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Año V Nro. 334 - Uruguay, 17 de abril del 2009   
 

 
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¿País productivo?
por Dr. Jorge T. Bartesaghi

 
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         En lenguaje corriente estas dos palabras parecen encerrar un concepto de meridiana claridad. Sin embargo, en lenguaje político su interpretación ha dado lugar a innumerables polémicas, de entidad tal que seguramente queden registradas como uno de los mayores eufemismos en los que ha incurrido la plataforma electoral del Frente Amplio.

         Hasta el menos informado de los ciudadanos debía suponer que un eventual gobierno de esa fuerza, priorizaría, con carácter de política de estado, la producción de bienes y servicios como motor fundamental de la economía.

         El prometido “país productivo” aparecía, además, como la dignificación del trabajo y la valorización del esfuerzo, pilares supuestamente fundamentales en la distribución de la riqueza y sustento de la ansiada justicia social.

         Menos de un lustro ha bastado para confirmar que el Frente Amplio no tenía idea de su significado, y menos aún de cómo llevar adelante un programa dirigido a darle sustentabilidad al concepto.

         No sólo no han existido medidas relevantes de promoción y estímulo a las actividades productivas, tradicionales o no, sobre las que el país hace descansar su economía, (naturalmente no tomo en cuenta las demagógicas y/o asistencialistas ) sino que, en algún caso, se han agredido directamente sus posibilidades de desarrollo. Baste recordar el desmesurado incremento del gasoil (tanto en términos absolutos como relativos), componente fundamental en la estructura de costos de la mayoría de las actividades productivas.

         ¡Que paradoja! El “gasoil productivo”, promesa del gobierno e ilusión de tantos productores, devino en uno de los mayores “palos en la rueda” del desarrollo.

         Es obvio que el Frente Amplio como fuerza política no ha valorado en su verdadera dimensión la acción productiva del país. Incluso en algunos casos, seguramente como secuela de viejos resabios ideológicos, ha confundido ciertos sectores de producción con estratificaciones sociales que califica como “enemigos de clase”, y consecuentemente, no merecedores de consideración de especie alguna. ¿De que otra forma pueden entenderse las irrespetuosas e ignorantes palabras del Nurse Jorge Vázquez cuando recrimina al campo su imprevisión frente al conocido cambio climático?

         Otros funcionarios, aunque más prudentes que el pro-secretario, no entienden cabalmente, y tampoco valoran, el esfuerzo que implica la actividad productiva, ni su relevancia para el desarrollo del país.

         Un típico ejemplo es la actitud adoptada por el Ministerio de Agricultura y Pesca frente a la sequía que nos afecta, que, en importantes zonas del país, por su intensidad sin precedentes recordados, reviste el carácter de verdadero drama nacional.

         El Ministerio, tanto a nivel de sus máximas jerarquías como de sus múltiples dependencias, no ha reaccionado en tiempo y forma con medidas conducentes y de apropiada proporcionalidad para enfrentarla. Sus acciones puntuales, tardías, escasas, desproporcionadas y generalmente inútiles, poco y nada han ayudado, demostrando la incapacidad de reacción de las autoridades, su falta de previsión y lo que es peor, la prueba cabal de la inexistencia de políticas serias y estables dirigidas a priorizar la actividad productiva agropecuaria.

         Cuando este fenómeno general lo referimos al sector lechero, seguramente el más castigado, la actitud del gobierno, tanto por acción como por omisión, no sólo ratifica los conceptos expuestos sino que pone en evidencia la confusión conceptual que padece en relación a su real importancia económica y social en la vida activa del país.

         El gobierno ha decidido asistir al sector con tres medidas, recientemente dadas a conocer, que, además de insuficientes, ponen de manifiesto su conceptuación errónea sobre la real entidad del problema.

         La primera y más importante, asistir al productor pequeño con un “subsidio” por litro de leche remitido, por tres meses, que va en escala descendente desde $ 1.20 hasta $0.60 para productores de hasta 500 litros, hasta remitentes de 1.500 litros, (parte no reintegrable) es la “prueba del nueve” de la incomprensión oficial.

         Parece una medida adoptada en consonancia ideológica con el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto está dirigida, exclusivamente, a asistir situaciones pasibles de convertirse en núcleos de pobreza. Esto no nos parece mal. Debe hacerse atento a su contenido social, preservar y dignificar trabajo, esfuerzo, forma de vida, etc.

         Pero esta no es una medida para un país productivo. No nos molesta el término “subsidio”, que puede aparecer como correcto desde el punto de vista técnico, sino el fundamento con que se le utiliza en cuanto es de contenido asistencial.

         No se trata de subsidiar en forma parcializada, sólo para evitar males sociales, sino de que el Estado invierta para defender una actividad productiva vital para el país.
Inversión imprescindible para preservar una fuente de recursos genuinos que costó muchos años y tremendos esfuerzos concretar, que además es soporte de un entramado social fuerte, activo, pujante y fundamentalmente promovedor.

         Esta es la diferencia filosófica fundamental.

         El ministro Agazzi sabe que el sector exportó en el 2008 por 430 millones de dólares, y sabe también que el 80% de ese volumen es responsabilidad del 20% de los productores lecheros, esos a los que ha decidido no ayudar.

         No desconoce que crear una estructura productiva lechera cuesta años de esfuerzos, y que desmantelarla no lleva más de un día. Tampoco desconoce que son las unidades productivas mayores las que tienen la posibilidad de cambiar el rubro de actividad. De mantenerse la actual relación deficitaria entre insumos y producto, el país verá aniquilarse un rubro de producción vital para su desarrollo, tanto desde el punto de vista económico como social.

         El gobierno debe atender las dificultades económicas emergentes de sus sectores productivos teniendo en cuenta su significación y trascendencia para la vida y el desarrollo de la comunidad, con prescindencia de sus valoraciones filosóficas, y sin perjuicio de las acciones asistenciales que crea del caso realizar.

         Sólo así podremos quitarle los signos de interrogación al título.

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© Dr. Jorge T. Bartesaghi
 
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