Minoridad Infractora

El 24 de enero emitíamos un comunicado de prensa sobre la toma como rehén de un policía en la Colonia Berro, el que fue sometido a todo tipo de torturas, físicas y sicológicas por parte de menores internados que carecen de los elementales limites para su accionar delictivo y violento, ante la incapacidad de las autoridades en dar una respuesta adecuada.

También señalábamos declaraciones de un Fiscal del Maldonado sobre menores que agredieron a funcionarios judiciales dentro de los propios Juzgados. Hay cientos de situaciones más, cada una más sorprendente que la otra.

Todos los días hay noticias sobre menores con más de cien entradas en las Comisarías por acciones delictivas. No se logra la recuperación de los mismos, ni se los aísla de una sociedad cada dia más temerosa de sus andanzas.

Creemos que los menores solo son victimas de un sistema que se ha mostrado incapaz de implementar medidas eficientes, que los controle, los eduque y los recupere para integrarlos a la sociedad.

Ocho meses después de nuestro comunicado, todo ha cambiando para peor. Entendemos que hay varios actores que tienen distintos grados de responsabilidad en el tema, como por ejemplo la incapacidad de tomar las medidas adecuadas para mejorar la situación.

Las autoridades del INAU a la cabeza, que a más de un  año de estar al frente del organismo se han mostrado incapaces para dirigir al mismo. Aunque sí lo han sido para pasar la responsabilidad a la Policía.

La Justicia que tampoco ha actuado con la firmeza necesaria respaldando las acciones policiales y obligando a que el INAU cumpla fehacientemente sus cometidos.

La Policía que se ve desbordada por la falta de respaldo y por un Código del Niño y del Adolescente, que traba y obstruye el accionar policial, desmotiva al personal, y crea un estado de desánimo generalizado.

Finalmente algunos padres de los menores infractores, que en general  no ejercen la patria potestad sobre los mismos. Cuando no, los motivan e incitan a cometer acciones delictivas, y entregarles el producto de sus fechorías. En el mejor de los casos son responsables por su falta de control y preocupación por la situación de sus hijos.

También debemos señalar que el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, es prejuicioso con la Policía, ya que parte del supuesto que el policía cada vez que detiene a un menor es culpable de agredirlo y debe probar que no lo hizo llevándolo de inmediato ante un medico.

Esto es injusto, discriminatorio y va en contra nuestra jurisprudencia por cuanto invierte la carga de la prueba, debiendo la Policía probar que es inocente, por que se la supone culpable.

                                                                                                          La Comisión