Año III - Nº 118 - Uruguay, 18 de febrero del 2005

 

 

 

 

LA CARA OCULTA DE LA REVOLUCIÓN DEL DERECHO LABORAL URUGUAYO
por Ricardo Ayestarán

Reflexiones a propósito de los 100 años del primer Proyecto de Ley de Trabajo presentado al Parlamento Nacional por Luis Alberto de Herrera y Carlos Roxlo el 23 de febrero de 1905.

DEMOCRACIA ES CONSTRUIR EL PAÍS ENTRE TODOS

La historia de un país democrático normalmente se construye con la participación de la enorme mayoría de sus integrantes quienes, a través de las organizaciones sociales y políticas, y mediante el libre funcionamiento de sus instituciones, generan una rica dinámica dialéctica que civilizadamente trabaja en la búsqueda permanente de acuerdos y acercamientos que permitan resolver sus diferencias en paz y dentro del marco legal y constitucional de cada país. De esta manera se va tejiendo la trama fundamental que sirve de sostén al conjunto de las normas jurídicas que fijan las reglas del juego que cada sociedad en particular se va dando a sí misma a través del tiempo, con el permanente objetivo de custodiar los principios fundamentales sobre los que se edifica la Nación, pero también, y al mismo tiempo, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, especialmente la de aquellos sectores menos favorecidos de esa sociedad.

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El Uruguay nació en clave y matriz democrática, porque así lo decidieron todos y cada uno de nuestros padres fundadores, aún desde antes que la nación existiera siquiera como proyecto singular y diferente al de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La antigüedad y la renovada vigencia de los partidos políticos uruguayos, afirmación esta que va más allá de los Partidos Fundacionales, es el mejor aval de la sólida y congénita conciencia republicana que ha existido desde siempre en el alma del pueblo uruguayo.

En ese contexto de tradición y funcionamiento democrático del país, de sus habitantes y de sus instituciones políticas y sociales, podemos decir que, volviendo a las palabras iniciales, la sociedad uruguaya se ha construido con la intervención de la enorme mayoría de sus integrantes a través de la acción y la coparticipación de sus organizaciones sociales, gremiales, académicas, culturales, pero especialmente a través de sus organizaciones políticas.

LA HISTORIA Y EL MITO

Lamentablemente la mayoría de los hombres que se han encargado de escribir la historia “oficial” uruguaya, sesgados por esa subjetividad que generalmente los aqueja en ciertos temas específicos, han logrado imprimir en el inconsciente colectivo nacional, un conjunto de mitos que con fuerza de dogma, niegan todo el razonamiento anterior, adjudicando a un único protagonista de nuestra historia todo el mérito de la legislación social uruguaya, desde su iniciativa, hasta su perfeccionamiento, pasando por su instrumentación y cristalización en normas jurídicas.

Y vale la pena aclarar que el término “oficial” no significa necesariamente pertenecer al “oficialismo”, término clásicamente vinculado al partido de gobierno, ya que desde hace muchas décadas los principales referentes que escriben la  “historia oficial” de nuestro país, se ubican ideológicamente, en su gran mayoría, en los múltiples estratos de la izquierda telúrica, y en consecuencia, recién dentro de pocos días habrán de estrenar, ahora sí, literalmente y por primera vez, el título de oficialistas.

Afortunadamente la historia siempre está sometida a revisión en la medida que existan documentos y gente dispuesta a estudiarlos tratando de ampliar el horizonte y el alcance de los hechos. Prueba de ello es el libro “El Partido Nacional y la cuestión social”, una investigación histórica realizada por Estela Abal e Isabel Ezcurra, y que es una pequeña joyita del punto de vista de la recopilación documental sobre las iniciativas y los proyectos que en el área social realizaron los hombres del Partido Nacional entre 1835 y 1940, y al que tuvimos acceso gracias a la generosidad del Arquitecto Miguel Cecilio. Una investigación que, más allá de su innegable sesgo partidario, revela la existencia objetiva de valiosos documentos que demuestran que la historia social uruguaya es mucho más que el mito unilateral y monopólico que nos han inculcado, y que lamentablemente no ha tenido la difusión y la jerarquización académica que se merece. No sólo a nivel de los cronistas “oficiales” y “oficialistas”, que por cierto deberían leerlo antes de contribuir a tergiversar la memoria histórica respecto a supuestas carencias en lo social del ancestral partido de Oribe, sino también a nivel de los propios blancos, que solemos desconocer estos capítulos, quizás no tan emotivos como la gesta de Paysandú o las revoluciones saravistas, pero tan importantes como aquellos, e igualmente merecedores de figurar en las mejores páginas de la historiografía partidaria.

Pero por encima de los legítimos aspectos políticos que pueda tener el tema, uno de los objetivos de esta nota es invitar a reflexionar racionalmente, respetando las diferencias pero evitando el dogmatismo, sobre el hecho de que la legislación social uruguaya es el producto del trabajo, la inteligencia y la preocupación social de muchos hombres, de todos los partidos políticos, y que si se estudia con honestidad intelectual los documentos existentes se podrá comprobar que nadie, ni hombres ni partidos, ha tenido exclusividad de clase alguna en la construcción de las normas sociolaborales uruguayas. 

Y es precisamente en ese sentido que Carlos Real de Azúa, luego de describir el Uruguay modelado por Batlle entre 1903 y 1931, escribía lo siguiente: “Este es, punto más, punto menos, el famoso “modelo batllista”, como suele llamársele con relativa injusticia a un proyecto que iría concitando variados apoyos y en el que muchos, sin aquella etiqueta, colaboraron” (1)

O como escribió Frugoni: “ de las leyes obreras, ¿cuántas se deben efectivamente al batllismo? A Batlle algunas, al batllismo ninguna; porque si Batlle las proyectaba... otros batllistas las combatieron, logrando detenerlas, a veces, con irresistible y desesperante eficacia” (2)

Existe una frondosa documentación que prueba la permanente participación histórica del Partido Nacional en esta temática que arranca desde el primer gobierno de Oribe y que llega hasta nuestros días. De la misma manera se puede encontrar la iniciativa y el trabajo de hombres de otros partidos, donde especialmente se destaca la figura de Emilio Frugoni, a quién injustamente la historiografía oficial y hasta la de su propio partido, han relegado penosamente al desván de la historia.

Pero no sólo desde la izquierda se han cometido omisiones, también los nacionalistas también hemos estados apáticos en este rubro con nuestros compañeros. Quizás encandilados por la épica deslumbrante de la lucha por la soberanía y las libertades que tuvo siempre a los blancos como protagonistas centrales de la historia nacional, hemos relegado a un segundo plano la tarea más gris y menos rutilante de los hombres que hicieron que a fines del año 1903, Roxlo definiera al Partido Nacional como “el partido político de los que sufren". (3)

EL PARTIDO NACIONAL Y LA CUESTION SOCIAL

Esta preocupación de los blancos por introducir normas de justicia social en nuestro ordenamiento jurídico comenzó con las leyes del presidente Oribe de 1835 y 1838, sentando las bases de nuestro sistema de previsión social, al establecer jubilaciones y pensiones para los militares y los empleados civiles. Seguidamente se plasmó en el primer programa de principios del Partido Nacional proclamado públicamente el 7 de julio de 1872 en un documento denominado Manifestación de Principios y Propósitos del Club Nacional, donde además de los requerimientos políticos en defensa de las libertades fundamentales, encontramos reivindicaciones económicas, educacionales y sociales. Este hilo conductor continúa con la ley de 1892 incluyendo a policías y bomberos en el derecho a jubilarse, y luego con la ley de 1896, de los doctores Ciganda y Palomeque consagrando el derecho jubilatorio de los maestros, y que fue el antecedente que permitió que la jubilación alcanzara a todos los funcionarios públicos en 1904 con la ley del Dr. Antonio María Rodríguez.

El 23 de febrero de 1905 Carlos Roxlo y Luis Alberto de Herrera presentaron el primer Proyecto de Ley de Trabajo integrado y ordenado, donde básicamente se reducía la jornada laboral a 9 horas, se protegía el trabajo de las mujeres y de los niños, se reglamentaba y organizaba las condiciones de higiene de los lugares de trabajo, introduciendo la protección al trabajador en caso de accidentes laborales así como seguros para su vejez, y estableciendo por primera vez el derecho de huelga como tal. Esta iniciativa fue complementada poco después por otras dos propuestas nacionalistas: el Proyecto de Ley de Contratos Individuales y Colectivos presentado el 22 de junio 1905 por Roxlo, Herrera, Borro y Ponce de León; y por el Proyecto de Ley de Huelgas de Carlos Roxlo presentado el 5 de marzo 1907.

La coherencia de estas propuestas dentro del accionar político de los blancos es fácilmente objetivable, porque al año siguiente, en 1906, al elaborar el programa de gobierno del partido, Herrera incluyó en el mismo, con algunas mejoras, las mismas reivindicaciones de los proyectos de ley presentados el año anterior y que no fueron aprobados por no contar con los votos del gobierno de Batlle para ello.

Sintéticamente las reformas más urgentes que planteaba el Programa del Partido Nacional en 1906 eran las siguientes (4): 

1)     La creación de un banco de carácter mixto, que asegurara al obrero contra los accidentes laborales y los abandonos de la vejez.

2)     El arbitraje del Estado en los conflictos entre los trabajadores y patronos.

3)     El mejoramiento del salario de la mujer.

4)     La jornada de ocho horas y el descanso dominical.

5)     La rebaja de las tarifas ferrocarrileras y de otros servicios, y de los impuestos directos, defendiendo de este modo al ciudadano común.

6)     La propuesta de crear cajas de ahorro y protección del montepío.

Esta misma coherencia puede encontrarse en la enorme cantidad de propuestas parlamentarias que en los años subsiguientes presentaran los legisladores nacionalistas y que están magníficamente compiladas en el libro de Estela Abal e Isabel Ezcurra.

23 DE FEBRERO DE 2005

El 23 de febrero de 2005 se cumplirán 100 años de la presentación parlamentaria del proyecto de Ley de Trabajo elaborado por Carlos Roxlo y Luis Alberto de Herrera. Se conmemora entonces un hecho importante de la historia de la legislación social nacional. Importante para los trabajadores, para el parlamento y para el propio partido de Oribe. En primer lugar porque es el primer antecedente significativo de la legislación laboral uruguaya elaborado en forma abarcativa y realmente integradora, y en segundo lugar porque demuestra con absoluta claridad que la legislación social y laboral del Uruguay no tiene marca, ni copyright, ni exclusividad de colores o divisas.

Ni en sus orígenes, ni en su propuesta, ni en su iniciativa parlamentaria.

Basta recordar que muchos años después de las iniciativas nacionalistas, recién en junio de 1911, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley de limitación del horario laboral y hasta noviembre de 1915 dicha propuesta no fue aprobada por un Poder Legislativo que, como es bien conocido, siempre tuvo mayoría colorada en ambas Cámaras.

Tal como sostiene un historiador que, como Carlos Machado, no pertenece a las filas del nacionalismo: “Hagamos, finalmente, una mención al proyecto que Roxlo y Herrera presentaron en el parlamento a comienzos de 1905, complementado con otras propuestas de esos legisladores después. En ese proyecto se reduce la jornada laboral, amparan al trabajo de niños y mujeres, protegen al trabajador  en caso de accidentes, promueven seguros para su vejez y establecen, por primera vez, el derecho de huelga. Precedente significativo. Por  lo que abarcó. Porque busca integrar en un plan medidas aprobadas en forma dispersa y con mucho retraso. Porque basta para cuestionar la paternidad que atribuyen a Batlle los suyos. (5)

LA LEYES SOCIALES URUGUAYAS LAS HICIMOS ENTRE TODOS

No quisiéramos terminar estas líneas sin volver al espíritu con el que comenzamos, y que al desarrollar el tema quizás se desdibujó un tanto al calor de lo que siempre entendimos como una justa reivindicación frente a las subjetividades de cierta historiografía ya comentada.

Decíamos al principio de estas líneas que la historia de los países democráticos se construye con la participación de todos sus actores políticos y sociales. Y que nuestro país ha sido desde siempre un país con conciencia, instituciones y partidos esencial y básicamente democráticos, y en consecuencia nuestras normas de convivencia, que se han ido construyendo sobre principios comunes de libertad, justicia social e igualdad de oportunidades, son el fruto de la capacidad de entendimiento de los actores políticos y sociales de la sociedad uruguaya en su conjunto. Y que por lo tanto, más allá de empujes y remisiones coyunturales, estos valores y estas normas son patrimonio de todos los uruguayos sin distingos de colores o divisas.

Con ese espíritu de grandeza democrática y amplitud republicana y sin anacrónicos sectarismos inconducentes, es que invitamos a todos, más allá de las divisas, a conmemorar el centenario de la primera Ley de Trabajo presentada en el Parlamento de la República, el próximo martes 22 de febrero, a las 19 horas, en el salón de Fiestas del Palacio Legislativo y que contará con la presencia de legisladores de todos los partidos. Porque ese proyecto se hizo en base a otros trabajos anteriores, de otros hombres, de todo el espectro político nacional, y por lo tanto constituye un eslabón más de la rica historia legislativa social que ha sido construida con la inteligencia, la conciencia cívica y la participación permanente de todos los partidos democráticos uruguayos.

Montevideo, febrero de 2005

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) Carlos Real de Azúa. Uruguay, ¿una sociedad amortiguadora? Pg. 45, Ed. Banda Oriental. Tomado del libro de Estela Abal Oliú y Isabel Ezcurra Semblat. “El Partido Nacional y la cuestión social” Investigación histórica. Pág.141
(2) Emilio Frugoni: “Socialismo, batllismo y nacionalismo” Ed. Socialistas
(3) Dijo Carlos Roxlo: ". . . me parece   que lo mejor que puede hacer el cuerpo legislativo como todos los parlamentos del mundo, es defender la causa de la justicia, y mucho más la causa de los débiles, hasta con el santo objeto de prepararse a la resolución de los problemas sociales futuros, puesto que todos sabemos que esos avanzan, que hay un partido político de los que sufren y que ese partido tiene continuamente puesta la vista sobre los hombres públicos"   (Abal y Ezcurra, ibidem, pág. 119)
(4) Estela Abal e Isabel Ezcurra, Ibidem, pág. 144 - 145
(5) Carlos Machado. “Historia de los Orientales”, T.III, pág 35-36