Guerra de las papeleras en el río Uruguay por Sergio P. Luís Profesional independiente

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            Desde el siglo XVII, la industria del papel se desarrolló a ritmo acelerado. Los avances técnicos y la expansión de la cultura, hicieron del papel el medio indispensable para la comunicación en el mundo. Actualmente se fabrica papel en muchos países en plantas que, además, generan empleos y contribuyen a la economía con un importante efecto multiplicador.

            Es cierto que esta industria ha ocasionado -las anticuadas plantas son la más responsables- daños al medio ambiente, provocando natural preocupación. Por esto es que se han impulsado reglas y procedimientos que reduzcan al mínimo dichos efectos perjudiciales. A propósito, se dice: “Desde hace añares, una gran parte de las papeleras argentinas se han ubicado sobre el Paraná. Celulosa Campana,Papelera del Plata, Wixel, Campanita, Papel Prensa de San Pedro, Iby en Entre Ríos, Andino sobre Santa Fe, Celulosa de Capitán Bermúdez, y tres grandes papeleras de Misiones arrojan a este río los efluentes tóxicos derivados de una gigantesca producción de más de 850.000 toneladas anuales de pasta de celulosa.”.

            Es sabido: mientras más anticuada es una planta, es menos probable que se hayan seguido normas –como las que rigen en la Unión Europea– para eliminar o por lo menos disminuir, los niveles de contaminación ambiental.

            En el caso la planta papelera uruguaya en Fray Bentos, con una capacidad de 1.500.000 toneladas anuales de pasta de celulosa (casi el doble de las plantas argentinas  reunidas), el tema es eminentemente técnico: produce o no contaminación en el río Uruguay; y se han seguido no las normas de protección ambiental en su diseño e instalación. Oponerse a esta planta, sin pruebas, esgrimiendo supuestos daños al medio ambiente en la zona de influencia, resulta un absurdo.

            Los ciudadanos de Gualeguaychú sobre el río Uruguay, bombardeados con una campaña contra la instalación de una planta en la ribera uruguaya, se alinean, sin sospechar que se trata de eliminar a una industria competidora de las ya obsoletas y comprobadamente contaminantes fábricas argentinas. No se han esperado estudios ni verificaciones; se fue directamente a la acción “piquetera” sin control ni freno y se bloquea los puentes que unen a los dos países por los que pasa el flujo turístico al Uruguay y el intercambio entre los dos países.

            Hay que reiterarlo: las acciones de hecho, antes de establecer la verdad, muestran oscuros intereses. Los iracundos “ambientalistas”, organizados y muchos recursos y medios para sus protestas, marchas, bloqueos y vigilias permanentes, impunemente violan de la ley de su propio país y los convenios como los de integración: ALADI y MERCOSUR. Son empleados a tiempo completo, operando inclusive lanchas  fluviales, en acción provocadora de una llamada “armada ambientalista”. Esto confirma el financiamiento, protección y aliento oficial de la Casa Rosada, sin que le importe dañar una tradicional y fraternal relación uruguayo – argentina, existente desde la fundación misma de estas dos repúblicas hermanas.