC) emitió un documento de referencia donde se establecen las Mejores Técnicas Disponibles para la Industria de Pulpa y Papel (Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry, BAT).

Las BAT identifican la última etapa de desarrollo disponible de las instalaciones, procesos o métodos de operación que indican la adecuación práctica de un proceso u operación particular para limitar las descargas.

Además de lo anterior, este documento establece los niveles permisibles de los diferentes compuestos que estas fábricas pueden emitir al agua, al aire y a la tierra. Estos niveles garantizan la sostenibilidad de los recursos. Es así que desde el año 2001, la industria de pulpa y papel europea se maneja con el compromiso internacional de cumplir dichas pautas y limitar sus emisiones a los niveles permitidos.

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organic Pollutants, POPS) en sus Partes II y III (Categorías de fuentes), habla de la formación de las dioxinas y furanos (elementos formados por la combinación térmica de materia orgánica y cloro) y define las formas más adecuadas de fabricación de pulpas celulósicas y papel, abarcando desde la recepción de la madera en la fábrica hasta el secado de la pulpa final. Incluye también la generación y manipulación de productos químicos, el sistema de recuperación y el blanqueo.

Sin duda es más sencillo instalar una fábrica moderna, dotada de toda la tecnología "anticontaminación" que adaptar a las fábricas antiguas.

Cuando se habla de instalar una fábrica nueva, habría que seguir tres pasos básicos para asegurar que será una fábrica "limpia".

En principio, hay que exigir que cuente con todos los avances tecnológicos que harán de ella una fábrica de baja contaminación. Los organismos estatales competentes deber realizar la evaluación del impacto ambiental de la industria propuesta, basado en el estudio de impacto ambiental presentado. Asimismo, es imprescindible verificar que la fábrica cuente con todos los elementos de mitigación y tratamiento de efluentes establecidos como Mejores Tecnologías Disponibles (BAT) por los organismos internacionales.

Como segunda medida, y para asegurar lo anterior, debe realizarse una rigurosa inspección de las instalaciones previa al otorgamiento de la habilitación industrial.

Finalmente, y para asegurar el buen funcionamiento de la fábrica desde el punto de vista ambiental, deberán realizarse estrictas inspecciones y controles periódicos de los efluentes, tanto cuando la fábrica se encuentra en períodos de régimen normal, como durante los períodos de puesta en marcha.

Por todo lo dicho, es legítimo afirmar que si el problema es la contaminación, el conflicto con Uruguay por la instalación de papeleras en Fray Bentos no es insalvable. Hoy en día existen las tecnologías para reducir al mínimo la contaminación producida por este tipo de fábricas. Ahora bien, se debe contar con la buena voluntad de todas las partes involucradas.

Según mi criterio muy técnico, personal y alejado de la política, por cierto, debiera conformarse una comisión binacional de expertos, con participación de profesionales de las fábricas involucradas. Esto significa reunir a los máximos investigadores científicos (no funcionarios) de ambos países, en el área ambiental y celulósico-papelera. La presencia de los técnicos de las fábricas (ingenieros a cargo) garantizaría la comunicación e información.

Esta comisión debiera rever los proyectos y verificar la presencia de todos los elementos de proceso, mitigación y tratamiento de efluentes, establecidas como Mejores Tecnologías Disponibles en los tratados internacionales y el Convenio de Estocolmo. Si faltara algún elemento, las empresas debieran asumir el compromiso de incorporarlo.

Una vez asegurada la limpieza tecnológica de las fábricas, debiera entrar en plena vigencia el Estatuto del Río Uruguay, que establece el régimen jurídico sobre el mismo, cuya reglamentación se denomina Digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay, y fue firmado por ambos gobiernos el 26/02/1975. Este establece la existencia de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), encargada, entre otras cosas, de controlar la contaminación del río.

Específicamente, el Capítulo XIII en su artículo 56 expresa que la Comisión desempeñará las funciones de dictar las normas reglamentarias sobre conservación y preservación de los recursos vivos y prevención de la contaminación; además de coordinar entre las autoridades competentes de las partes la acción en materia de prevención y represión de ilícitos.

Esto significa que esta comisión binacional tiene el poder de establecer los parámetros y niveles de descargas al aire, agua y suelo que ambos países estimen convenientes (los cuales pueden ser tan restrictivos como se quiera) y además, es la encargada de controlar que eso se cumpla.

Esto garantiza una total participación de nuestro país en el control de la contaminación de las fábricas que se instalen sobre el río. Finalmente, todo se reduce a la calidad personal, los conocimientos y la integridad de los miembros de esa comisión, para que sea un organismo confiable y eficiente.

(*) La doctora María Cristina Area es también directora del Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible y directora del Programa de Investigación de Celulosa y Papel de la UNAM.

 
 
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