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El caso Nicaragua
por Pedro Trujillo
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La dimisión inesperada del señor Castresana, quien se mantenía al frente de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, ha causado todo un revuelo no solo en el país centroamericano sino en el resto de la comunidad internacional. El jurista español, inesperadamente, llevó a cabo una rueda de prensa donde anunció su salida y presentó las razones para dejar de dirigir la CICIG. Entre ellas, destacó la persecución sistemática a la que se veía sometido y la poca colaboración de las autoridades gubernamentales, especialmente en lo que se refiere al reciente nombramiento de Fiscal General de la República que hiciera el Presidente del país hace menos de un mes.
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Las declaraciones del Comisionado fueron, en opinión de algunos analistas, un “golpe en la cara” para el Presidente Colom quien no llegó a ofrecer las razones que le llevaron a seleccionar a ese candidato a Fiscal General y desestimar a los otros cinco que la correspondiente Comisión de Postulación le presentó, tal y como ordena el marco legal vigente.
A fin de cuentas, se produjo una triangulación de declaraciones, descréditos y análisis que evidencian varias cosas. La primera, que el Fiscal General no es aceptado por la CICIG y es señalado de nombrar a personas con un historial preocupante y hasta delictivo relacionadas con poderes cercanos al crimen organizado, opinión a la que se suman algunas organizaciones de la sociedad civil y parte de la comunidad internacional que, directa o indirectamente, se ha manifestado por medio de los embajadores acreditados en el país.
La segunda, evidencia que el Presidente del país o no se entera de lo que hace o cuando actúa está condicionado por grupos en la sombra cercanos al entorno de su esposa o a otros de dudosa procedencia. El hecho de que no explicara las razones que motivaron el nombramiento del funcionario cuestionado y haya empleado argucias legales o maniobras dilatorias para evitar enfrentar el problema principal, que no es otro que argumentar la selección o promover la destitución, hace que cada vez más se le presente como alguien incapaz de llevar las riendas del país, se le asocie con algunos sectores de abogados cercanos al crimen organizado o se le señale de no promover lo que predica, al no sustentar su discurso con hechos.
La tercera es que no se sabe muy bien cómo quedará posicionado el Organismo Internacional (CICIG) a partir de este momento. Naciones Unidades deberá nombrar al sucesor de Castresana quien finalmente se hará cargo de la Comisión retomando la credibilidad, ahora enfrentada con órganos de gobierno e intentará promover una nueva forma de liderazgo claro y eficiente que seguro será comparada y contrastada con la particular forma de actuar de Carlos Castresana. Un difícil reto para quien tome la batuta próximamente, al menos para dos años más, que deberá continuar ofreciendo el mismo nivel de percepción de eficacia que la ciudadanía tenía de la CICIG, a pesar de algunas dudas y observaciones presentadas por analistas.
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Informe Uruguay on Facebook
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Por otra parte, se ha desnudado la incapacidad de país para enfrentar exitosamente su futuro en relación con la seguridad y la justicia, al evidenciarse que el sistema nacional sigue sin funcionar, es manipulado y políticamente manejado en función de oscuros y turbios intereses que permean, incluso, las capas más altas del gobierno. La pregunta clave es ¿qué ocurrirá el día que la CICIG se marche?, algo que inevitablemente ocurrirá.
A dos años de su implementación es cierto que se han activado algunos casos de alto impacto, pero no lo es menos que el sistema judicial nacional adolece de los mismos defectos que cuando se solicitó la incorporación de la Comisión Internacional. Por tanto, el avance no es cualitativamente positivo.
Quizá ahora se conoce y hasta se detiene y procesa a asesinos, ladrones, blanqueadores de dinero o evasores, pero de ahí no se ha pasado puesto que ningún juicio se ha celebrado y las tácticas dilatorias de abogados defensores y otras actuaciones que benefician a los acusados se siguen produciendo porque el marco legal lo permite. Por cierto, leyes vigentes que tampoco el Congreso de la República ha querido modificar u otras nuevas y necesarias que no ha emitido a pesar de las recomendaciones al respecto por parte de la CICIG.
Guatemala vive una importante crisis de gobernabilidad que se ha venido a sumar a la erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical Agatha, lo que ha generado un clima político, social y físico realmente devastador. Después de tener el aeropuerto cerrado por cerca de una semana, las carreteras poco transitables y muchos puentes caídos, además de miles de personas damnificadas, la tormenta política ha sido la guinda de un pastel que nadie quiere comer de postre.
El final de todo esta novela de intriga ha sido la reciente e inesperada sentencia de la Corte de Constitucionalidad que, en una decisión salomónica que no necesariamente ajustada a Derecho y sobre el supuesto de recuperar la institucionalidad, ha anulado todo el proceso de elección de Fiscal, lo que retrotrae las actuaciones al inicio y deja sin efecto el nombramiento cuestionado que hiciera el Presidente.
¡Tema zanjado! Una vez más se evidencia que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Para evitar la politización de la justicia se ha terminado por judicializar la política. De un extremo al otro, algo que es propio en este país de contrastes.
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Fuente: Infolatam
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