¡Habló la justicia! ¿El gobierno la escuchó? por Silvia Martínez

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         El 17 de abril del año en curso se cumplen dos años de la extradición de tres coroneles uruguayos hacia Chile, para ser sometidos por la Justicia chilena imputados de un homicidio ocurrido en Uruguay, sobre el cual la Justicia de nuestro país ya se había expedido dejando fuera del caso a los tres compatriotas hoy sometidos a la prisión y el escarnio “más allá de los Andes”, como dice la canción de los futboleros.

         Mirando fríamente las líneas arriba escritas, todo parece tratarse de un caso ficticio, pero no lo es. ¡Está ocurriendo! Es un disparate jurídico difícil de justificar, pero real. Porque no llego a comprender como un juez chileno actúa en jurisdicción uruguaya, bajo la vista y la complacencia de una sociedad indiferente, y con el apoyo de un Gobierno que entrega a domicilio a tres compatriotas actuando igual que el delivery de la pizzería.

         Es que hay que separar la paja del trigo, y entonces me surgen algunas conjeturas, quizá erróneas, pero a falta de explicaciones fundamentadas por parte de las autoridades, no puedo dejar de considerarlas.

         Primero: Uruguay y Chile tienen Presidentes socialistas, y del acuerdo de ambos surgió la extradición de los Coroneles.

         Segundo: la Presidente de Chile necesitaba dar muestras públicas de represalias contra el gobierno del extinto General Pinochet, pero no le daba el paño para hacerlo sobre chilenos pinochetistas. Entonces, tres uruguayos bien sirvieron para inmolar en nombre del progresismo, la justicia, y quien sabe cuantas más consideraciones de su necesidad de supervivencia política en la interna de su país.

         Tercero: el Presidente de Uruguay necesitaba vengarse de sus militares por los restos de los terroristas muertos durante la dictadura, cuyos huesos no aparecen, en particular por las presiones recibidas desde Argentina por el mentado caso Gelman. Si los militares no cooperan, hay que ajustarlos por algún lado. Los tres coroneles fueron un buen comienzo, aunque después el caso se hizo inmanejable, porque cuando le reclamó a Chile la devolución de los coroneles, dando garantías de su retorno en caso de ser requeridos nuevamente, la Presidente chilena se lo negó, aduciendo la independencia del Poder Judicial de su país. Como decía mi Abuelita: “le hicieron pito catalán”. ¿Y la solidaridad entre socialistas?

         Cuarto: los extraditados son militares, o sea ciudadanos de menor categoría en la política de venganza del actual Gobierno regresista (dícese del que nos quiere regresar al pasado en lugar de conducir al futuro). No caben dudas que si los imputados hubiesen sido civiles afiliados a algunos de los sectores del Frente Amplio o al PIT-CNT ninguna extradición se habría producido.

         La extradición se produjo en cumplimiento de un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, y su acatamiento no es discutible, pero sí objetable, porque el Presidente de la República puede evitar (sin desconocer el dictamen judicial) entregar ciudadanos compatriotas, máxime en consideración que el delito a ser juzgado ocurrió en nuestro país, y que nuestra Justicia ya se había expedido. Y si la Justicia de Uruguay no los encontró plausibles de delito sobre algo que ocurrió en Uruguay, ¿porqué tiene que intervenir la Justicia de Chile?

         Unos años atrás, cuando la Justicia procesó al ex Presidente Juan María Bordaberry y al ex Canciller Juan Carlos Blanco, un periodista de TV le preguntó al Presidente de la República que reflexión le merecía el pronunciamiento judicial. En la oportunidad, el Dr. Tabaré Vázquez respondió lacónicamente: “… Habló la Justicia …”, respuesta cierta y adecuada a la situación puntual.

         Sobre los tres coroneles extraditados a Chile también “… Habló la Justicia …”, la cual los dejó fuera del tan mentado “caso Berríos”. Pero parece que el Presidente no escuchó.

         En 1994 también “…Habló la Justicia …”, cuando concedió la extradición de tres terroristas españoles internados en el Hospital Filtro. En la oportunidad, el Intendente Municipal de Montevideo, Dr. Tabaré Vázquez, tampoco escuchó la voz de esa dama de ojos vendados y balanza en mano, y se sumó al “coro de los necios” (al decir de Antonio Machado) que intentaron impedir el cumplimiento del mandato judicial. Y esos necios precisamente provocaron una asonada que dejó un muerto y cuatro heridos (todos uruguayos, ningún español, ningún chileno), y pretendieron responsabilizar al Ministro Ángel María Gianola de la violencia desatada en esa noche triste para nuestro país.

         Por lo visto, para el Dr. Vázquez importaron más tres terroristas españoles que tres coroneles uruguayos. No quiero apresurarme a emitir juicios, pero la primera conclusión que saco es: “porque los primeros son de ideologías de izquierda, mientras que los segundos no”. ¿Será tan simple el dilema?

         Entonces me pregunto: ¿Cuál es el criterio del Presidente para escuchar o desescuchar a la Justicia? ¿O es solo una cuestión de conveniencias políticas personales? Las recientes declaraciones del Diputado frenteamplista Esteban Pérez, intentando meter presión de manera grosera hacia el Poder Judicial apuntan hacia esta segunda pregunta. ¿Será cierto el rumor de que un socialista/comunista es primero eso (socialista/comunista) y después uruguayo?

         No sé. No alcanzo a responderme. Solo sé que la Justicia habló pero desde el Gobierno no la escucharon.

         No quiero que esto se interprete como un alegato a favor de los coroneles (ni siquiera los conozco), pero no me agrada aceptar que tres compatriotas sean usados de trapo de piso para limpiar una mancha que les es ajena, que sean el chivo expiatorio de un gobierno chileno que no se anima a enfrentar a los verdaderos culpables de lo ocurrido. Y me duele que mi Presidente lo permita.