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Año V Nro. 334 - Uruguay, 17 de abril del 2009   
 

 
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Derechos o intereses
por Manuel F. Ayau Cordón

 
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Un país tiene solamente dos opciones de gobierno: puede intentar gobernarse buscando conciliación de intereses casuísticamente, diseñando camellos, o puede gobernarse buscando que todos observen las normas de conducta que conviene a todos.

         Dicen que un camello es un caballo diseñado por un comité. Se parece a la solución cuando se busca “consenso” entre intereses y no entre derechos, pues el resultado depende de la capacidad de negociación de las partes. Nadie estará totalmente conforme con el resultado de una disposición arbitraria porque no se basa en una regla aplicable a todos y, por eso mismo, es imposible anticipar y generalizar. Sin embargo, cuando se trata de conciliar intereses, no hay otra manera de llegar a un acuerdo.

         El camello se complica con las decisiones de entidades públicas a cargo de los llamados “cuerpos colegiados”, bonito nombre para un grupo que representa intereses diversos. Y el problema es que entonces el voto mayoritario subordina los intereses de la minoría a los intereses de la mayoría.

         Es muy distinto cuando se trata de establecer normas de conducta aplicables a todos por igual, ya que todos, por interés propio, intuitivamente aceptarán como principio rector la norma de Confucio: “no hagas a otros lo que no quieres te hagan a ti”. Lograr consenso en esos casos no es difícil. Ejemplos de tales normas son no robar y no matar. Como nadie quiere que lo roben ni lo maten, todos aceptarán esa limitación a su propia conducta. Este tipo de normas tiene la característica de ser generales (aplicables a todos), abstractas porque no se refieren a casos específicos y aceptadas como justas porque se basan en reciprocidad. Por eso es fácil alcanzar un consenso de 99% cuando se trata de normas y principios de conducta, consenso que no es probable cuando hay que conciliar intereses diferentes. Y son, precisamente, esas normas de conducta aplicadas a toda la sociedad las que definen el límite de la libertad individual y constituyen el fundamento de nuestros derechos individuales.

         Esa sociedad se gobierna de tal forma que todos saben a qué atenerse, todos saben lo que pueden o no hacer y qué comportamiento deberán tener para que los demás respeten los resultados, inclusive si afecta sus intereses. Una cosa es afectar intereses de otros y otra cosa muy diferente es afectar los derechos ajenos.  

         Un país tiene solamente dos opciones de gobierno: puede intentar gobernarse buscando conciliación de intereses casuísticamente, diseñando camellos, o puede gobernarse buscando que todos observen las normas de conducta que conviene a todos. Vivir en sociedad siempre implicará aceptar limitaciones a la  libertad individual y aceptar los resultados de las actuaciones de otros, siempre que se respeten las normas de igualdad ante la ley.  

         Como esas normas definen los iguales derechos de todos, es correcto referirse al sistema como un régimen de derecho, en contraste con uno de simple legalidad, que ocurre cuando se obedecen las leyes aunque ellas violen los derechos de unos para satisfacer los intereses de otros. Y es el respeto de normas de conducta lo que da legitimidad y obliga a los demás a respetar los resultados.

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Fuente: Asuntos Capitales
 
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