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Con miedo no hay libertad
por Jorge Larrañaga
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El estilo de vida tradicional del Uruguay está en riesgo. La inseguridad pública afecta la calidad de vida de los uruguayos a lo largo de todo el país. El gobierno frenteamplista ha transitado en este tema, como en tantos otros, entre la culpa por tener que ejercer la autoridad y una absoluta ineficacia.
Los delitos aumentan, y el gobierno solo reacciona para culpabilizar o a los medios de prensa por deformar la realidad, a la Oposición por deteriorar al gobierno, los políticos en campaña electoral por pretender sacar rédito, o incluso a la sociedad, por dejarse confundir por una “sensación térmica”.
Lo cierto es que la gente tiene miedo y eso afecta el sentido de libertad de nuestra sociedad. Los uruguayos estamos enrejados, con temor por lo que le pueda suceder a nuestros hijos cuando van a estudiar o trabajar, muchos tienen que renunciar incluso a hacer su vida con tranquilidad, algunos no dejan su casa sola por el miedo a que sea objeto de delito.
La visión ideologizada del actual gobierno lo ha llevado a la indulgencia, liberando presos, hasta una ineficacia en el castigo y represión al delito, con una Ministra ocupada más en sus apariciones públicas que en hacer su trabajo.
Es evidente que hace falta una reacción más enérgica desde las autoridades nacionales, protegiendo a la sociedad a través del ejercicio del Poder Público, con mano firme y justa.
El pasado día 25 nuestro sector, Alianza Nacional, hizo público una nueva serie de medidas para hacer frente a este problema.
Propusimos la creación de la Guardia Nacional, como existe en otros países tales como España, Chile, Portugal, Francia e Italia, la cual ayudaría a la Policía en el combate a la delincuencia.
Se trata de disponer de al menos 2000 efectivos de las distintas armas de la Fuerzas Armadas, que manteniendo su rango militar y dependiendo funcionalmente de las autoridades castrenses operativamente estarían bajo directivas del Ministerio del Interior.
Esta sería una respuesta rápida, ya que el proceso de creación de esta nueva fuerza se haría por ley y podría estar operativa en poco tiempo. El gobierno del Partido Nacional priorizará el restablecimiento de la seguridad pública de modo que en 100 días recuperemos seguridad y alcancemos la paz pública.
Entre los cometidos que tendría esta Guardia Nacional estaría el respaldo a la fuerza preventiva y disuasiva de la Policía, a la actuación policial en operativos de saturación o procedimientos especiales ordenados por la Justicia, además del combate frontal a la pasta base y el abigeato.
Estamos convencidos que el personal militar está perfectamente preparado para cumplir funciones de tipo policial, como lo hacen en las Misiones de Paz, que han sido aprobadas por todos los partidos políticos.
Asimismo, un enfoque integral de la Seguridad requiere considerar el estado del sistema carcelario. Las cárceles están al borde del colapso, sobrepobladas, con 8400 presos donde hace 15 años había 2700 presos. Se necesita una mejor y más racional utilización de los recursos humanos y materiales.
Es posible utilizar predios militares para albergar presos, como el establecimiento de Punta de Rieles, edificación adecuada para alojar presos de baja peligrosidad y primarios, donde se pueden realizar tareas de rehabilitación mediante el trabajo.
Un artículo de la Rendición de Cuentas habilita a este tipo de traspaso de predios por lo que las herramientas legislativas existen, si no se ha hecho es por falta de voluntad del actual Ministerio del Interior.
Con estas medidas estaríamos respondiendo a la tendencia mundial a centros de reclusión más reducidos y con escasa población, que permiten una mejor y más segura administración interna.
El combate decidido e implacable contra la Pasta Base es el otro elemento a consideración de una Política que atienda sistémicamente al delito. La Pasta Base, que destruye familias, explica muchas de las nuevas modalidades delictivas y en particular, la ferocidad con que se cometen. Son necesarios Centros de Tratamiento y Rehabilitación que den cobertura a los adictos y brinden contención a la familia.
La situación de los menores infractores completa el enfoque sobre seguridad.
Consideramos que deben corregirse algunas previsiones legales en materia de minoridad, como ser que se consideren por la Justicia Penal los antecedentes delictivos de la etapa de minoridad cuando se reincide en la etapa adulta, se pene la tentativa y la complicidad para los delitos graves (rapiña, violación, homicidio), se duplique el período de privación de libertad actualmente topeado en 5 años por el Código de la Niñez y la Adolescencia y mayor rigor en la determinación de la responsabilidad de los padres por “abandonar” o no proteger a sus hijos.
El Estado debe asumir su rol, proteger el derecho a estar y sentirnos seguros, es un tema de derechos humanos, especialmente de los más pobres, que no pueden pagar seguridad privada, en un país donde ya cuenta más de 13.000 guardias privados.
Las medidas concretas que constituyen nuestra propuesta de seguridad tienen un fundamento filosófico y político, están destinadas a restablecer el sentido de la Autoridad, el Orden y el Respeto en el seno societal y restaurar la plenitud del principio de Legalidad, que permita recuperar un estilo de vida y una convivencia pacífica y tranquila.
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