Varias de arena por una de cal, más cenizas que diamantes, algunas regularizaciones exitosas, muchas dudas y más gritos que resultados.

Estamos hablando de un proceso que si no afectara el futuro de tantas personas, daría para la historieta cómica del mes.

O de los tres meses, que es lo que durará la tragicomedia en la que se revuelve una oleada de esperanzas que no puede superar las barreras implantadas por genios de escritorio.

No estamos diciendo nada que ya no hayamos alertado. Claro es que no todos ven lo que ocurre con cristales del mismo color.

Están los afortunados, los que cumplen todas las exigencias y ya se ven con el sueño en la mano.

Un sueño perecedero porque en doce mes& apenas celebremos la próxima navidad, ya estarán movilizándose para renovar los permisos y hoy por hoy, no sabemos que exigencias va a tener ese segundo paso para la regularización final de los inmigrantes que actualmente carecen de permisos en España.

Van a ser muchos menos de los previstos; casi, casi la mitad y casi, casi todo el problema es una exigencia que por tonta que resulta, se ha convertido en la llave que abre paso o niega las esperanzas de miles.

Un número importante de inmigrantes que vivían en forma irregular en España nunca se empadronaron. Los motivos fueron diversos.

Algunos no pudieron hacerlo porque carecían de un domicilio fijo. O porque el lugar donde vivían no era considerado digno de ser catalogado como domicilio por muchos Ayuntamientos.

Hay muchos inmigrantes, más de los que en los países emisores se cree, que viven en chabolas, bajo plásticos o en cuevas (). ¿Qué dirección hubieran debido dar para ser empadronados?

Están también los que teniendo una vivienda no se atrevieron a empadronarse por temor a dejar en evidencia su situación de irregulares, recelo que se acrecentó cuando se permitió a las fuerzas policiales acceder a los datos de los padrones.

Y están los otros, los que simplemente no se empadronaron porque lo consideraron un trámite menor.

Sin importar el motivo que les llevó a esta omisión, hoy se encuentran con que ningún otro justificativo que presenten para acreditar su estancia en España desde antes de agosto del 2004, es validado en este proceso.

Ni recibos de alquiler, ni cuentas bancarias, ni cartillas de sanidad. Simplemente si no están empadronados parece que no han existido aunque hayan trabajado por meses e incluso por años.

Quizás esta sea la causa principal de que de las más de 800.000 regularizaciones estimadas, ya se estén bajando los números a menos de 500.000. ¿Y los otros? porque todos saben que los ilegales, nombre que se aplica con cierto sórdido placer cuando se habla de personas que no han obtenido los permisos de residencia y trabajo, son muchos más de esos 800.000 y en estos meses desde que se anunció el proceso de regularización extraordinaria se han multiplicado en forma muy importante.

EL FANTASMA DE LA EXPULSIÓN

No por anunciado deja de ser obviado en el momento de planificar el futuro. La expulsión era, hasta ahora una posibilidad que se evitaba generalmente portándose bien y aceptando integrar una economía sumergida, pero el gobierno del Partido Socialista está dispuesto a poner los puntos sobre las íes o mejor dicho, no dejar íe que no tenga tilde legalizado.

No olvidamos que este proceso de regularización extraordinario no es más que la muy reclamada reglamentación de la Ley de Extranjería aprobada con el acuerdo del Partido Popular (entonces en el gobierno) y del PSOE (actual gobernante).

Y si la Ley no gustaba y sigue siendo la misma; si no se ha cambiado ni una coma ni un punto y solamente se la ha reglamentado ¿alguien cree que pueda ser aplaudida simplemente porque de mano dura se pasó a dura mano?

En declaraciones realizadas a La Voz de Galicia la Secretaria de Estado de Inmigración e Emigración, Consuelo Rumí, reiteró una vez más que: &éste período transitorio de tres meses es una oportunidad única para normalizar su situación, refiriéndose a los trabajadores irregulares; y dejó muy en claro que: A partir del 7 de mayo entendemos que los irregulares que no lo han hecho no son necesarios en el mercado laboral y se les aplicará la Ley de Extranjería.

No alerta solamente a los inmigrantes sin papeles, también lo hace con los empresarios que los contratan a los que advierte que: & si ahora no legalizan a sus trabajadores se les sancionará con hasta 60.000 euros. Antes les era rentable pagar las sanciones y no las cotizaciones, pero ya no será así.

Rumí que nos ha dejado algo perplejos cuando aseguró que nunca había dado cifras sobre posibles regularizaciones, no ha hecho más que resaltar la firmeza con que va a actuar el Gobierno a partir del 7 de mayo, volviendo a dejar muy presente que en este proceso la iniciativa la tienen los empresarios, a quienes hay que darles, dijo, un voto de confianza.

Por supuesto que lo que el gobierno buenamente busca con esta regularización es aplaudido por todos y más si tenemos en cuenta la explicación de la Secretaria de Estado: &que aflore la economía sumergida y que la capacidad de acogida de extranjeros la marque el mercado laboral. Los inmigrantes deben tener derechos y obligaciones, disfrutar de las prestaciones sociales, pero también financiarlas.

Totalmente de acuerdo pero, mientras el tiempo pasa sin que todos consigan reunir los requisitos exigidos o un patrón que quiera contratarlos, las mafias siguen actuando para hacer más penosa aún la situación de los irregulares.

El Foro Alternativo de la Inmigración (FODISI) volvió a alertar sobre posibles estafas.

A los inmigrantes que buscan información se les recomienda recurrir sola y exclusivamente a organismos oficiales o a ONGs acreditadas por la Delegación de Gobierno, sindicatos o gestorías y abogados reconocidos.

El Foro aconseja desconfiar de quienes piden dinero. Se han constatado ya muchas estafas; quizás la más común sea la promesa de conseguir a cambio de tres a seis mil euros, contratos de trabajo falsos. Sobre este aspecto, el Gobierno ha señalado que está dispuesto a poner la máxima atención en la detección de contratos irregulares y, en la tramitación de la regularización, la falsedad supone la expulsión.

TODO LISTO

Todo está listo para iniciar el proceso de expulsión. Aún no ha finalizado el plazo para acogerse a la regularización y ya la policía está alistando la que será la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones.

Ésta ha sido creada con el objetivo de agilizar los procesos de expulsión de extranjeros que trabajan y viven en España sin tener sus papeles en regla.

Nadie duda que la creación de esta unidad acreciente el control de indocumentados. Las cifras de expulsión van en aumento; en el año 2002 fueron deportados 74.467 inmigrantes y en el 2003 la cifra ascendió a 92.679.

La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones estará integrada por 103 policías mientras que otros 90 reforzarán la vigilancia de los siete centros de internamiento para extranjeros, ya existentes.

GALICIA TOMÓ LA BANDERA
¿Y POR CASA COMO ANDAMOS?

¡Vaya que lo sabemos! los uruguayos tenemos derechos a residir y trabajar en España en iguales condiciones que los españoles según el Tratado firmado por ambos gobiernos en 1870 y que uno más reciente de 1972 no hace más que ratificar.

Para nadie es noticia e IU se ha hartado de publicarlo (). Muchos uruguayos han obtenido fallos favorables de diferentes juzgados de España e incluso del Tribunal Supremo cuando han reclamado sus derechos en base al Tratado de 1870.

Pero de allí a que se reconozcan esos derechos hay un mundo.

No podemos exigir que nuestro Ministro de Relaciones Exteriores destrabe en un santiamén lo que el gobierno de España -ni el anterior del PP, ni éste del PSOE- quieren hacer: el cumplimiento de Tratados que, según las palabras de jerarcas que hemos entrevistado, no está en condiciones de acatar porque hacerlo sería como abrir las puertas

Durante un tiempo intentamos hablar con representantes de la Cancillería uruguaya o allegados al Ministerio que conocían a fondo el tema que nos interesa. No lo logramos, por eso damos la bienvenida a las declaraciones del actual Ministro de Relaciones Exteriores Reynaldo Gargano cuando dice que: nuestra postura es defender la tesitura de que los Tratados están vigentes, y que los tribunales españoles además están de acuerdo con esto, algo en lo que también nosotros estamos de acuerdo, pero nos produce un poco de zozobra que no figuren en sus archivos, datos concretos y deba remitirse a hilvanar en el aire cuando agrega que esto es así porque "se han dictado ya, creo que cuatro resoluciones".

No sabemos si se vaciaron los cajones o sus antecesores no priorizaron este asunto pero el interés del actual gobierno uruguayo en seguir de cerca el cumplimiento de los tratados internacionales y reclamar reciprocidades representan un cambio notorio y permite que los cientos de uruguayos que no pueden acreditar los requisitos necesarios para obtener los papeles de regularización en el proceso actual, se encuentren medianamente esperanzados.

¿APOYO O DEMAGOGIA?

Los Nacionalistas gallegos del BNG han reclamado a la Xunta que inste al Gobierno español para que cumpla el tratado de Paz y Amistad firmado en 1870 entre España y Uruguay.

El portavoz parlamentario Xosé Manuel Beiras instó al Ejecutivo central a que considere la legalidad internacional y cumpla la validez y vigencia del mismo, aplicando el derecho de los ciudadanos uruguayos a residir y trabajar en España.

Realmente son pocas las esperanzas que podemos poner en el éxito de esta iniciativa gallega, ya que el Tratado en cuestión por contraprestación es mucho más afín a Galicia que al resto de las Comunidades Autónomas.

Más allá de ello, la propuesta pierde singularidad para acceder a la categoría de demagogia cuando se señala, que es la llegada del Frente Amplio al poder lo que posibilita que se pueda producir una necesaria revisión estratégica, con carácter urgente del cumplimiento del susodicho Tratado Internacional de 1870.

Correspondió a la diputada nacionalista del BNG, Olaia Fernández reclamar ante el Congreso de los Diputados el inmediato cumplimiento del Tratado, señalando que su partido exige el respeto de los derechos humanos y de la democracia por encima de la Ley de Extranjería.

Fernández hizo hincapié en el incumplimiento del Estado español de este Tratado que significaría, según sus palabras, la doble nacionalidad para los uruguayos que viven en España. Por su parte la responsable de Emigración del BNG, Ana Miranda, señaló que se trata de un Tratado de Reciprocidad que se superpone a la Ley de Extranjería y en este sentido, los nacionalistas gallegos exigen que el Estado Español respete aquello que firma y que garantice la igualdad de derechos entre españoles y uruguayos en España, como el mismo fue respetado en Uruguay.

Obtener que el gobierno español reconozca los derechos de los uruguayos sería un logro importantísimo, pero no creemos que hayan vueltas de tuerca sin precedentes porque, más allá de que en los dos países gobierna la izquierda, no olvidamos que el Tratado de 1992 que ratifica plenamente al de 1870 y no por ello impide que se vulneren por España los derechos de los uruguayos, fue firmado por el también socialista Felipe González en representación de España y por el Dr. Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) por Uruguay y que, durante el mandato al frente del gobierno de Uruguay del Dr. Jorge Batlle (Partido Colorado), el gobierno español prometió abrir mesas de diálogo que en definitiva nunca se llevaron a cabo.

Los uruguayos siguen siendo deportados, como lo son los argentinos, los chilenos y otros desesperados provenientes de países que también tienen convenios firmados con España.

Pero algunas veces los uruguayos merecen ser deportados y con acciones delictivas como falsificación de documentos, por poner un solo ejemplo reciente, no sólo ponen en juego su permanencia sino que subliminalmente se ve perjudicada la causa de todos.

PERO LOS PAPELES NO LLEGAN

Al grito de papeles para todos los inmigrantes se movilizan en toda España.

Esta noche más de mil inmigrantes se concentraron frente a la Sede de la Diputación en Almería portando pancartas con el lema: Por la Paz, la Justicia y la Convivencia Social.

En Almería como en todo el sur la mayoría de los inmigrantes proviene del continente africano y entre ellos los marroquíes forman colectividades muy importantes.

El reclamo generalizado es que el requisito del empadronamiento pueda ser sustituido por otro tipo de prueba legal y, ante la negativa de parte de las autoridades de flexibilizar esta obligación, se movilizan en todo el territorio.

Aquí no son uruguayos los que se movilizan; los uruguayos levantaron firmas, reclamaron en número también superior a los mil en pleno Madrid pero, en realidad no representan más que una gota de agua en un inmenso lago.

Encierros, huelgas de hambre y concentraciones se suceden diariamente desde antes del inicio del actual proceso.

Más de 500 inmigrantes se encerraron en iglesias, universidades y polideportivos de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet. Tres debieron ser hospitalizados luego de realizar una huelga de hambre. Para el primero de abril se realizará otro encierro en Valencia y así sucesivamente las reclamaciones cruzan el territorio español de norte a sur.

La impotencia de todos queda latente en las palabras de un portavoz: Los inmigrantes que nos encerramos y realizamos una huelga de hambre no lo hacemos por gusto ni para chantajear a nadie, lo hacemos por auténtica y humana desesperación.

En Almería, el sur del norte, 18 de marzo de 2004