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Año IV - Nº 234
Uruguay, 18 de mayo del 2007
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Raúl Seoane

Capitalismo prebendario o el Anticapitalismo

por Gustavo Küpfer
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            En la vida se puede hacer cualquier cosa. Pero en el largo plazo, no se podrán evitar las consecuencias.

            Eso suena como un consejo de viejos y es común pensar que uno es lo suficientemente pícaro, como para poder obviar la segunda parte. Pero la historia dice lo contrario.

            Ser responsable del propio destino, tiene como primera consecuencia que deberemos ser padres de los éxitos y fracasos, sin andar buscando terceros responsables. La libertad crea obligaciones y asumir las consecuencias es parte de esas obligaciones.

            Esta idea es la base del sistema capitalista, el cual representa al libre albedrío en el plano comercial. Invertir o no en un proyecto es una alternativa. Hacerlo en uno que a priori sabemos que no será rentable, es una opción. No asumir las consecuencias de la perdida, en el largo plazo no es una opción.

            En el corto plazo, se pueden buscar socios que estén dispuestos a asumir las pérdidas. O que puedan modificar las condiciones del mercado de forma tal, que alguien afronte aquellas pérdidas.

            El socio natural para esto es el estado. Quien con fondos públicos (después de habérselos quitado a los privados) y en nombre del bien público,  podrá asumir cualquier quebranto vía subsidios o mejor aun, podrá otorgar monopolios o contrataciones más o menos directas. Claro que como cualquier socio, el estado también pretende obtener sus utilidades. Y cuando hablamos de concretar distorsiones en el mercado, lo cual es un ilícito, es esperable que los funcionarios a cargo del gobierno, pretendan comisiones por caminos más o menos ocultos.

            Podríamos decir que el grado en que estas comisiones son para la población un importante aliciente a los efectos de elegir la carrera en el sector público, mayor es la institucionalización de la corrupción, llegando a convertirse en endémica cuando es culturalmente aceptada por la sociedad, como una alternativa a la movilidad socio económica ascendente.

            Esto es la base de la mal llamada corrupción del estado. Mal llamada, dado que el estado no puede ser corrupto ni dejar de serlo. Los honestos o deshonestos son sus funcionarios. Los que como parte de la sociedad, no dejan de ser un reflejo de los valores de esta.

Razonabilidad de las normas

            Cuando se legisla, hay dos criterios que deben considerarse, a los efectos de hacerlo de manera efectiva. El primero tiene que ver con la aplicabilidad de la norma. En caso que la misma no sea aplicable y/o verificable su aplicación, la norma no solo carecerá de efecto real, sino que la autoridad legislativa perderá el respeto de la sociedad, por generar texto sin  valor.

            El segundo criterio, tiene que ver con la razonabilidad del castigo para quienes la infligen. Considerando que se supone que el no acatar una norma trae como consecuencia un beneficio (no necesariamente dinerario), el castigo deberá ser un perjuicio mayor a aquel beneficio. Pero no tanto como para que el infractor esté dispuesto a sobornar a quien debe controlarlo de forma de superar así el castigo.

            Pero tampoco deberá ser un prejuicio tan débil, que sea en si mismo un aliciente a cometer el delito. Si además, en el caso de beneficios crematísticos los mismos superasen de manera importante el eventual castigo, este no dejaría de ser parte de los costos contingentes que uno debe incluir en cualquier plan de negocios o business plan.

Algunas causas

            Existe una correlación indudable entre la pobreza como causa de la corrupción y su funcionalidad como sostén de esquemas políticos corruptos.

            La pobreza sin una oportunidad de mejora en el mediano plazo, con una economía dirigida y al servicio de unos pocos, es un buen punto de partida para considerar los beneficios económicos de la carrera burocrática como única forma de progreso.

            Esta situación se agrava ante la visión de la ostentación constante que distintos dirigentes ofrecen. Más aun, cuando se ufanan de haber estado siempre en relación laboral con el propio estado. Como si la actividad privada fuese una mancha en la historia de carrera de cada uno. Casi, como si trabajar fuera un mal antecedente laboral.

            Quizás valga acercar una idea de pobreza, que desde ya no se limita a la que desde el IndeK se da. No se trata de aquellos que están por debajo de un salario definido por un burócrata sin independencia. Sino de aquellos que carecen de la oportunidad de recibir una educación de calidad (medida no sólo por los insuficientes días de clase, sino por los contenidos curriculares), de acceder a servicios de salud acordes con el siglo XXI (con hospitales que enferman más de los que curan), de contar con las mínimas garantías del futuro ingreso cuando lleguen a la edad de jubilación y por sobre todo, de poder siquiera imaginar una mejora socio económica ya no siquiera para ellos mismos, sino para sus hijos.

            Culpar a quien desde esta situación sueña con un nombramiento en un cargo público, a partir de algún político que le retribuya favores de militancia u otros, es pretender un cambio imposible en la naturaleza humana.

            Quien así lo entendió y de esa forma construyó un típico partido de masas en nuestro país, fue el fundador del Partido Justicialista, al reconocer como el órgano más importante al bolsillo. Ni el cerebro ni el corazón. Seguramente entender la naturaleza humana y no idealizarla, le permitió formar uno de los partidos de masas más importantes del continente.

            Pero esto mismo es el segundo punto al que hacíamos mención antes: la funcionalidad de la pobreza en el sostenimiento de los partidos políticos. Y más determinante aun, en los de masas. O ahora llamados progresistas.

            Si bien los discursos suelen estar orientados en el futuro bienestar de todos, tanto los emisores como los receptores de los discursos, saben que es una burda mentira. A los políticos demagógicos no les suma (y les resta mucho) convertir a la población pobre en una de clase media. Es esa pobreza la que les da un punto de conexión con la gente: La dadiva condicionada al voto.

            Y el pobre espera esa dadiva. La exige. Y cada vez de manera más continua. Ya no alcanza con un pago por única vez, en la fecha de votación o de tal o cual marcha/ piquete. Ahora se le exige a los políticos el pago mensual de una renta. O dos o más.

Algunos casos

            Pobreza y  bajo nivel institucional son condiciones necesarias para la corrupción endémica. Pero no son suficientes. Son los empresarios prebendarios quienes realmente se precisan para que la corrupción sea rentable.

            La corrupción de la burocracia en relación con las clases más necesitadas, tiene en general un fin electoralista. Cuando la relación se da con quienes tienen sus necesidades básicas satisfechas, nos encontramos con el peor tipo de corrupción. La que busca mejorar la situación patrimonial de los involucrados.

            Hacer un inventario de los casos ocurridos en los últimos años en nuestro país, precisaría de un espacio del que no disponemos. Pero hay caso que es interesante mencionar: Skanska.

            Sin entrar en detalles (por conocidos), fue el Grupo Techint uno de los principales impulsores de la devaluación de forma de poder mejorar su estructura de costos. Sus gastos eran en pesos y sus ingresos en divisa.

            Ya con la actual administración en el gobierno, obtuvo el apoyo necesario para evitar las consecuencias del modelo chavista en su planta de extracción en Venezuela (Sidor). Mientras, pagaba ese apoyo con comisiones en negocios de obras públicas, que el propio gobierno le adjudicaba a precios muy por encima de los valores de mercado.

            Cuando estalló Skanska, Techint intentó separarse del affaire, haciendo públicas algunas cartas en las que se supone alertaba al gobierno por sobreprecios en subcontratistas por el gobierno “sugeridos”. Pareciera que sólo en este caso hubo sobreprecios.

            Pero el gobierno no tuvo jamás la idea de hacerse cargo de semejante costo. Y mucho menos en un año electoral. Por esto salio a decir que se trataba de un problema entre privados. Ante la insistencia de Techint de desentenderse del problema, la amenaza vino desde Venezuela. Sidor puede ser estatizada en cualquier momento.

            ¿Es que acaso alguien en Techint supuso que podrían salir sin costos de semejante acuerdo? Techint hoy (otros grupos en otra época) ha hecho mucho dinero con este acuerdo. Y algunos funcionarios también. Ahora quizá se deban pagar algunas de las consecuencias.

            Los políticos van y vienen. Los empresarios quedan. Siempre que logren sobrevivirlos. Casos sobran. Lo que siempre falta es la plata que se llevan.

            ¿Será Justicia?

Fuente: Fundación Atlas 1853

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