¿Qué pasa en ANTEL? por Pablo Abdala

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         Fue noticia en los últimos días, y generó una mezcla de perplejidad e ironía, que el Vicepresidente de Antel contrató dos funcionarios para su custodia personal. Similares sentimientos –y además, un poco de suspicacia- provocó saber que tales contrataciones recayeron sobre el novio de la boxeadora Chris Namús y otra persona de su entorno. Sin embargo, las explicaciones del señor Perera, más allá de haber cumplido –o no- el objetivo de justificar aquella decisión, dispararon una serie muy importante de nuevas interrogantes que son fuente de preocupación. Vayamos por partes.

         Una primera discusión tiene que ver con la incorporación, y posterior adscripción, de los ciudadanos referidos –y no de otros- al directorio de Antel. A esta altura, tal vez no sea esa la cuestión de mayor relevancia, aunque tampoco carece de validez. Se han expresado opiniones en distintos sentidos y, quienes procuran dar razón a lo actuado, dicen que el novio de la deportista no tiene culpa por eso y, por tanto, tiene el mismo derecho que cualquiera para ingresar a la función pública. Eso, en principio, es verdad.

         Claro, también lo es que ingresó el novio y, además, un allegado a ambos. Y que Namús tiene un contrato de publicidad con el ente, seguramente, aunque no conocemos los términos, provechoso para el Estado desde el punto de vista comercial. Y que, además, en el ejercicio de su legítimo derecho, adhirió públicamente al Frente Amplio, primero, a través de la campaña por la reelección presidencial, y luego, manifestando su apoyo a uno de los precandidatos de ese partido.

         Cada una de esas circunstancias, vinculadas a una misma persona, separadamente consideradas, resultan absolutamente irreprochables, y no deberían merecer, por si mismas, el más mínimo comentario. Sumadas, en cambio, como el propio Vicepresidente de Antel lo ha reconocido, pueden ser motivo de desconfianza, y es en esa perspectiva que la contratación de los guardaespaldas –de todos, el último episodio conocido- debe ser explicada.

         Otro tema interesante es la pertinencia –o no- de que una sola autoridad, en solitario, contrate vigilancia para su exclusiva y personal protección, en un órgano colegiado en el que, por definición, comparte la conducción con otras personas de su misma o similar jerarquía. Esto ha despertado críticas, por más que pueda resultar legalmente intachable.

         El sindicato de Antel (Sutel), sin ir más lejos, ha dicho que tal procedimiento no corresponde y que, ante una situación de riesgo o amenaza, es a la policía y a su mando, el ministerio del interior, a quién debe recurrirse. Similar opinión a esta indicaría que, en el mismo contexto de real peligro, el organismo en su conjunto, institucionalmente, y no uno de sus tres directores individualmente, debería tomar las medidas que correspondieran. Entre ellas, por supuesto, la eventual contratación de empresas o personas.

         No obstante, las que permanecen sin respuesta, y por eso hemos promovido la convocatoria del directorio de Antel al Parlamento, son las graves insinuaciones y presunciones planteadas por Perera al ensayar sus explicaciones. El Vicepresidente de Antel, a quién consideramos una persona de bien y hemos visto trabajar responsablemente –más allá de las diferencias políticas- justificó la necesidad de custodia en varios ataques que en los últimos tiempos habría sufrido, y vinculó los mismos con aspectos de la vida interna de la empresa, todo lo que estaría siendo objeto de investigación administrativa y policial. Esto es muy preocupante.

         Se dijo que las causas de dicha violencia deben buscarse en los negocios de Antel, en las importantes sumas de dinero que allí se manejan y, aún, en la conducta de funcionarios deshonestos, que lo serían por colaborar con la competencia, y a quienes Perera procura desenmascarar. No hay por qué dudar que así sea y, por lo mismo, es indispensable que el alcance y el contenido de tales afirmaciones sean determinados con la mayor precisión.

         Sensatamente, es dable preguntarse qué pasa en Antel. No es la versión de un funcionario, o la de un simple usuario, o aún la del sindicato, sino la de uno de sus más encumbrados administradores y representantes, y ella sugiere que las resoluciones más trascendentes, las de mayor significación económica, están sujetas a distintas formas de violencia, entre ellas, disparos de armas de fuego. Así descripto, se asemeja más a un país en el que operan las mafias, que a aquél en el que creíamos vivir.

         Si Antel es de todos los uruguayos, sin entorpecer las investigaciones en marcha –pero sin que las mismas valgan de excusa-, estamos frente a un panorama sombrío que se debe esclarecer. Con la mayor prontitud.

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